El nuevo plan de vivienda para el periodo 2018-2021 empieza a cobrar forma. Según ha anunciado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dicho plan incluirá un programa específico de ayudas para las personas en situación de desahucio que, a la espera de que se concrete el importe, podría rondar entre los 150 y 400 euros al mes.
Estas ayudas serán complementarias a las líneas con las que ya cuentan las comunidades autónomas para proteger a los colectivos más vulnerables, según ha explicado el titular del departamento al término de la conferencia sectorial de vivienda con las comunidades autónomas.
Con respecto a la cantidad de la ayuda, De la Serna ha agregado que aún se debe debatir y que dependerá del acuerdo que se alcance con los servicios sociales de los ayuntamientos.
El plan contempla, además, crear un fondo social de vivienda en el que los propietarios y bancos puedan incorporar aquellas viviendas vacías que lo deseen en régimen de alquiler y sea el Estado el que pague directamente el alquiler.
Fue a principios de este mes cuando la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó con 28 votos a favor y ocho abstenciones poner en marcha los trámites para impulsar un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2017-2020. Un texto que tendrá como eje principal los colectivos más vulnerables, con ayudas al alquiler de viviendas específicas para los afectados por desahucios y facilitando el acceso rápido al disfrute de una vivienda "digna y adecuada" para aquellas personas con dificultades económicas el alquiler. Así, por ejemplo, el plan contemplará que las administraciones garanticen el pago del alquiler al banco o al particular propietario de los pisos.
El nuevo plan también mantendrá la línea tradicional de ayudas al alquiler, con la novedad de que las comunidades puedan fijar condiciones de acceso y que su pago al beneficiario ya no sea mensual, sino anual.
En cuanto a la rehabilitación, el nuevo plan modificará y ampliará el sistema de ayudas, dado que beneficiarán a pisos de una menor antigüedad respecto a la que contemplaba el plan anterior (los construidos antes de 1981) y a pisos y viviendas unifamiliares y no solo comunidades de vecinos.
En una proposición no de ley, el Partido Popular quiere potenciar, asimismo, que la vivienda no ocupada no disponible, que sea titularidad de las administraciones públicas, empresas públicas y entidades financieras y a otros propietarios de vivienda, pueda ser ocupada por la población "más vulnerable". Al tiempo que se pretende potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas tanto en edificios residenciales colectivos como en cualquier otro tipo de vivienda, incluidas las unifamiliares y las viviendas rurales.
El titular de Fomento pretende consensuar el plan no solo con las comunidades autónomas, sino también con los partidos políticos, promotores, bancos y colectivos sociales. Así, De la Serna prevé recabar durante el próximo mes de enero las propuestas de todos ellos, con el fin de contar en febrero con un primer borrador del plan y empezar a tramitarlo en primavera.
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