El Banco de España realiza una ardorosa defensa de la irretroactividad de las sentencias que declaran nulas las cláusulas suelo hipotecarias en un informe confidencial -elaborado el 2 de noviembre para apoyar la posición española ante Tribunal de Justicia de la UE- al que ha tenido acceso El Confidencial. Así, llega a decir que "la aplicación retroactiva de la sentencia [del Tribunal Supremo de mayo de 2013] podría haber minado la capacidad del sistema bancario español de contribuir a la recuperación económica y al bienestar de los ciudadanos, con negativas consecuencias desde el punto de vista de la estabilidad financiera y del crecimiento de la economía en España".
El tribunal europeo con sede en Luxemburgo se reunió el pasado 26 de abril para resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por varios tribunales españoles sobre si deben aplicar la retroactividad en la devolución de las cantidades cobradas indebidamente hasta el 9 de mayo de 2013 (la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulas las cláusulas de BBVA, Abanca y Cajamar y que negaba la retroactividad) o desde la firma de la hipoteca. Esta Corte anunció que dictará sentencia el 12 de julio y criticó al Supremo por fallar sobre este asunto sin consultarla antes. Como es sabido, estas cláusulas impiden que las bajadas del euribor se trasladen a la letra mensual de la hipoteca.
Sede del Tribunal de la UE en Luxemburgo.
En este proceso, la Comisión Europea se ha mostrado claramente partidaria de la retroactividad total, como adelantó este diario. Eso hizo saltar las alarmas en el Gobierno y en el sector financiero español, lo que motivó la solicitud de este informe al Banco de España, que remitió su director general de supervisión,Mariano Herrera, a la secretaría general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía.
Dicho informe fue utilizado por los abogados de BBVA y Popular, que aludieron a la cuantificación del perjuicio para el sector en caso de retroactividad total:5.000 millones por las cantidades anteriores a mayo de 2013 (el 12,8% de las ayudas públicas concedidas y un importe similar al beneficio antes de impuesto de ese año "para la mayoría de las entidades significativas"), y otros 2.600 millones en el periodo entre esa fecha y diciembre de 2015.
El impacto de la retroactividad... en 2013
Pero más allá de esa cuantificación, que el informe no justifica, llaman la atención los argumentos del antiguo supervisor bancario (las competencias de supervisión de las entidades relevantes se transfirieron al BCE en 2015) para justificar la posición de la banca, ya que se centra exclusivamente en lo que habría pasado si se hubiera declarado la retroactividad total en 2013, no lo que pasaría si se declarase ahora.
La retroactividad total habría obligado a inyectar más dinero público en las cajas rescatadas y a conceder ayudas a otras que se habían librado, según el BdE
Así, parte de la situación en que se encontraba el sector financiero en 2013, cuando se acababa de cerrar la recapitalización con fondos públicos europeos -es decir, el rescate- de las entidades inviables. Por eso, si justo en ese momento, cuando los mercados volvían a confiar en nuestra banca y en la propia solvencia de España como país tras la crisis de la prima de riesgo de 2012, se hubiera declarado la retroactividad total, "habría tenido sin ningún género de dudas efectos sumamente nocivos sobre la estabilidad financiera de España".
Más dinero público para la banca
De hecho, el impacto que calcula el BdE de una medida así "habría puesto en duda la validez de las cifras de capital determinadas en el ejercicio de resistencia y reabierto el debate sobre la necesidad de ayudas públicas adicionales". Esto es, habría que haber inyectado más capital en un momento de enorme polémica y fuertes críticas por el importe de fondos del contribuyente destinados a salvar a la banca (básicamente las cajas de ahorros), unos 41.000 millones. De hecho, el informe asegura que algunas entidades rescatadas habrían necesitado más dinero y que otras que se habían salvado del rescate habrían requerido una inyección de capital público.
Manifestación contra las cláusulas suelo en Valladolid en abril.
Pero más graves aún habrían sido los efectos indirectos, a juicio del BdE: nuevo repunte de la incertidumbre sobre la banca española, rebaja de las valoraciones, incremento del coste del capital, ventas forzadas de deuda pública para conseguir liquidez, que a su vez habrían vuelto a disparar la prima de riesgo de España, y, finalmente, "restricciones o encarecimiento del crédito por el incremento de los diferenciales, con implicaciones sobre el crecimiento económico".
De ahí ese impacto tan negativo sobre la recuperación de la actividad tras la doble recesión sufrida por nuestro país y, en definitiva, sobre "el bienestar de los ciudadanos". La cuestión es si esas advertencias sobre los males que habrían ocurrido en 2013 convencerán al Tribunal de la UE de no conceder la retroactividad total en 2016, una vez concluido el proceso de saneamiento y vendidas la mayoría de las entidades rescatadas, aunque con los márgenes del sector bajo mínimos.
