Tres años de rodaje han sido suficientes para destapar las deficiencias del parque de viviendas español. El próximo 1 de junio el certificado de eficiencia energética cumple su tercer aniversario y, a la vista de los datos, lo hace con un suspenso: el 84% de las viviendas con etiquetado están en los tres últimos puestos de la tabla, es decir, son letras E, F y G. Esto significa que muchos inmuebles tienen una eficiencia energética baja y otros son auténticos coladeros de energía, ya que superan en más del 90% el consumo energético medio. Así, en los edificios españoles existen márgenes de mejora de hasta el 50% en lo que respecta al consumo de energía, indican en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
"Las viviendas relativamente nuevas construidas en el boom inmobiliario, entre 1985 y 2007, evidencian que la calidad de la construcción de esa época no fue la correcta, y suelen obtener calificaciones similares a las construidas, por ejemplo, en los años sesenta", explican en Certicalia, plataforma online que ha realizado cerca de 40.000 certificados en estos tres años. Hay que recordar que no es hasta 2007 cuando cambia la vieja normativa de construcción implantada desde el año 1979 y se aplica el nuevo Código Técnico de la Edificación.
Las etiquetas han sacado a la luz "las deficiencias en la composición de la envolvente de los edificios (fachadas y cubiertas), ya que algunas no poseen aislamiento térmico o es muy antiguo. Además, los sistemas utilizados e instalaciones se han quedado anticuados, ya que la tecnología ha evolucionado y ahora podemos encontrar mejores materiales y más eficientes", prosigue esta firma, en la que el 53% de los exámenes realizados corresponden a la letra E. El certificado establece siete niveles en función de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía del edificio. Conforme a la normativa nacional, se parte de la G (la menos eficiente) a la A (la más eficiente).
Pero la certificación ha puesto sobre la mesa otra realidad. Aunque es obligatorio que el propietario tenga este documento cuando va a vender o alquilar una vivienda, tanto nueva como ya construida, basta con mirar los escaparates de algunas agencias y los anuncios de los portales inmobiliarios para ver que no es así. A finales de 2015 solo 1,5 millones de los 25 millones de viviendas que hay en España tenían el certificado energético, según los registros del IDAE.
Para saltarse la norma se ha puesto de moda el concepto "en trámite". Con esta fórmula el propietario puede anunciar la vivienda sin etiqueta energética y hacer el certificado una vez tiene asegurada la venta o el alquiler y no antes de colgar el anuncio, como sería lo correcto. "Dado que la realización del certificado energético es rápida, de uno a cinco días, los anuncios que se mantienen con el certificado en trámite durante un largo periodo de tiempo pueden hacernos sospechar que no lo están realizando y esperan hasta el último momento para hacerlo", explican en Certicalia.
Echar la culpa al desconocimiento empieza a ser un argumento agotado. Según la encuesta realizada por el IDAE en 2015, más del 50% de los propietarios españoles conoce la existencia de la certificación energética, aunque solo un 36% la tendría en cuenta a la hora de vender o alquilar una vivienda.
En la mayoría de los casos se trata de retrasar el pago del documento. Y eso que en estos tres últimos años su precio ha bajado por la proliferación de profesionales. El coste es libre y varía dependiendo de la comunidad autónoma y del técnico, ya que el sector online suele ser más económico que una empresa a pie de calle o una inmobiliaria.
"El precio también variará según el tipo de inmueble que queramos certificar y su tamaño, pudiendo encontrar precios que van desde los 45 euros a los 150 aproximadamente", indican en la plataforma.
El propietario debe desconfiar de los certificados express excesivamente baratos y que no incluyan visita al inmueble, algo básico. De hecho, ya hay varias denuncias por ello. La Comunidad de Madrid impuso en 2013 la primera sanción, de 4.000 euros, a un técnico por falseamiento de datos en la emisión del informe. "Recomendamos a los propietarios que no se decanten por profesionales que realicen este tipo de prácticas, ya que si el certificado no se hace correctamente la multa puede repercutir tanto al técnico como al profesional", recuerdan en Certicalia.
En España la normativa es más flexible que en otros países. Cualquier profesional con titulación apta para redacción de proyectos (arquitectos e ingenieros, técnicos y superiores) puede elaborar el certificado. Ahora bien, para que sea válido es necesario registrarlo en el órgano correspondiente de cada comunidad. En la mayoría de los casos es el propio técnico el que se encarga de hacerlo y de entregarlo al propietario. El primer registro de certificaciones energéticas que se abrió tras la normativa fue el de Madrid. Aragón fue el último en marzo de 2014. Cada comunidad ha creado un registro diferente: pueden ser telemáticos o presenciales, gratuitos o con tasas administrativas. Por ejemplo, en Madrid es gratis, mientras que en Murcia se cobran 23,23 euros por tasas administrativas.
Fuente: http://www.elpais.com/
