Nuevas medidas para evitar que las personas que puedan caer en riesgo de exclusión sean desahuciadas. Los jueces comunicarán a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad e incluso podrán suspender sus veredictos, según han firmado este martes en un convenio la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). "Esto permite abordar de forma coordinada el drama social que suponen los desahucios y la detección pronta de los que supongan problemas de riesgo de exclusión para poder actuar con tiempo", ha apuntado el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez tras la firma del convenio en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
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El acuerdo, que entra en vigor este miércoles, permite a los técnicos de los servicios sociales tener acceso inmediato a la documentación de los afectados para que, tras analizar sus perfiles, se propongan medidas alternativas al desahucio. La medida incluye que los jueces puedan paralizar los lanzamientos, según se considere en cada caso concreto, si detectan situaciones de riesgo. "El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicie con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones", se lee en la información divulgada por la Consejería de Presidencia.
Entre los compromisos de las distintas administraciones, la consejería de Justicia informará a los deudores la opción de solicitar un abogado de oficio, el CGPJ fomentará la colaboración con el cuerpo de justicia, y la FAMP promoverá la adhesión al convenio de las entidades locales, entre otras funciones. El Ayuntamiento de Sevilla ya ha informado de su adhesión inmediata al convenio.
Estas medidas se suman a las propuestas por Izquierda Unida en la anterior legislatura en la Ley de Función Social de la Vivienda. Desde 2012, el Gobierno andaluz ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. "Contamos con una ley pionera y comprometida que no podemos desarrollar en su totallidad por el recurso que interpuso el Gobierno popular para que no fuese así", ha declarado Vázquez.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno se ha posicionado en contra de la proposición del ley del PP sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. "Los que pagan este impuesto son los que más tienen, los ricos", ha declarado Miguel Ángel Vázquez, que no obstante, ha matizado que la Consejería de Hacienda ya revisa la figura tributaria y que la Junta mantiene su compromiso de modular el salto del mínimo exento para no tributar, que se sitúa en 175.000 euros. Durante el 2015, el número de declarantes fue de 267.553, de ellos el 7% tuvo que pagar impuestos, según datos del portavoz. La secretaria general del PP en Andalucía, Dolores López, ha pedido a Díaz y a Ciudadanos que reflexionen sobre este impuesto después de que hayan logrado 80.000 firmas en 15 días, recoge Europa Press.
