Las Comunidades Autónomas atienden también situaciones como las de desempleo, pensionistas o discapacitados. Puede acceder también a ayudas en la reducción de la renta en alquiler siempre que perciban algún ingreso. En el caso del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) la reducción de la renta es durante un máximo de dos años y cuando la renta que pagan, una vez aplicada la reducción, no podrá ser inferior a 44,87 euros durante este año.
A nivel estatal se suprimió la ayuda por deducción fiscal para la adecuación de vivienda habitual por razones de discapacidad a partir del 1 de enero de 2013. No obstante, se puede beneficiar de la deducción a aquellos contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 siempre que las obras estén terminadas antes del 1 de enero de 2017. Son deducibles las obras e instalaciones de adecuación en el interior de la vivienda así como la de ascensores, pasillos, portales o cualquier elemento común del edificio que sirva de paso. Los contribuyentes pueden deducirse el 20% de las cantidades satisfechas para la realización de las obras hasta un límite máximo (base máxima de deducción) de 12.080 euros.
Otro ejemplo es Andalucía que pretende dar salida a las 5.600 viviendas de protección oficial (VPO) públicas y privadas a través de las ayudas al alquiler de los colectivos con especial vulnerabilidad económica, con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (11.182 euros netos anuales).
Para poder acceder a estas viviendas, las personas que cumplan los requisitos pueden dirigirse hasta el próximo 1 de octubre a las entidades públicas con competencia de vivienda (diputaciones, ayuntamientos o empresas municipales) y solicitar la ayuda para 2014. El plan, en principio, tiene una dotación de 4,3 millones de euros. "Dada la demora del Gobierno central para firmar con la Junta el convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Estatal 2013-2016, la Consejería de Fomento y Vivienda ha optado por publicar esta orden que está financiada con fondos autonómicos sin perjuicio de que, con posterioridad, puedan ser complementados con dinero estatal", ha explicado Elena Cortés, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, la bolsa de vivienda del Gobierno de Canarias, con cerca de 10.000 pisos en alquiler social, pretende también sacar de forma urgente al mercado todos aquellos pisos desocupados que están en manos de entidades financieras e inmobiliarias.
El Gobierno de Canarias ha gestionado un alquiler para más de 400 familias isleñas con dificultades económicas. En concreto, se ha entregado por el sistema de adjudicación directa, un total de 56 viviendas de promoción pública a familias con graves dificultades sociales y económicas por las que pagarán un alquiler subvencionado de entre 2 y 90 euros al mes, dependiendo del número de habitaciones y los ingresos.
El Gobierno de Canarias ha movilizado también, un total de 380 viviendas que fueron construidas por la empresa pública Visocán para la venta y que, ante la desaparición de las ayudas estatales para la compra de vivienda protegida no se habían conseguido vender y el Gobierno canario optó por dinamizar en alquileres mucho más económicos.
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