A partir del 1 de enero de 2017, todas aquellas viviendas con sistema de refrigeración, calefacción o agua caliente central deberán contar con aparatos de medición de los consumos individualizados, según establece la Directiva europea 2012/27/UE sobre eficiencia energética. De lo contrario, los propietarios de los inmuebles se enfrentan al pago de cuantiosas multas, que pueden alcanzar los 10.000 euros.
Con la aprobación de esta norma comunitaria hace ya más de tres años se abrió un plazo para que cada Estado adaptase su legislación a este nuevo marco, un periodo que expiró en junio de 2014 sin que el Gobierno español haya transpuesto los aspectos de esa directiva claves para los consumidores afectados, los moradores y propietarios de aproximadamente 1,7 millones de viviendas en todo el país.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Carlos Sánchez-Reyes y el máximo responsable del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Salvador Díez Lloris, han enviado sendas cartas al ministro de Industria, José Manuel Soria, y a la subdirectora de Planificación Energética, María Sicilia Salvadores, en las que reclaman la inminente aprobación de un real decreto con la transposición de la citada directiva.
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Consumidores y profesionales recuerdan al Ejecutivo que debe tener en cuenta la gran carga de trabajo que para los instaladores y los administradores de fincas tendrá la adaptación de los sistemas de calefacción y refrigeración central. “En consecuencia, es imprescindible y urgente disponer de la norma que regule la forma de adaptar las instalaciones a la referida directiva, a fin de cumplir con los plazos establecidos en la misma”.
Preocupación de la CE
De hecho, en la misiva de la OCU aseguran que “la opacidad que rodea a la elaboración del texto del real decreto de transposición ha provocado que la Comisión Europea muestre su preocupación por la inacción del Gobierno español, algo que podría derivar en la apertura de un expediente por incumplimiento y en la imposición de sanciones por parte de las autoridades comunitarias”.
Preguntado el Gobierno por esta cuestión, la respuesta no arroja ninguna fecha probable: “El Ministerio de Industria, Energía y Turismo trabaja en la transposición de la directiva, contando con un borrador de texto (proyecto de real decreto) que permita transponer la directiva al ordenamiento jurídico español lo antes posible.”
De esta manera, apruebe cuando apruebe el Ejecutivo español la adaptación de la ley europea al ordenamiento jurídico español, lo que es inamovible, según confirmaron fuentes de Industria, es que dentro de poco más de un año ningún edificio de viviendas con calefacción central o un sistema de refrigeración común para todos los vecinos podrá seguir funcionando como hasta ahora.
A partir de 2017 será necesario que cada casa pague por el consumo real de calefacción, aire acondicionado o agua caliente que realice y no por los criterios que se venían aplicando hasta ahora, como era la superficie de cada vivienda. Se trata de trasladar a la calefacción y a los sistemas de refrigeración el modelo que ya funciona en otros suministros básicos como son la luz, el teléfono o el gas.
Empresas que ya se dedican a realizar esta clase de instalaciones en España y, sobre todo, en otros países como Alemania, Bélgica o Dinamarca, argumentan que los ahorros que se consiguen con estos medidores individuales del consumo alcanzan un promedio del 25% anual o, lo que es lo mismo, de unos 225 euros menos en la factura de calefacción para una familia tipo.
Y si los hogares gastan menos, también el medioambiente sale ganando. Se calcula que con estos menores consumos se logran reducir en 2,4 millones de toneladas las emisiones contaminantes de CO2, según un estudio realizado por la Universidad de Alcalá para Ista, empresa líder mundial en la instalación y gestión de estos nuevos dispositivos.
Coste asumible y 18 meses para rentabilizarlo
Una vez que las familias ya saben que en poco más de un año será obligatorio pagar por el consumo real de calefacción y no el estimado que regía hasta ahora, la pregunta más común es ¿Y eso cuánto cuesta?
Dependiendo de cómo sea la instalación actual, o en anillo (cuando la entrada y salida del agua son únicas para cada casa) o, por el contrario, en columnas (todos los pisos comparten esas entradas y salidas), más habitual en las fincas más antiguas, el coste de instalar estos medidores no debería sobrepasar los 450 euros si se adquieren en propiedad o los 140 euros si se opta por alquilarlos. Un coste asumible que además, según los expertos, se logra amortizar en unos 18 meses con los ahorros que proporciona. Eso sí, los administradores de fincas advierten: como es una directiva de obligado cumplimiento, ningún vecino podrá negarse.
