El Estado no sabe lo que valen sus inmuebles ni existen planes para saberlo. De un total 49.460 inmuebles en situación de alta en la Central de Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI), casi el 15% -7.065 inmuebles- tiene valores inferiores o iguales a un euro, a pesar de que muchos de ellos, concretamente 3.951, disponen de valor catastral e incluso de valor de tasación.
El importe total de los valores catastrales que corresponden a estos inmuebles es de 4,1 millones de euros, mientras que su valor es de solo 4,7 millones de euros.
Si el desfase es importante, más lo es que no haya previsto ningún plan para actualizar el valor de estos bienes. Así, lo denuncia el Tribunal de Cuentas (TdC) en su informe de Fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración General del Estado (AGE).
En este informe se revela que en los ministerios no existe un inventario único que englobe todos los bienes de su responsabilidad, sino múltiples y heterogéneos, en función de los tipos de bienes.
Asimismo, en los departamentos que cuentan con servicios territoriales, los servicios centrales no conocen ni controlan los inventarios de aquellos. Por ello, el Tribunal de Cuentas advierte que "esto puede afectar al control sobre los bienes, ya que no existe una supervisión, al menos por los servicios centrales, sobre la actividad de los órganos que gestionan los inventarios".
Las valoraciones que figuran se realizaron entre los años 1987 y 1991, por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio y presentan diferencias significativas respecto del valor actual de mercado, toda vez que no se ha realizado desde entonces -entre 24 y 28 años- ninguna actualización de su valor, salvo las derivadas de obras o grandes reparaciones en estos inmuebles. Todo ello "a pesar de los incrementos de valoración que ha experimentado el mercado inmobiliario desde 1987", subraya el TdC.
En marzo de 2015 permanecían en CIBI un total de 15.458 procedentes de la carga inicial, de los que 10.738 mantenían el mismo valor.
La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo "desconoce la totalidad de las viviendas de titularidad pública cuya gestión le corresponde" aunque se encuentra inmersa en un proceso de "obtención y depuración de la información que sobre viviendas de titularidad de la Administración General del Estado existe en los diversos registros de la propiedad", recoge el informe.
El informe señala que no parece razonable realizar una nueva valoración general de estos bienes, dados los recursos que para ello deberían destinarse, después de tantos años. No obstante, sí recomienda llevar a cabo una serie de actuaciones que permitirían mejorar la representatividad del Inventario no solo como soporte de la contabilidad patrimonial , sino como instrumento de control de sus bienes inmuebles.
Entre ellas, recomienda que Hacienda estudie la utilización de los valores catastrales que figuran entre cero y un euro; que se establezcan planes de actuación para identificar los bienes cuyo presente un mayor riesgo de estar desactualizados, o que Fomento investigue las viviendas sin inventariar.
