Históricamente la construcción de vivienda nueva ha tenido en España un fuerte ritmo de crecimiento debido a una multitud de factores que afectan a la demanda, entre los cuales se podría destacar el crecimiento de la población, el abandono del campo y la generalización de la segunda vivienda. A esta demanda se une un aspecto cultural importante por el cual el modelo español está basado en la adquisición de la vivienda en propiedad, cuestión alimentada por el hecho que el crecimiento especulativo del precio del suelo en España ha superado con mucho la depreciación del valor físico del edificio, con lo que se justifica como inversión financiera incluso aunque no se use la vivienda.
El cambio demográfico y el pinchazo de la reciente burbuja inmobiliaria que ha dejado un stock construido suficiente para cubrir la demanda durante bastantes años, ha cambiado radicalmente el panorama del sector de la edificación. Además de la crisis del modelo, aparecen en el sector otros problemas asociados a la sostenibilidad energética y medioambiental. El parque de viviendas existentes presenta serios problemas relacionados con el consumo energético necesario para usarlas. Se calcula que un 30% de la energía que se consume en España se hace en edificios, mayoritariamente en viviendas.
El parón en el crecimiento de la demanda, que se apoyaba en la especulación del suelo, hace aflorar ahora el coste energético como principal factor de insostenibilidad, tanto para el ciudadano individual como para el país, así como el coste medioambiental que lleva asociado. El futuro está en intervenir para la transformación del parque de viviendas ya construido para adaptarlo a las nuevas necesidades de la sociedad española, lo que conlleva un cambio sectorial y tecnológico profundo. Nuevos agentes y roles diferentes en los que ya están en el sector. Nuevo modelo de negocio, otro tipo de conocimiento. Una reconversión del sector de la edificación hacia la rehabilitación.
Todo ello plantea una serie de retos a los cuales el sector debe dar respuesta y que se engloban en satisfacer el derecho de una vivienda digna para todos con una fuerte reducción de la huella global de carbono, generando ahorro energético y económico, y coadyuvando a la mejora de la productividad y la creación de empleo que nuestro país necesita.
Una clara vía de actuación para el sector es la rehabilitación de los edificios existentes con un enfoque decidido hacia la eficiencia energética, multiplicando por diez el volumen de rehabilitación actual, hasta rehabilitar unas 350.000 viviendas al año frente a las 30.000 o 40.000 actuales. Según el Grupo de trabajo para la rehabilitación (GTR) que coordina el Green Building Council junto con la Fundación Conama, ese lanzamiento de la rehabilitación supondría una inversión en eficiencia energética hasta el año 2050 de unos 170.000 millones de euros y evitará un coste en energía y emisiones de 300.000 millones de euros. Esta inversión sólo es posible con la movilización de capital privado, y ello requiere que la Administración asuma el problema y promueva el cambio. Pero aunque la inversión es necesaria y solvente, es un reto de inversión a largo plazo, de sociedad madura. La Administración debe actuar como impulsora del nuevo modelo, regular, generar la confianza, facilitar garantías jurídicas y económicas, involucrar al ICO, etcétera. La recuperación vía IVA, la menor economía sumergida y el crecimiento del empleo (más ingresos fiscales y menos gasto en desempleo) dejan margen para ayudas públicas de apoyo a la rehabilitación y para la desgravación fiscal.
En este panorama hay una importante tarea de concienciación tanto en la Administración Pública que debería liderar estos procesos como al ciudadano como receptor del impacto que los beneficios y efectos que la construcción sostenible tiene sobre su salud y su vida cotidiana.
Las Administraciones Públicas se preguntan cómo se podrían reducir estas emisiones (los llamados sectores difusos entre los que se encuentra la edificación son responsables del 50% de las emisiones de CO2 en España) para cumplir los objetivos y obligaciones que se derivan de nuestros compromisos internacionales. Máxime en una Europa que a va a ser cada vez más exigente en la materia, porque su competitividad futura se basa en el valor diferencial de su clean economy.
Pero también es importante concienciar al ciudadano. Al propietario de una vivienda hay que explicarle que si no se hace la inversión, a largo plazo el coste va a ser bastante mayor y va a quedar preso de los incrementos futuros de la energía.
Podrá quejarse afirmando “lo que ahora me dices es que tengo que volver a pagar mi vivienda”, pero van a tener que hacerlo porque el comprador, consciente o inconscientemente, invirtió en suelo en tiempos en los que éste era un valor especulativo, y a partir de ahora, tendrá que dedicar recursos a transformar su vivienda, principalmente en términos de eficiencia energética, ya que el valor del suelo, en una buena parte, se ha esfumado. Debe pensar que la operación rentable ahora es trasvasar valor de cambio de su vivienda a valor de uso, a mejorar su calidad y su eficiencia, liberándole con ello de asumir costes mayores en el futuro. Esa transformación del sector de la edificación hacia la rehabilitación implica pues –además de los profundos cambios en el ámbito normativo, financiero y organizativo– un cambio de cultura de la sociedad para afrontar lo que significa un trasvase del valor de cambio de la vivienda hacia un valor de uso. Una transformación que necesita innovación en todos los niveles –social, económico, productivo– que están implicados en ella.
A menudo olvidamos que la innovación no es exclusiva del sector tecnológico, sino que es posible y necesario innovar en todos los ámbitos productivos. La innovación necesaria hoy en el sector de la edificación es un ejemplo de ello, pues la innovación que precisa no es comparable a la del sector industrial. En la situación actual se hace necesario construir diferente –sobre lo construido– más fácil, mejor, de una forma más segura, con menor coste, mayor rentabilidad, y de una forma más sostenible.
Cuando la transformación del sector hacia la rehabilitación empiece a ser un hecho, el incremento de la demanda generará innovación, una innovación que debe estar dirigida a hacer viable social y económicamente la internalización de los actuales impactos ambientales de la edificación, a la creación de empleo de calidad en el sector y, en definitiva, a satisfacer con la máxima eficiencia de recursos las demandas de habitabilidad de los hogares españoles.
Una innovación que arrastrará la innovación en los sectores industriales que su necesidad de recursos y servicios pondrá en marcha, y que debería ser uno de los vectores de la transformación de nuestra economía hacia una economía verde. Una innovación ligada a la puesta en marcha de un nuevo modelo energético basado en la eficiencia energética y en el uso de renovables puesto que debe estar dirigido hacia el edificio casi cero energía, edificios que ofrezcan la habitabilidad sin un consumo energético ineficiente y no renovable. Una innovación ligada también a los procesos de gestión de una habitabilidad que es una demanda social inexcusable, reconocida por la Constitución, y cuya satisfacción debe ser el principal objetivo del sector.
Albert Cuchí es profesor de la UPC y miembro de GTR.
Paloma Domingo es miembro del Foro de Empresas Innovadoras y Directora del Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid.
Fuente: http://www.cincodias.com/
