El Gobierno puso en marcha hace ya año y medio (en junio de 2013) la evaluación obligatoria de la eficiencia energética de los edificios existentes. El objetivo era claro: garantizar al propietario o inquilino de una casa que podría comparar, al igual que hace con otros parámetros del inmueble como son su superficie o equipamiento, la eficiencia energética del mismo antes de decidirse a comprar o alquilar.
Sin duda, se trataba de un hito importante, aunque muchos expertos criticaron entonces que dicha obligatoriedad se limitara al parque en comercialización (en venta o alquiler) y no a todos los edificios sin excepciones.
En opinión de las empresas certificadoras, este matiz, unido al poco tiempo que lleva en vigor la medida y la escasa divulgación pública que ha hecho la Administración de la misma, es lo que ha hecho que “el ciudadano no termine de asimilar qué implicaciones tiene un nivel u otro de eficiencia energética (la escala va desde la letra A, reflejo de máxima eficiencia energética a la G, la peor calificación posible) y ha propiciado que su reflejo en el valor de los inmuebles no sea aún perceptible”, explica Marta García Hernández, directora de Tinsa Certify.
Esta compañía de valoraciones, una de las más importantes del sector, ha realizado unos 36.500 certificados energéticos en este año y medio, de los que 35.000 se refieren a viviendas. El resultado es descorazonador.
El 43,07% obtiene una letra G, la peor de todas, mientras otro 36,9% logra la E, también entre las más bajas. Atendiendo a las tres peores calificaciones, E, F y G, podría decirse que casi el 95% del parque evaluado suspende. O, dicho de otro modo, apenas un 1,29% del escaso volumen de certificaciones que se han realizado obtiene alguna de las tres mejores notas (A, B o C).
Y es que otra de las conclusiones que hacen desalentador este balance realizado por Tinsa es el escaso peso que tiene aún el número de documentos emitidos sobre el total. A la espera de los próximos números oficiales, se estima que los certificados emitidos solo representan el 6% del total de edificios o el 2,5% de las casas. La picaresca existente sobre los precios que cuesta es otro de los problemas que deberá corregir el sector, si quiere que la iniciativa sea respetada por la ciudadanía.
A peor calificación, mayor consumo y más gasto
Algunas comunidades autónomas han comenzado a tramitar las primeras sanciones a particulares y empresas a quienes han descubierto que, pese a estar obligados a contar con el certificado energético, no lo tenían. Las multas osclilan entre los 1.200 y 6.000 euros. Muchos analistas recuerdan que en otros países que impusieron antes que España este documento, hasta que no comenzaron a llegar las sanciones, la ciudadanía no tomó conciencia de que debía cumplir con la norma.
El problema, sostienen desde Tinsa, es que no se ha hecho la necesaria labor divulgativa y los particulares desconocen qué ahorros se pueden obtener cuando la casa es eficiente desde el punto de vista energético.
Así, esta tasadora ha elaborado una tabla en la que puede comprobarse cómo esa clasificación de la A a la G tiene una traducción económica. “Calculando lo que hay que gastar para garantizar un nivel de confort medio en una vivienda media de Madrid (por acotar una zona climática), mientras una casa con certificado A deberá gastar 200 euros al año de media, si está catalogada con una G, el desembolso se eleva a 2.500 euros”, sostiene Tinsa. Esto afecta al esfuerzo financiero que debe asumir el demandante de esa vivienda, puesto que ese gasto es una de las necesidades básicas de las familias, y, por lo tanto, debería incidir en el precio final del inmueble. Es decir, las casas más ineficientes deberían ajustar sus precios a la baja, mientas que las más eficientes se revalorizarían. “Solo un analisis riguroso pemitirá reconocer cuál es la opción más económica a largo plazo y el inmueble con mayores posibilidades de revalorización, que no tiene por qué ser el que inicialmente parecía más atractivo”, añade Marta García, de Tinsa Certify.
