Caixabank ha sido la primera entidad en anunciar públicamente la supresión de las cláusulas suelo de sus hipotecas, después del acuerdo informal alcanzado con el Gobierno que adelantó El Confidencial el miércoles. Ahora bien, esta oferta y las que ya están empezando a plantear otras entidades no es gratis. Lo que la banca propone es la retirada de esta cláusula de ahora en adelante y sin retroactividad, ni siquiera hasta mayo de 2013 (fecha en que el Supremo declaró nulas estas cláusulas de BBVA, Abanca y Cajamar). Pero además, a cambio de la retirada exige la renuncia por parte del cliente a tomar acciones legales para solicitar esta retroactividad en los tribunales, ante la posibilidad de que el Tribunal de la UE la conceda desde la firma del préstamo.
Como informó este medio, el pacto entre el sector y el Gobierno no se reflejará en ninguna norma jurídica que prohíba la retroactividad y, por eso, la banca presenta la medida como algo voluntario. En consecuencia, si no es obligatorio para las entidades, mucho menos lo es para los clientes, que mantienen su derecho a reclamar lo que consideren oportuno. Hay que recordar que la citada sentencia del Supremo establece la retroactividad hasta 2013 e incluso esto puede quedar superado.
Precisamente por eso, las entidades se han apresurado a proponer a sus clientes que tienen hipotecas con esta cláusula -que les impide beneficiarse de los bajos tipos de interés actuales desde hace años- la supresión de la misma de ahora en adelante a cambio de la renuncia a la retroactividad de la medida, según denuncian varios despachos de abogados especializados en este tipo de casos. Hasta ahora muchas de estas entidades les habían propuesto esta eliminación a cambio de subirles el tipo del préstamo o de contratar otros productos; tras el citado pacto, han retirado estas exigencias, pero mantienen la de la renuncia a las acciones legales.
Ahora bien, no aceptar la oferta de la banca también tiene sus riesgos. En ese caso, el cliente tendrá que pleitear con su entidad y esperar a que su cláusula suelo sea declarada nula por el Supremo, para lo cual pueden pasar años. Esa es la política que va a mantener, al menos de momento, el Sabadell, según anunció el viernes en la presentación de sus resultados trimestrales. Porque los bancos que mantienen estas cláusulas sostienen que las suyas son transparentes y, por consiguiente, legales. Ahora bien, algunas de estas entidades ya ni siquiera recurren las condenas en primera o segunda instancia, y otras admiten en privado que es imposible eludir la retroactividad hasta la sentencia del Supremo de 2013.
No importa la macrodemanda, sino Luxemburgo
En el sector se habla mucho de la macrodemanda de 15.000 afectados en un juzgado de primera instancia de Madrid, cuya sentencia se espera para las próximas semanas, ya que puede declarar nulas las cláusulas de todas las entidades e imponer la retroactividad. Aunque se trata de una sentencia recurrible, el sector asegura que la acatará por cuestiones reputacionales, de ahí que no esté clara la cuestión de la retroactividad de momento.
Sin embargo, fuentes jurídicas de primer nivel aseguran que la verdadera preocupación de los bancos no es esta sentencia, sino las cuestiones prejudiciales presentadas por sendos tribunales de Cantabria y Granada alTribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, en las que plantean si la retroactividad sólo hasta 2013 que establece la famosa sentencia del Supremo se adecúa al derecho comunitario. Lógicamente, el temor del sector es que este tribunal dictamine que no se adecúa y que, por tanto, se debe aplicar la retroactividad hasta el momento de la contratación del préstamo, lo que se conoce como retroactividad total.
La UE puede tumbar la doctrina del Supremo
En esta sentencia (y en otras posteriores que fijan doctrina), el Alto Tribunal argumentaba que no debía imponer la retroactividad porque eso pondría en peligro la solvencia de un sector financiero que acababa de ser rescatado con los 40.000 millones de dinero público y, por perseguir la eliminación de un mal (las cláusulas suelo), se podría acabar provocando un mal mayor (mayores necesidades de dinero público para las entidades). Esto, a juicio de uno de los expertos consultados, es "institucionalmente responsable pero jurídicamente aberrante".
Pero el Tribunal de la UE no tiene por qué tener en cuenta la situación del sector financiero -que además, ahora es mucho mejor y ya no corre riesgo de insolvencia- sino sólo los fundamentos jurídicos. Por otro lado, las instituciones comunitarias se han caracterizado en el pasado por dictar resoluciones a favor de los consumidores y en contra de empresas y bancos. Así que ahora podría ocurrir lo mismo y este Tribunal podría imponer la retroactividad no sólo hasta 2013 sino hasta el inicio de la hipoteca.
