El importante stock de pisos que, por unas razones u otras, ha pasado a manos de la banca durante la crisis ha sido de una magnitud solo comparable a las ganas que las entidades tienen de desprenderse de ellos. Son una indeseable carga en los balances de los bancos, más pesada cuanto más duras son las exigencias de capital sobre sus balances por los organismos reguladores.
En este sentido, el Fondo Social de Viviendas, creado en 2013 con el parqué aportado por la banca para realojar a familias afectadas por los miles de desahucios hipotecarios durante la crisis es, en principio, un acuerdo positivo para todas las partes. Sin embargo, desde entonces, solo un tercio de los 6.000 inmuebles puestos a disposición del programa cumple su destino, un ineficiente aprovechamiento que razonablemente la banca no ve con buenos ojos y que se achaca a los requisitos exigidos para acceder a una vivienda del fondo. Paralelamente, está aumentando la presión de los representantes de los partidos emergentes, y muy significativamente de las alcaldías de Madrid y Barcelona, para que la banca dé uso social a sus viviendas vacías. En esa línea, se acaba de reforzar el fondo con 4.000 nuevos inmuebles, hasta alcanzar casi 10.000. Pero solo si la Administración flexibiliza con sentido y lógica las condiciones de acceso cumplirá su objetivo.Fuente: http://www.cincodias.com/
