Los pisos cuyos propietarios mueren sin declarar un heredero pueden llegar a convertirse en un gran problema para los vecinos del inmueble, no solo por las deudas que se acumulan, sino porque algunos se convierten en blanco de ocupaciones. Por eso, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid acaba de firmar un convenio con la empresa especializada Coutot-Roehrig, que se encargará de localizar a los herederos de esas viviendas. Este problema afecta a entre el 4% y 5% de las comunidades de vecinos de la región, según calculan los administradores.
“Ahora mismo tenemos dos inmuebles en el barrio de Embajadores. Se corre la voz de que están vacíos, se enteran y te las ocupan”, explica Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Saca el ejemplo de su propia experiencia, de las comunidades de propietarios que él mismo administra. Pero añade que el verdadero y más extendido problema de las viviendas cuyos propietarios fallecen sin haber designado heredero y no son reclamadas es de las deudas que se van acumulando porque se dejan de pagar los gastos de comunidad. Unos desembolsos que repercuten en el resto de propietarios, añade el vicepresidente del colegio, al que están adscritos 3.600 profesionales.
A partir de ahora contarán con la ayuda de la multinacional de origen francés Coutot-Roehrig, especializada en “genealogía sucesoria”, para localizar a algún heredero que quiera hacerse cargo del inmueble o bien lo rechaza oficialmente. “Normalmente, son pisos de personas mayores que ya están pagados y los herederos suelen aceptarlos”, asegura Dorado.
“Nuestro trabajo consiste en localizar a los herederos, justificar los derechos hereditarios y hacer los trámites hasta la toma de posesión de los bienes”, explica por teléfono Marco Lamberti, director de Coutot-Roehrig en España. Su empresa no cobrará nada a los administradores del colegio madrileño (tampoco si una Administración solicita sus servicios), pero sí a los herederos que deciden aceptar los bienes, a quienes cobran un porcentaje del valor de su valor. Ese porcentaje puede llegar como máximo al 30%, explica Lamberti, que recalca que su empresa se encarga de todos los trámites hasta la entrega final. Solo abren un expediente, añade, a instancias de profesionales como administradores, abogados o notarios.
El 40% de los españoles no hace testamento, según cifras del Consejo General del Notariado. Y cuando estas personas fallecen, si se desconoce la identidad de sus herederos legales, sus bienes pasan al Estado.
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