La web para gestionar los casi 10.000 pisos cedidos por bancos y cajas rurales al fondo social de la vivienda ha echado a andar con una soterrada controversia. Un puñado de entidades -Popular, Ibercaja, el grupo Unicaja-Ceiss, Liberbank y Abanca, junto a numerosas cajas rurales- se han desmarcado de participar en el site y gestionan el alquiler de las viviendas que cedieron a través de sus propios portales y sucursales.
En la web colaboran apenas doce de la treintena de entidades que prestaron casas para dar alojamiento, con una renta mínima, a familias que pierden su piso y se encuentran en riesgo de exclusión social.
Entre las asociadas figuran el Santander, Caixabank, BBVA, Bankia, Sabadell, Bankinter, Bantierra, Grupo Cajamar, Caja Rural de Granada, Deutsche Bank, ING y Kutxabank, de forma que gestiona el arrendamiento de la mayoría de los inmuebles, pero no de todos.
No se han producido salidas de entidades ni retirada alguna de pisos del fondo. La controversia nace en la dispar interpretación del compromiso con su participación en la web, no por abandonos.
Y es que el convenio de creación del parque social de vivienda estipula que "las entidades de crédito acuerdan la creación de una página web en la que se ofrezca información unificada sobre" el fondo. La idea era aglutinar en una página web toda la oferta para facilitar la gestión y mantener la visión global del vehículo, algo que contribuía a ser vista como la medida del Gobierno y trasladar, al tiempo, la imagen de apoyo social del conjunto de la banca.
Las entidades no asociadas dan por cumplido el compromiso con la difusión de la información sobre los pisos que lleva haciendo el Imserso desde la creación de este mecanismo en 2012, y reivindican que también informan en sus portales corporativos, donde ofrecen los inmuebles, junto a la red de oficinas.
Otras fuentes opinan que incumplen el convenio porque el propósito era informativo e imprimir una gestión global a todo el parque de pisos. La disociación se produjo en febrero cuando se amplió el censo de pisos desde 5.892 viviendas a 9.866; a lo que no contribuyeron la mayoría de entidades que se han quedado fuera de la web. Sí suscribieron, sin embargo, el convenio revisado del fondo, que, en la práctica, permite adjudicar la vivienda a casi cualquier persona o familia con dificultades y no al perfil de extrema vulnerabilidad exigido en fases previas y que en la práctica era muy difícil de reunir.
El fondo se creó en enero de 2013 para dos años, aunque el Gobierno lo prorrogó hasta 2017. Quedan apenas cuatro meses para que expire.
Ante el bloqueo institucional no se ha prorrogado y en el aire ha estado si permanecería como tal en caso de cambiar el Ejecutivo. La no renovación no supondría un riesgo de expulsión para las familias alojadas, ya que tienen sus contratos de alquiler y son prorrogables.
