El "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que han firmado hoy en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera también deja entrever medidas que afectan también al mercado de la vivienda en España.
Se recogen medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios, medidas para fortalecer los derechos de los consumidores y se propone impulsar un potente parque social de pisos en alquiler. A grandes rasgos, éstas son las líneas principales de actuación:
1.- Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
2.- Reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
3.- La puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
4.- Apoyar e impulsar un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
5.- La formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
6.- Potenciar la rehabilitación con la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
7.- En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
8.- Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
9.- Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/
