Y esto es algo particularmente notable en el caso de los ayuntamientos, para los que los impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria representan en torno a una cuarta parte de toda la recaudación, aunque en el frente más oscuro también protagonice la gran mayoría de los actos relacionados con la corrupción. El impacto de la dependencia de los impuestos inmobiliarios en el erario se ha manifestado en toda su crudeza durante la crisis, con una drástica caída de la recaudación paralela al crecimiento de los ajustes. Pero ahora que el sector se recupera, este marco fiscal requiere una revisión a fondo. En primer lugar, porque la maraña de figuras impositivas sobre una promoción suponen una dificultad añadida indeseable, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico o local. Que los responsables de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) lo califiquen de “selva intervencionista”, “voraz” e irracional” va más allá de la antipatía con que se suelen recibir los impuestos. Con todo, y dentro del ámbito municipal, aún es más preocupante la disparidad de criterios entre unos y otros ayuntamientos, hasta el punto de que un promotor puede pagar hasta ochenta veces más por un mismo concepto. Armonizar y simplificar suelen ser eficaces políticas fiscales.
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