El 25% del precio final de una vivienda corresponde a impuestos. Así, por ejemplo, para una vivienda nueva, recién construida, por la que un comprador pagaría 157.500 euros –IVA, AJD, gastos de notaría y registro incluidos–, 39.282 se destinan a tasas y tributos municipales, autonómicos y estatales.
Es decir, desde la compra del suelo, pasando por la construcción de la vivienda hasta la venta de la misma, entran en juego una serie de impuestos que provocan ese espectacular encarecimiento de la vivienda. Impuestos que por un lado paga el promotor y constructor –los asociados a la compra de los terrenos y a la construcción de las viviendas–, y por otro, el comprador cuando adquiere la vivienda.
Son los cálculos de la Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), que lleva años reclamando a nivel estatal, autonómico y municipal una bajada de impuestos que permita aliviar la presión fiscal que tienen que soportar los promotores y constructores a la hora de levantar viviendas en un entorno de crisis como el que comenzamos a dejar atrás, y que al mismo tiempo permita a los ciudadanos acceder a viviendas más baratas.
Para que nos hagamos una idea, para una vivienda cuyo coste final sería de 140.000 euros, un promotor paga casi 22.000 euros en impuestos. Recordemos también que el margen de beneficio para un promotor se sitúa hoy en día en torno al 20% sobre el precio final de venta –en este caso serían 28.000 euros–, aunque el pleno boom se llegó a alcanzar el 30%, mientras que, en el caso de una gestora de cooperativas, el margen se reduce significativamente hasta el 8% aproximadamente, es decir, hasta 11.200 euros.
Por su parte, el ciudadano de a pie tiene que pagar 17.500 euros en concepto de IVA, el impuesto autonómico de Actos Jurídicos Documentados o AJD, además de los gastos de notaría y registro.
“Desde el momento en que se compra un suelo finalista hasta que se entrega la vivienda, los promotores soportamos una enorme carga impositiva”, señala Carolina Roca, vicepresidenta de Asprima y responsable del consejo directivo del Grupo Inmobiliario Roca. “Y eso que los cálculos que muestra la tabla los hemos realizado en base a suelo finalista, es decir, no se incluyen los impuestos relacionados con el desarrollo del suelo. De ser así, la fiscalidad sobre la vivienda alcanzaría el 30%. Para que nos hagamos una idea de la fuertepresión fiscal que soportamos, la media europea se encuentra en el 16%, porcentaje en el que se mueve Alemania, mientras que en Francia, nuestro país vecino, sube al 20%", añade Roca.
Desde la asociación destacan que se trata de tributos que se han mantenido totalmente intactos en plena crisis. “No ha habido rebajas. De hecho, con las modificaciones de las referencias catastrales incluso se han producido subidas importantes en algunos puntos de la geografía española. Solamente tras la modificación de la Ley de Haciendas Locales de 2013 se ha conseguido incluir alguna bonificación a nivel local por el interés social, cultural y económico de las viviendas", apunta Carolina Roca.
Desde el sector destacan que los impuestos a pagar se han mantenido totalmente intactos en plena crisis
Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid acordaba en el mes de marzo reducir la fiscalidad del impuesto sobre construcciones o instalaciones (ICIO) y ha introducido bonificaciones a todas las obras, "lo que supone que el impuesto prácticamente desaparecerá para el 90% de las que se realizan en el municipio", recoge la página web del consistorio. Precisamente, este es el impuesto más importante dentro de los tributos municipales que soportan los promotores. En el caso del ejemplo, supone casi 2.300 euros. También destaca por su importe el AJD que debe pagar el promotor –3.360 euros–, pero especialmente el impuesto de sociedades, 7.500 euros.
"Venimos pidiendo a todos los políticos y a todos los niveles una reducción impositiva, pero lejos de bajar los impuestos pretenden que paguemos más. Así, por ejemplo, ahora nos quieren imponer el seguro trienal además del decenal. Ahora mismo no es obligatorio, pero el Ministerio de Fomento está pensando en incluirlo en un decreto ley que supondría incrementar un 3% del coste de la vivienda", explica Carolina Roca, para quien esta obligación "sólo beneficiaría a las compañías de seguros. Nos asustan con su aprobación y se escudan en que es para proteger al consumidor, pero en realidad encarece la construcción y eso al final lo paga el cliente final. Además, el cliente ya está protegido por ley".
Y concluye, "cada vez construimos de manera más eficiente, hemos rebajado los costes de construcción, las viviendas cada vez son de mayor calidad y, sin embargo, seguimos pagando los mismos impuestos".
