Los ciudadanos que recuperen las cantidades abonadas por encima de lo que les correspondía al verse afectados por una cláusula suelo se librarán del impacto fiscal que podría haber supuesto ante Hacienda la obtención de ese dinero. El pacto que el Gobierno ha cerrado con el PSOE y Ciudadanos para habilitar un sistema con el que se agilice la solución de este conflicto despeja las dudas tributarias: los reintegros no tributarán como incremento patrimonial; ni se impondrán sanciones a la hora de rehacer las declaraciones de los años en los que los afectados se dedujeron las cuantías pagadas de más como desgravaciones por vivienda.
Así consta en el borrador del decreto que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, en cuyo apartado impositivo se descarta la sujeción al IRPF de las cantidades objeto de devolución, ya sea porque se consigan a través del procedimiento habilitado por el Ejecutivo, o por vía judicial, según anunció este miércoles el PSOE.
Los clientes inmersos en este conflicto que vean resarcidas esas cantidades sí tendrán que reformular las declaraciones de la Renta correspondientes a los años en los que se aplicaron la deducción por vivienda en unas cantidades superiores a las que les hubiera correspondido al pagar cuotas hipotecarias más altas de lo que deberían haber abonado sin los suelos. Se trata de las liquidaciones del IRPF sobre las que deberán practicar declaraciones complementarias con las cuantías correctas -sin incluir las devoluciones que obtengan de sus bancos-, aunque el acuerdo entre Ejecutivo y socialistas limita la rectificación a los cuatro últimos ejercicios fiscales.
Además, se aclara otra duda que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había dejado en el aire la semana pasada sobre el establecimientos de multas que exige la Ley Tributaria al modificar una liquidación ya cerrada del IRPF. «No se exigirá el devengo de intereses de demora, recargos, ni sanción de ningún tipo», según adelantó el PSOE.
Un «cauce» para agilizar
El mecanismo extrajudicial que el Gobierno aprobará este viernes deja en manos de los bancos la elección de los afectados por la limitación de los tipos de intereses. Tras el pacto con la oposición, el Ejecutivo sí obligará a las entidades a informar a los clientes sobre la aplicación de las cláusulas suelo en sus hipotecas. Pero esta comunicación no obligará a que tengan que devolver las cantidades correspondientes.
El borrador del decreto aclara que «en el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial». Es decir, serán las firmas financieras las que determinarán quiénes son esos afectados. Aquellos ciudadanos que consideren que tienen derecho a su devolución, pero a quienes no se les ofrezca dinero alguno, no tendrían derecho a acogerse al proceso habilitado por el Ejecutivo. Y, por tanto, se verían abocados a acudir directamente a los tribunales.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó este miércoles en el Foro Económico de Davos que al Gobierno sólo le toca «establecer un cauce» para que sea más sencilla y rápida la negociación entre las partes. Y aclaró que el Ejecutivo «no puede meterse en medio de una negociación entre particulares».
La solución plasmada en el texto normativo supone un alivio para el sector financiero, según apuntan fuentes del mismo. Sin embargo, organizaciones de consumidores, como la OCU, consideran que este mecanismo es «insuficiente» y «perjudicial» porque convierte a la banca en «juez y parte» al decidir quiénes y cuánto deben cobrar.
Tres meses para decidir
Quienes sí puedan acceder a este procedimiento, que será gratuito y en el que el banco debe desglosar los intereses para aclarar la situación de cada afectado, podrán acogerse a una devolución en efectivo, pero también mediante otras fórmulas, como la amortización de la hipoteca o la negociación de productos bancarios. En este tipo de casos alternativos, los usuarios deberán aceptar estas condiciones y firmarlas en un documento aparte, para evitar problemas en el futuro. Además, antes de tomar cualquier decisión al respecto, dispondrán de dos semanas para valorar esa posibilidad.
La habilitación del decreto estaría lista para dentro de un mes. A partir de entonces, comenzarán los contactos de bancos y clientes. Y las soluciones que ofrezcan podrán ser analizadas por los usuarios en un plazo máximo de tres meses.
Aún no está claro si los titulares de hipotecas con cláusulas suelo que ya se encuentren amortizadas podrán acogerse a este mecanismo para recuperar su dinero. Desde el Ministerio de Economía aclaran que se están cerrando los detalles normativos en torno a estos préstamos antes de elevar la propuesta al Consejo de Ministros de este viernes.
