“En Cataluña se desahucian, según el Poder Judicial, a 43 familias diariamente. Sólo en la ciudad de Barcelona, hay una media de entre ocho y diez desahucios diarios y el 93% de ellos son por impago del alquiler. Las Administraciones deben tomar medidas urgentes, hoy, o en menos de siete años los barceloneses habremos sido expulsados de la ciudad”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías, en la presentación del informe Exclusión Residencial en el Mundo Local. Informe de la crisis hipotecaria de Barcelona (2013-2016).
Macías ha asegurado que entre los retos de la ciudad se encuentra el de hacer frente a este aumento de desahucios de alquilados “no podemos esperar siete años más. Que no nos pase como con la burbuja inmobiliaria”. La PAH asegura que las estadísticas de las fianzas del Incasol muestran que entre 2013 y 2015 el precio medio del alquiler mensual en Barcelona ha aumentado entre un 8% y un 10%. “Un incremento que constata la necesidad de diseñar políticas orientadas al control de las rentas de alquiler como ya se hace en Berlín o París”, ha remarcado. “No podemos permitir que la presión turística haga que propietarios de pisos en estado ruinoso, como hemos visto en Ciutat Vella, expulsen a los alquilados tras acabar su contrato y los vuelvan a poner en el mercado por un valor que triplica el actual”, ha concluido.
Los autores del informe han analizado 957 casos de desahucios en tres años que han llegado a la PAH de Barcelona y que afectan a más de 3.000 personas. Según Eduard Sala, uno de los coautores del informe, “las hipotecas de las personas afectadas pertenecen tanto a entidades financieras rescatadas con dinero público como de entidades absorbidas por otros bancos. Por ejemplo, el 40% de los desahucios corresponden a Catalunya Caixa y el 15% al BBVA (propietario de la anterior)”. En cuanto a los distritos de procedencia de la mayoría de afectados, el 35% es de Nou Barris y el 10,7% de Sant Martí. El distrito con menor número de afectados es Sarria Sant Gervasi (0,4%).
A la mayoría de afectados se les concedió la hipoteca entre 2005 y 2007 por un valor entre los 200.000 y 250.000 euros y un plazo de pago de 26 a 30 años.
Sala destaca que el informe cruza los ingresos mensuales de las familias con la cuota que exigía la entidad financiera. En la mayoría de casos, cuando los afectados llegaron a la PAH, los ingresos mensuales de las familias eran de 800 euros mientras que la cuota de la hipoteca sobrepasaba los 1.200. Lo que provocó el primer impago de cada familia entre 2012 y 2013. El coautor ha detallado que el 49,5% de los afectados sufren ansiedad, el 33% depresión, el 17,8% insomnio y el 11% tensión familiar. Después de entrar en contacto con la PAH el 39,1% consiguió la dación total de su deuda.
Con los datos en la mano, tanto Macías como la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela, han exigido a las Administraciones que se pongan manos a la obra para proteger a los ciudadanos. “Los Ayuntamientos deben promover que los grandes tenedores ofrezcan alquileres sociales a sus desahuciados y, a los pequeños, la Administración debe hacerse cargo de realojarlos”, ha insistido Macías. El portavoz de la PAH ha remarcado que las Administraciones deben ampliar el parque público de alquiler social. “Barcelona debe alcanzar en 2027 el 15% de viviendas destinadas a políticas sociales”. Según Macías, “el Ayuntamiento debe establecer unos criterios y un calendario para que toda nueva construcción o rehabilitación incluya un porcentaje de viviendas sociales que permita llegar al 15% del total de hogares, lo que supone que se deben movilizar más de 120.000 viviendas en los próximos once años”.
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