Hace tres meses el Tribunal Constitucional recortó artículos clave de la ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética; es decir recortó derechos y libertades.
En la cumbre del 29 de julio, celebrada en el Palau de la Generalitat, se ha consensuado el anteproyecto de ley que afronta problemas similares con técnicas jurídicas más difíciles de impugnar.
No olvidemos que la Ley Ómnibus del gobierno de Artur Mas recortó la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña del 2007, en conceptos como la expropiación del uso de las viviendas vacías, que hoy se recupera.
La actual situación de emergencia, con la nefasta herencia de la burbuja inmobiliaria y los abusos de las hipotecas, evidencia las décadas de retraso que llevamos en relación a los estándares europeos, en cuanto a legislación y a parque de alquiler público.
Una emergencia que se va ampliando y que es difícil de resolver desde los municipios que la sufren. La histórica falta de voluntad política ha hecho que heredemos un exiguo parque de vivienda protegida para afrontar las muchas caras del problema: dificultades para pagar el alquiler en un momento de bajos salarios, unidades de convivencia que han perdido vivienda y ahorros; infravivienda, asentamientos y personas sin techo; familias que sufren pobreza energética y ocupaciones a precario utilizando instalaciones con riesgo.
Al retraso ha contribuido la falta de previsión y de exigencia en mantener la calificación pública de la vivienda. El anterior mandato en Barcelona fue tan cortoplacista que redujo la producción de vivienda pública nueva al mínimo, cuando la mejor manera de intervenir es poseyendo pisos públicos: vivienda de alquiler asequible, por debajo del precio de mercado, y vivienda de alquiler social, con ayudas explícitas. En Barcelona disponemos de 6.500 viviendas públicas que, unidas a las del tercer sector, suman 10.500, lo que representa sólo el 1,5% de todo el parque. En las últimas décadas se han ido vendiendo la mayoría de las viviendas de promoción pública, unas 25.000. El Plan por el Derecho a la Vivienda en Barcelona (2016-2026) propone doblar la cantidad de vivienda asequible para intentar acercarnos a los estándares europeos.
Un reto al que se suma la incorporación de viviendas vacías, de grandes y pequeños propietarios; con unos pactando cesiones y compras, y si no, con sanciones; con los otros, sumándolas a la bolsa de alquiler público; la penalización de la competencia desleal de los apartamentos turísticos ilegales; y el control de los precios del alquiler, tal como hacen ciudades europeas y norteamericanas, poniendo límites a los incrementos y penalizando los precios abusivos.
El anteproyecto de ley es un paso necesario pero aún insuficiente: ha de regular el incremento de los alquileres, ampliar su ámbito de intervención, ser más versátil para situaciones diversas y tener mayor dotación económica. Y en un futuro próximo se han de actualizar los derechos y deberes de propietarios e inquilinos, dignificando el mercado de alquiler.
Josep Maria Montaner, regidor de Vivienda y del distrito de Sant Martí del Ayuntamiento de Barcelona.
