El Gobierno anunció en 2012 que la política pública de vivienda tal y como se había conocido hasta ese momento, aplicada por Ejecutivos tanto del PP como del PSOE, tocaba a su fin. Es decir, que en lugar de promover la construcción de más casas nuevas en propiedad para las familias con menores ingresos, las conocidas como VPO, solo se concederían ayudas económicas a la rehabilitación de casas ya existentes y al alquiler.
La decisión fue muy polémica entonces y supuso cambiar de arriba a abajo la estructura del plan cuatrienal de vivienda, lo que explica en buena medida el retraso con el que se puso en marcha. Finalmente, el programa 2013-2016 echó a rodar avanzado 2014 con una ayuda al arrendamiento que ya no tiene en cuenta la edad de los beneficiarios, como sí lo hacía la implantada por el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, orientada sobre todo a los menores de 30 años.
Por el contrario, ahora el único criterio esencial que determina la concesión de la nueva subvención, de hasta 2.400 euros al año o 200 euros al mes, es la renta del hogar en su conjunto y no los ingresos de cada individuo como promovió el Gobierno socialista. La ministra Ana Pastor llegó admitir en una de sus comparecencias parlamentarias que el antiguo mecanismo había generado un abultado fraude que no se podía repetir.
El Gobierno presupuestó un total de 460 millones de euros para estas ayudas, cuyos destinatarios son los hogares con ingresos brutos anuales de un máximo de 22.365,42 euros, aunque la cantidad varía en función del número de miembros que conviven en la casa. De esa cifra, se han concedido ya 208,2 millones y otros 64,4 millones están en tramitación. En número de beneficiarios supone que 115.899 viviendas ya reciben la subvención o están a punto de hacerlo, el 58% del total previsto (200.000); y otras 40.607 solicitudes se encuentran a la espera de recibir el visto bueno definitivo.
Gestión autonómica
Una vez reconocido el derecho a la ayuda, ésta se concederá por un plazo de 12 meses, prorrogables, siempre a solicitud del interesado, por sucesivos periodos de 12 meses, hasta la finalización del plan, es decir, hasta diciembre de 2016. Y otro límite a tener en cuenta y lógico al mismo tiempo es que los 200 euros que como máximo pueden cobrar estos hogares al mes están también supeditados al alquiler que tengan contratado, que no podrá ser superior a 600 euros.
Aunque el dinero para financiar esta iniciativa sale de las arcas del Gobierno central, la gestión de las subvenciones es competencia de las comunidades autónomas y son ellas las que establecen la forma, plazos y vía para solicitarlas, en concreto, la consejería competente en materia de vivienda de cada comunidad. De hecho, ellas pueden establecer, entre otros, un límite más bajo de esos 600 euros como tope legal del arrendamiento a subvencionar. Todas menos Madrid, que al no haber firmado aún el convenio bilateral con Fomento no puede beneficiarse de estas ayudas.
Madrid se queda al margen del plan estatal
Además de apostar exclusivamente por el alquiler y la rehabilitación, el Plan de Vivienda 2013-2016 echó a rodar con más novedades.
El modelo antiguo se basaba en que la Administración central, o lo que es lo mismo Fomento, adelantaba el dinero que les correspondía a las comunidades autónomas y éstas debían justificar después en qué lo habían gastado efectivamente. Fuentes del Departamento que dirige Ana Pastor comentan que ese sistema propiciaba que algunos gobiernos autonómicos destinaran recursos que eran para política de vivienda a otras partidas y admiten que no pasaba nada si al final no lo podían justificar. Para acabar con esas prácticas, a partir de este plan cuatrienal son los Ejecutivos autonómicos quienes deben costear con su presupuesto las ayudas que contempla la política de vivienda, recursos que recuperarán después. Fomento apena les adelanta el 10% del presupuesto total.
Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid argumentaron, antes de las pasadas elecciones autonómicas, que Madrid no podía adherirse al nuevo plan porque si debían adelantar ellos los recursos, “no podríamos pagar las cantidades que tenemos pendientes del programa anterior”.
Ahora, con el cambio de responsables en el Gabinete autonómico, con Cristina Cifuentes al frente, se está procediendo a revisar todas las cifras para comprobar si es posible o no la firma del convenio con Fomento.
Al no adherirse al plan, los ciudadanos de Madrid no pueden beneficiarse de ayudas como la de 2.400 euros al año para alquiler. Por ello, estando todavía al frente del Ejecutivo Ignacio González, la Comunidad puso en marcha su propia subvención al arrendamiento, que solo podrá atender a 4.166 familias este año.
