Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y se desató la peor crisis económica de la democracia, constructoras, promotoras y fabricantes de materiales de construcción miraron a la rehabilitación como el único salvavidas posible a su actividad. Mientras que en países como Alemania, este subsector genera hasta el 60% de la actividad constructora, en España siempre ha ido a rebufo de la edificación de viviendas y la obra civil. Sin embargo, cuando se paró el crédito, nadie compraba casas, y cada día quebraba una empresa del sector que dejaba sin trabajo a decenas de miles de trabajadores, el sector comenzó a reivindicar el protagonismo de las reformas por ser un negocio intensivo en mano de obra. “Era el relevo natural a tanta nueva construcción”, recuerdan en una de las patronales del sector.
Las empresas comenzaron a exigir a partir de 2010 a las Administraciones públicas que pusieran en marcha planes de incentivos fiscales similares a los desarrollados para el automóvil (PIVE) para estimular que más hogares se embarcaran en reformas de sus viviendas.
Además, reclamaron a la banca que diseñara, de acuerdo con el Gobierno y empresas de suministros como las eléctricas, nuevos préstamos que posibilitaran la financiación de proyectos de renovación en busca de mejorar la eficiencia energética. Lo ideal, en opinión del sector, es que estos créditos aplicaran tipos de interés más bajos que los que la banca cobra por los préstamos al consumo y alargara también sus plazos, para parecerse a los de las hipotecas.
Lo cierto es que las negociaciones se iniciaron, pero nunca llegaron a buen puerto, ya que las entidades financieras exigieron un sistema de avales y garantías muy difícil de asumir por parte del Estado. En paralelo, el Ministerio de Fomento modificó el marco legal vigente para favorecer desde los grandes proyectos de renovación integral de barrios, hasta el cambio del aislamiento de una vivienda para ahorrar energía. La falta de esos préstamos específicos y más incentivos fiscales es, en opinión de las empresas, la causante de que los visados para rehabilitación no terminen de despuntar. El año pasado cerró con 31.285 edificios rehabilitados, un 11,4% más que en 2014, pero aún continúa lejos del máximo de casi 41.000 inmuebles registrado en 2009 y 2010. Y lo mismo ocurre con las viviendas renovadas, en 2015 crecieron un 13,3%, con 25.413 casas, pero aún tienen recorrido hasta las casi 46.000 que se rehabilitaban al año en 2005.
Argumentos a favor de aportar por la rehabilitación
Retornos fiscales: CEOE recuerda que la puesta en marcha de incentivos a la rehabilitación generaría retornos vía recaudación del IVA, IRPF, tasas o prestaciones por desempleo no consumidas de más del 60% de la inversión efectuada.
Repercusión: Existe el consenso de que por cada millón de euros gastado en reformas, se generan 30 empleos estables, por lo que una actuación sobre 250.000 viviendas al año con una inversión media de 15.000 euros por casa supondría la creación de 135.000 empleos directos.
Eficiencia energética: Otro de los efectos positivos sería la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario. Una actuación decidida de las Administraciones podría reducir en casi 70 millones de toneladas las emisiones contaminantes, así como ajustar un 30% el consumo energético, por valor de 5.000 millones al año.
Incentivos: Para concienciar a la población de los beneficios de mejorar sus viviendas, la patronal propone que se redujeran las primas de seguros o incluso se bonificara la luz y el gas a las viviendas más eficientes, en detrimento de las peor calificadas. Otros posibles premios serían deducciones fiscales del 25% de la inversión realizada o pagar menos IBI.
