Los caseros británicos deberán expulsar de su vivienda a los inquilinos que carezcan de derecho de residencia, o este haya expirado, sin necesidad de una autorización judicial y bajo amenaza de sanciones que contemplan hasta una pena de cinco años de cárcel. Con el anuncio este lunes de esta medida, que será introducida en la nueva ley de Inmigración, el Gobierno de David Cameron esgrime la mano dura como respuesta a la crisis migratoria de Calais (Francia), que amenaza con desbordar a su administración.
“Las calles del Reino Unido no están pavimentadas de oro”, ha manifestado la ministra del Interior británico, Theresa May, en una frase que resume los intentos de su Gobierno de disuadir a los inmigrantes hacinados en el puerto francés de Calais de intentar acceder clandestinamente a Reino Unido a través del Eurotúnel. El paquete legislativo contra la inmigración irregular anunciado por el Gobierno británico el pasado mayo, que entre otros convertirá en delito dar empleo a los indocumentados, va a ser reforzado con la introducción de duras sanciones a los propietarios de inmuebles que alquilen pisos a los sin papeles, confirmó el ministro de Comunidades, Greg Clark.
Una vez aprobada la ley -una de las prioridades de Cameron en la reanudación del curso parlamentario tras el verano-, los caseros deberán asegurarse de que no alquilan sus inmuebles a personas que no puedan demostrar su derecho de residencia. En el caso de que los inquilinos pierdan ese derecho, les caduque el visado o les sea denegada la petición de asilo, podrán ser expulsados en algunos casos sin necesidad de una autorización judicial que hasta ahora era preceptiva. El Ministerio del Interior comunicará a quienes arrendan pisos los nombres de aquellos inquilinos que no tienen derecho a permanecer en el país, conminándoles a expulsarlos bajo amenaza de sanciones (que abarcan desde una multa hasta una pena de cárcel de cinco años) a quien incumpla la medida.
La aplicación de ese punto de la nueva ley podría conducir a “situaciones violentas”, ha advertido la asociación que agrupa a los propietarios que alquilan inmuebles (National Landlords Association). “Un inmigrante ilegal es una persona desesperada en una situación desesperada, y eso conduce a la gente a acciones también desesperadas. Afrontamos el riego de que [el inquilino] intente atrincherarse por todos los medios, incluido el uso de la fuerza”, reflexionaba en una entrevista radiofónica el director ejecutivo de ese organismo, Richard Lambert, sobre las consecuencias de las expulsiones expeditivas. El ministro Clark respondió alegando que la medida pretende “combatir a los caseros que se enriquecen con la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración”.
En el trasfondo de las nuevas medidas anunciadas están los intentos del Gobierno conservador de proyectar una imagen de firmeza ante las críticas recibidas por su gestión de la crisis de Calais. La prensa conservadora británica, y con especial ahínco los poderosos tabloides, proyectan a diario una situación de caos en la frontera con Francia que cobraría los visos de situación de emergencia nacional. Incapaces de hacer frente al elevado número de peticiones de asilo que afrontan a diario, y desbordados por la falta de albergues de acogida, los servicios sociales del condado de Kent, en el lado inglés del Eurotúnel, están pagando a razón de 150 libras a los taxistas locales para que desplacen a los inmigrantes desde Dover a Londres, ciudades a las que separan más de 100 kilómetros, informó este lunes el Daily Telegraph.
La difícil situación que se vive a ambos lados del canal de la Mancha impide determinar cifras verídicas sobre el volumen de personas que han conseguido penetrar ilegalmente en el Reino Unido desde el inicio de la crisis, aunque las autoridades de Kent estiman que en la última semana se han registrado unos 3.500 intentos de entrar en el Eurotúnel que conecta el país con Francia.
La crisis migratoria inquieta también al mundo empresarial –subrayaba este lunes el diario económico The Financial Times-, que afronta un drástico aumento de los costes al verse forzadas las compañías a buscar rutas alternativas y mucho más caras para transportar sus productos al otro lado del Canal.
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