«Prudencia». Esa fue ayer la palabra más repetida por los máximos responsables de las entidades financieras que presentaron resultados -Caixabank, Sabadell y Popular- para explicar el motivo por el que han decidido reservar cientos de millones de euros para hacer frente a un posible revés judicial por las cláusulas suelo que podría resolverse a lo largo de este año, obligando a devolver a los clientes cantidades muy relevantes.
Solo Popular ha provisionado ya 350 millones de euros después de que el pasado día 21 el Supremo resolviera que debía suprimir las polémicas cláusulas por considerarlas «abusivas», argumentando además que carecían de la suficiente transparencia. Aunque la entidad que preside Ángel Ron afirmó en aquel momento que la sentencia, además de no afectar a toda su cartera hipotecaria, no tenía impacto económico -no obligaba a la devolución de lo cobrado sino únicamente a eliminar la estipulación del suelo- ayer desveló que provisionó contra los resultados del 2015 el potencial impacto que tendría la retroactividad de todas las cláusulas hasta mayo del 2013. Esa es la fecha de la sentencia del Supremo que condenó a BBVA, Abanca y Cajamar a suprimirlas y que marcó el límite de la devolución económica para los clientes.
«Hemos tomado la decisión de hacer una provisión extraordinaria porque pensamos que esto una carrera de fondo. La sentencia del día 21 no condena al banco a la devolución de lo cobrado, pero hay otros procedimientos en marcha contra el sector que piden la retroactividad, por lo que, siguiendo el criterio de prudencia, cubrimos ese riesgo legal», explicó Ron, para añadir que el impacto en las cuentas del banco -sin la provisión habría ganado el pasado año 350 millones, que se han quedado reducidos a 105- equivale al 3 % de su margen de intereses, algo que considera que pueden compensar con su actividad comercial.
Pero el Popular no ha sido el único que se ha puesto la venda antes de la herida, asumiendo como probable una condena en la macro demanda que aglutina a 15.000 afectados y que quedó vista para sentencia ante el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Madrid el pasado junio. La decisión de la magistrada -aunque recurrible- se está retrasando a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su esperado dictamen sobre la retroactividad total (desde la formalización de la hipoteca) o parcial (hasta mayo del 2013) en la devolución del dinero. Ron, en cualquier caso, negó ayer que proceda la retroactividad completa, por lo que solo se ha cubierto hasta mayo del 2013.
Idéntica decisión anunciaron Caixabank y Sabadell. El consejero delegado de la primera entidad, Gonzalo Gortázar, señaló que «en un ejercicio de máxima prudencia, en la dotación de provisiones para otros riesgos hemos cargado su totalidad en el año, 923 millones». Aunque el banco, que ya ha eliminado el suelo de sus hipotecas, no lo ha desglosado, se estima que el impacto de una posible retroactividad hasta la sentencia del Supremo sería de unos 500 millones.
El presidente del Sabadell, Josep Oliú, también aseguró ayer que «todo está suficientemente provisionado», aunque la entidad sigue defendiendo la «legalidad» de sus cláusulas.
El Sabadell se ve lejos de nuevas compras tras integrar el TSB
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El Banco Sabadell ganó más de 708 millones de euros el año pasado, un 90,6 % más, gracias, principalmente, a la aportación del banco británico TSB, su última operación corporativa. Y parece que por bastante tiempo. El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, descartó abordar nuevas fusiones en España o en el exterior: «No estamos contemplando ninguna». El banquero aseguró además que la incertidumbre política que se vive en España no están perjudicando económicamente al país. En Galicia, operando como Sabadell Gallego, el banco ha sumado 25.000 nuevos clientes y ya mueve un volumen de negocio (crédito y depósitos, principalmente) de casi 5.600 millones.
El Popular dice ser «objeto de deseo», pero seguirá en solitario
BENITO ORDOÑEZ
«El banco es objeto de deseo», admitió el presidente del Popular, Ángel Ron, pero descartó que haya posibilidades de que prospere una «operación hostil» sobre la entidad, que seguirá en solitario. Insistió en que la firma se siente «integradora» y estudiará cualquier oportunidad que genere valor al accionista, aunque se ve «liderando». Subrayó la «enorme» fortaleza de la entidad, que ha aumentado en un 13 % la nueva contratación de crédito a pymes y autónomos y que seguirá centrada en un modelo de negocio que pivota sobre ese segmento. Respecto a la posibilidad, como inversor institucional, de ir a los tribunales por la salida a bolsa de Bankia, dijo que lo estudiarían, sin descartarlo.
Caixabank asegura que no tiene ninguna fusión en cartera
ALBERT GEA | REUTERS
Caixabank cerró el año pasado con un beneficio neto de 814 millones de euros y un importante recorte de su morosidad, que ha quedado por debajo del 8 %. La entidad estima en 342 millones de euros el impacto en el banco de las pérdidas anunciadas por Repsol -donde es accionista de referencia- para el 2015 por la caída del precio del petróleo. Durante la presentación de esas cuentas, el presidente, Isidro Fainé, aseguró que no tiene prevista ninguna nueva operación de fusión de otras entidades (antes los rumores de un nueva oleada de integraciones) y que solo está centrado en la posible compra del portugués BPI. «No hay ninguna operación estudiada ni ninguna negociación en marcha».
Bruselas certifica que el rescate a los bancos españoles evitó una crisis más grave
España evitó una crisis mayor. Es la conclusión que deja entrever Bruselas en su último informe sobre la evaluación del programa derescate financiero español del año 2012. La Comisión Europea asegura que el proceso de reestructuración y recapitalización de los bancos, que ascendió a 40.000 millones de euros, fue un paso «clave» para restaurar la confianza, y que la aplicación «rápida y completa» de las reformas asociadas fueron cruciales para «apuntalar la estabilidad macrofinanciera». Los indicadores apuntan a una mejora de la solvencia y rentabilidad de los bancos. «Se han alcanzado los objetivos», reconoce el informe.
Hasta ahí la música suena bien. Pero el brazo ejecutivo de la UE lanza algunos reproches y advertencias al Gobierno español. Las críticas arrecian cuando Bruselas se refiere a los «largos retrasos» acumulados en la puesta en marcha de la ley de cajas: «Una implementación más rápida podría haber contribuido a evaporar las dudas sobre la debilidad en la gobernanza de esas entidades». También arremete contra el proceso de imposición de pérdidas a los preferentistas, donde faltó «más transparencia para mejorar la percepción pública». No en vano, considera que la mayor parte de los afectados «no eran conscientes» de los riesgos implícitos en ese tipo de productos.
Las conclusiones dan una de cal y otra de arena a la gestión del Gobierno y adelantan algunas de las tareas que quedan pendientes, como más contención presupuestaria para ajustar déficit y deuda.
