¿Son suficientes las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno que premian la eficiencia energética de una vivienda? ¿Sobre qué otros impuestos se podría actuar para conseguir edificios más eficientes energéticamente? Éstas son solo algunas de las cuestiones que expertos del sector siguen discutiendo, e incluso planteando a los partidos políticos de cara a la inminente campaña electoral.
Uno de los estudios que propone de un modo más detallada medidas tributarias concretas y su impacto económico y fiscal es el elaborado por la consultoraPricewaterhouseCoopers (PwC) para la Fundación La Casa Que Ahorra, para el cual se ha tenido en consideración el actual parque de edificaciones (distintos tipos de viviendas -piso, unifamiliar-), año de construcción y calidades, entre otras variables. Se trata de medidas que tienen como objetivo incentivar la puesta en marcha de acciones, tanto en construcción nueva como en rehabilitación, para conseguir inmuebles más eficientes.
37.341 empleos, impacto fiscal neto de 400 millones de euros, ahorro energético de 72 millones, reducción de emisiones de 352.590 millones de toneladas, etc.
Las cifras asustan: la aplicación de las medidas propuestas podrían aumentar en un año el PIB en 1.616 millones de euros, generar 37.341 empleos, un impacto fiscal neto de 400 millones de euros, un ahorro energético de 72 millones de euros, una reducción de las emisiones de 352.590 millones de toneladas, una dependencia exterior de energía que se reduciría en 27.625 Tep y lo aplicarían un total de 108.448 viviendas.
ntre las medidas que PwC propone se encuentran la recuperación de la deducción por inversión en vivienda, incluyendo su rehabilitación o reforma, pero siempre vinculada a su calificación energética o mejora; la modificación del porcentaje de imputación en IRPF por segunda vivienda siguiendo el mismo criterio; o la reducción aplicable al alquiler de viviendas con mejoras en la eficiencia energética.
Para Alberto Monreal, socio de PwC, "las medidas vinculadas a tributos de alcance general, como el IRPF o el IVA, o incluso el IBI, tienen un alto efecto en nuestra sociedad, y los ciudadanos parecen considerar mucho más sencilla y directamente su aplicación que las medidas que se vinculan a la obtención de subvenciones con la misma finalidad". Es por ello que esta consultora, en cuanto al IVA, propone la aplicación de tipos reducidos a las obras de rehabilitación, renovación o reforma con finalidad energética y medidas similares en el ámbito autonómico (IGIC -Impuesto General Indirecto Canario-, ITP -Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-), y local (ICIO -Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-, IBI -Impuesto sobre Bienes Inmuebles-).
"Se ha tratado de hacer un cálculo detallado de los costes para mejorar energéticamente los edificios actualmente en uso, siempre en términos estadísticos, y se ha calculado cómo una ventaja fiscal podría influir en la toma de decisión de los individuos para invertir, rehabilitar o reformar sus viviendas o edificios con esta finalidad, o añadiendo dicha finalidad a la originalmente pretendida", explica Monreal.
Por partes. Con respecto al IRPF, PwC propone, entre otras medidas, una deducción del 15% por inversión en vivienda habitual calificada con A en la escala de certificación energética y por la realización de obras e instalaciones de adecuación en vivienda habitual que supongan una mejora en la escala. El alquiler de vivienda habitual también podrá beneficiarse de una deducción del 10% para edificios con calificación A o B.
Para el IVA, esta consultora maneja tributaciones al 4% de las entregas de viviendas con calificación A y de las ejecuciones de "obras de rehabilitación energética integral" que suponga la mejora de una letra, y al 10% de las obras de renovación o reparación para su mejora energética, también de una letra, y con una elevación del límite del coste de los materiales del 40% al 50%.
Por otra parte, ya en el ámbito autonómico, actuar sobre el ITP con una reducción del tipo aplicable para las segundas y ulteriores entregas de inmuebles eficientes energéticamente podría tener un impacto en el PIB de 3,6 millones de euros anuales, calcula PwC.
Sin lugar a dudas, una de las medidas oportunas, similar a la planteada por el Gobierno, es la aprobación de una enmienda a la Ley de Haciendas Locales para introducir una bonificación potestativa en la cuota íntegra del IBI en función de la eficiencia energética de los inmuebles. Una bonificación regulada en ordenanzas fiscales y que variaría en función del certificado de eficiencia obtenido para cada vivienda o local. Esta ponderación de la base imponible del IBI tendría, según PcW, una impacto de 173,3 millones de euros anuales en el PBI y un ahorro energético de 4,06 millones de euros al año.
Pese a su aparente limitación, el anuncio del Gobierno tiene un efecto positivo inmediato en un determinado número de viviendas que verían reducido el IBI en función de su calificación energética. Pero además, según PcW, influye en decisiones que se adoptarían a partir de su aprobación como es el comportamiento de los adquirentes de futuras viviendas (nuevas o usadas) o dotar de una mayor relevancia a los certificados energéticos que se vienen emitiendo pudiendo incluso llegar a evitar el fraude en este tipo de trabajos."Animaría en el número y calidad de reformas y rehabilitaciones de edificios, con una orientación no meramente estética o de uso sino de eficiencia energética, reduciendo el consumo y evitando emisiones", recalca Monreal.
La bonificación de hasta el 95% en el ICIO en la construcción de edificios con calificación A y en la realización de obras que mejoren en una letra su calificación energética, completa el amplio abanico de medidas fiscales propuesto por la Fundación La Casa Que Ahorra, cuyo gerente, Jordi Bolea, dice haber puesto a disposición de los distintos partidos políticos para su estudio.
Los impactos estimados en este estudio se han cuantificado en términos deaportación al PIB, al empleo y a la recaudación fiscal. Con todo, como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas tributarias propuestas que llevan asociada una ventaja fiscal para el contribuyente, la Administración tendrá que soportar un coste fiscal y, como consecuencia, una recaudación menor. Coste que en contraposición con el efecto recaudatorio para cada propuesta concreta, permitiría calcular el impacto fiscal neto. "Aunque no es probable conseguirlo para el conjunto de las medidas, se ha construido una herramienta de cálculo para facilitar las decisiones y en función de cómo se redactara cada una de ellas, prever los efectos", concluye Monreal.
Fuente: http://www.elmundo.es/
