Hasta que estalló la crisis, ser propietario de un suelo sobre el que pesara una orden de expropiación de cualquier Administración pública porque en él fuera a construirse una carretera, un aeropuerto u otro equipamiento o infraestructura se había convertido en una suerte de lotería en la que los agraciados pasaban a ser la envidia de sus vecinos.
Y es que aunque el precio inicial que ofreciera la Administración fuera muy bajo, los tribunales solían aceptar los recursos planteados por los propietarios y el justiprecio final podía llegar a multiplicar numerosas veces esa primera valoración. El desembolso solía retrasarse varios años, pero entonces la espera valía la pena.
Es más, esa sobretasación llegó en algunos casos a ser tan elevada que logró desbaratar los presupuestos de no pocas obras, como la de la ampliación del aeropuerto madrileño Barajas-Adolfo Suárez. Y en carreteras, más reciente fue la polémica que generó el elevado sobrecoste que se ha tenido que asumir en la construcción de las radiales y la M-50 de Madrid.
Valga como ejemplo que si la construcción de la T4 de Barajas y todo el proyecto de remodelación del aeropuerto costaron más de 6.000 millones de euros, un tercio de ese importe, 2.000 millones, se destinó al pago de las expropiaciones. Ante esta situación, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió en 2007 modificar la Ley de Suelo con el fin de reducir esos justiprecios y dar a los jueces instrumentos objetivos suficientes para poner coto a la discrecionalidad con que en ocasiones establecían los citados justiprecios.
La filosofía de esta ley, que ha sufrido varias reformas desde entonces, era que el terreno debía valorarse según fuera su situación en el momento de la expropiación y no por la expectativa de aquello que iba a construirse sobre él. Es decir, si era rústico debía pagarse a precio de rural y no de forma diferente si sobre él se preveía construir una autopista o un hospital.
Con ello se creyó que se abaratarían las expropiaciones, pero lo cierto es que los jueces no lo interpretaron exactamente así y han seguido estableciendo justiprecios por encima de los cálculos estimados por la Administración y, lo que es peor, según los expertos consultados, es que los procesos cada vez se dilatan más en el tiempo por la complicada burocracia a la que deben hacer frente y la falta de recursos que alegan las administraciones para no pagar.
Obligaciones pendientes de pago
Manuel y María Jesús Serrano Conde, socios del bufete Serrano Alberca & Conde, uno de los mayores especialistas en esta clase de procesos, aseguran que el principal problema es cómo se están vulnerando los plazos que establece la legalidad vigente cuando se ha dictado ya sentencia firme.
“No se suelen aplicar, entre otros, los plazos de notificación y así ocurre que mientras al expropiado se le comunica la sentencia de manera ágil, a la Administración pasan los tres meses que establece la norma y no se le notifica, lo que retrasa la ejecución de la sentencia”, explican desde Serrano Alberca & Conde.
Estas demoras provocan que tengan que presentarse nuevos requerimientos por parte de los expropiados que alargan los procesos hasta más de diez años y, lo peor, que a la cantidad establecida en la sentencia que deberá abonar la demarcación correspondiente se le empiezan a sumar los intereses de demora, cuyo cálculo se establece en dos puntos por encima del interés legal del dinero. “Esto supone un mal uso de los recursos públicos”, advierte María Jesús Serrano Conde.
Además, desde este bufete critican que la Administración utilice el procedimiento de urgencia para expropiar y con ello ocupar los terrenos necesarios y no para pagar. “Cuando en las ocupaciones ordinarias debería procederse al revés, primero pagar y luego ocupar”, especifica Manuel Serrano Conde. Solo a este bufete el Ministerio de Fomento adeuda un total de 100 millones de euros, en algunos casos de procesos antiguos que debido a su lenta resolución se ven abocados a nuevas retasaciones, lo que encarece significativamente la factura total.
Hacienda modifica la ley para garantizar el dinero
Ante la queja de los expropiados sobre la extrema lentitud con que se gestionan estos procesos y acaban cobrando su dinero, el Ministerio de Fomento se defiende.
Con fecha de finales de enero pasado solo reconoce obligaciones pendientes de pago (prefiere esta denominación a la de deuda) por expropiaciones de la Dirección General de Carreteras por valor de 250 millones de euros, y compara esa cifra con la que el equipo actual al frente del Ministerio encontró a finales de la última legislatura de Rodríguez Zapatero: 1.340 millones (un 436% superior).
Fuentes del Departamento que dirige Ana Pastor aseguran que de 2012 a 2016 se ha realizado un gran esfuerzo para pagar con mayor celeridad las expropiaciones y recuerdan que las cifras así lo demuestran. De 2012 a finales de 2015 se abonaron 1.595 millones por expropiaciones de carreteras, un 61,4% más que lo pagado por el anterior Ejecutivo de 2008 a 2011, cuando la cifra ascendió a 988 millones.
Las mismas fuentes aclaran que a diferencia de lo que ocurría hasta hace cuatro años, en 2012 Hacienda aprobó una norma que obligaba a todas las administraciones a reservar, mediante una retención de crédito, el dinero que calcularan que gastarían en expropiaciones. Fuentes de Fomento aclaran que esta modificación no garantiza que el expropiado vaya a cobrar antes, pero, al menos, sí asegura que ese dinero reservado no se destinará a otros fines. Desde los bufetes de abogados subrayan que el problema es que esa retención de crédito suele ser por unas cantidades que continúan siendo muy inferiores a lo que acaban dictaminando los tribunales, por lo que la Administración sigue justificando sus retrasos en el hecho de que no dispone de recursos suficientes.
