"Pocos países en el mundo tiene la complejidad normativa de España”, ha asegurado hoy Alfonso Benavides, presidente de Urban Land Institute España, en el Foro Urbanismo Sostenible organizado por el diario El País y patrocinado por Distrito Castellana Norte. La diversidad de normas de distintos ámbitos lastran, según los expertos, el crecimiento de un sector con una gran potencial dinamizador. La politización y la falta de hoja de ruta en los planes de ordenación son otros de los problemas. “La visión estratégica no existe”, ha afirmado Eduardo Fernández-Cuesta, presidente de RICS en España.
El sistema que es tan complejo (y difícil de interpretar) que genera más dudas que certezas. La actualización continua del marco normativo soluciona un problema y crea otro. “El sector privado puede funcionar con la complejidad pero no con la incertidumbre en los plazos”, ha advertido Benavides, que ha recordado que solo el primer borrador de un plan urbanístico cuenta con 2.500 páginas. El proyecto de la prolongación de la Castellana que ejecuta Distrito Castellana Norte Madrid lleva más de 20 años en desarrollo, pendiente de distintas autorizaciones.
“El concepto fundamental es la seguridad jurídica, algo de lo que ahora carecemos”, ha opinado Ricardo Martí-Fluxa, presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria. Se estima que por cada millón de euros de inversión inmobiliaria se generan entre 18 y 20 puestos de trabajo. En su opinión debe huirse de demonizar la ganancia económica de los proyectos porque el sector privado, que es quien tiene que impulsar estos procesos, tiene que poder rentabilizar esa inversión y ha recordado como otros ayuntamientos de capitales europeas, como Londres, se obstinan por dar facilidades a las empresas para que se ejecuten estas inversiones.
En este mismo sentido, se ha expresado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que ha recordado que los primeros interesados en acabar con los procesos especulativos son los propios promotores. “Es absolutamente necesario que el suelo este disponible, cuando se limita, se produce un proceso especulativo natural. Por la ley de la oferta y la demanda cuando del suelo es restringido, el precio sube”, se ha quejado. Las facilidades administrativas configurarían el sector como un verdadero sector industrial en el que se pueda prever cuando se entra y cuando se sale.
La gran pregunta es, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, si España necesita seguir construyendo viviendas. El Ministerio de Fomento, que elabora anualmente un informe, cifra que existen, solo en Madrid, 43.000 viviendas nuevas vacías. Desde el sector no están de acuerdo con esas cifras. “El informe se realiza con una metodología correcta, pero no casa con la realidad porque, por ejemplo, no tiene en cuenta un propietario de una vivienda nueva que no quiere venderla”, ha argumentado Juan Fernández-Aceytuno, director general de la Sociedad de Tasación. El número real, constatado promoción por promoción, no alcanza, por ejemplo en Madrid, las 8.000 viviendas. “Uno de los grandes problemas es que nos hemos quedado sin stock”, ha asegurado Gómez-Pintado.
Los expertos coinciden, no obstante, en que es poco probable una nueva burbuja, sobre todo, por la falta de financiación hipotecaria. En 2006 se concedieron alrededor de 1,3 millones de préstamos. En 2014, esta cifra apenas alcanzó los 350.000. “No hay riesgo de burbuja”, ha zanjado Fernández-Aceytuno. “A nivel nacional prevemos un periodo de estabilidad de precios en la vivienda”.
