España ha pasado de un ritmo de producción de 800.000 viviendas nuevas en el año 2007 a apenas 50.000 visados de obra nueva en 2015. La crisis que siguió a la burbuja inmobiliaria fue tan fuerte que provocó la destrucción de 1.400.000 empleos. No obstante, la demanda de vivienda solvente es muy superior al número de viviendas terminadas cada año, señalan desde la CEOE, que plantea propuestas para alcanzar una producción de 150.000 viviendas iniciadas al año, una cifra que se corresponde con la previsión anual de creación de hogares hasta 2024, y que permitiría la creación de 500.000 empleos.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez Pintado, resaltó este martes que no se recuperará el empleo en España si el sector inmobiliario -intensivo en mano de obra- no tiene una actividad «lógica y continuada». Para ello, un elemento fundamental será facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, ya que el 80% de los 'millennials' aún viven con sus padres. Como ellos no han tenido capacidad de ahorro aún y dado que el banco sólo proporciona crédito para el 80% del importe de la casa, la patronal sugiere que el Estado o las compañías de seguros proporcionen un aval o garantía por el 15% del valor y el joven sólo tenga que aportar de inicio el 5% del total; estos son sistemas que funcionan en Reino Unido y Francia, respectivamente.
No obstante, el poder adquisitivo y la capacidad de endeudamiento de los jóvenes que se emancipan y de las familias ha cambiado, por lo que resulta imprescindible que esas viviendas nuevas tengan precios accesibles. El informe 'El sector inmobiliario: propuestas para la recuperación' elaborado por la CEOE defiende la reducción de los costes de producción de la vivienda mejorando los procedimientos administrativos e incorporando la industrialización en el proceso constructivo a semejanza de lo que ha ocurrido en el sector automovilístico.
Como los costes de producción representan sólo el 25% del precio de la vivienda, la rebaja que se puede obtener por esta vía es pequeña. Por eso, tanto el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, como Juan Antonio Gómez Pintado, insistieron en la necesidad de incidir en el precio del suelo -que supone el 50% del precio de la vivienda- y en los impuestos -que representan el 25% restante-. «Lo que pedimos no es una reducción de impuestos, lo que sería difícil ahora, sino que las administraciones apliquen las tasas sobre el coste real de las obras», explicó Gómez Pintado.
Además, la patronal reclama que las administraciones reduzcan la carga burocrática de la tramitación urbanística. Obtener una licencia tarda entre ocho y diez meses, lo que supone un coste de financiación y de oportunidad para las empresas, qu etambién se quejan de que hay más de 5.000 ordenanzas municipales, muchas de ellas de hace más de 40 años que han quedado obsoletas.
En cuanto a la vivienda protegida y las reservas de suelo que se hacen para ella, Gómez Pintado entiende que mientras no haya un plan de vivienda protegida no tiene sentido tener todo este stock parado, ya que lo único que provoca es especulación. Además, piden desde la CEOE que se reduzcan los requisitos exigidos a los adquirentes de VPO ante la supresión de las ayudas públicas, así como que se permita, durante un plazo máximo de tres años, descalificar como VPO las viviendas que no se hayan vendido transcurridos seis meses desde su caificación definitiva.
Todo ello sin olvidar impulsar la rehabilitación. España tiene un «parque de viviendas obsoletas enorme» y sólo se logrará la regeneración urbana mediante procesos que aborden el barrio entero, no únicamente con subvenciones para cambiar las ventanas, advierten desde la patronal. «El sector no debe dejar escapar ni un solo euro de los fondos europeos destinados a la rehabilitación», subrayó Juan Antonio Gómez Pintado.
