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La nueva legislación hipotecaria que el Gobierno impulsó ahora hace un año como respuesta a la oleada de desahucios que desató la crisis no ha impedido que el número de embargos hipotecarios que se producen en España siga incrementándose. Los datos a cierre de 2013, ofrecidos este lunes por el Banco de España, revelan que la banca se adjudicó 49.964 viviendas de particulares a lo largo del pasado año.
La cifra supone un incremento del 11% respecto a las 44.745 adjudicaciones de 2012. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los embargos sobre vivienda habitual remitieron ligeramente, pasando de 39.051 a 38.961, y que la evolución al alza responde al incremento en las ejecuciones sobre segundas residencias, que se duplicaron hasta alcanzar 10.733.
A partir de ahí, 21.521 del conjunto total de viviendas fueron entregadas “voluntariamente” a las entidades, lo que implica que hubo algún tipo de acuerdo entre el acreedor y el banco.
En la mayoría de los casos, 16.173, este se basó en un pacto de dación en pago: la entrega de vivienda como única condición para saldar el conjunto de la deuda hipotecaria, que en condiciones normales el hipotecado sigue arrastrando de por vida.
Así, pese a la oposición en bloque de la banca a generalizar esta solución, como sugirieron algunos grupos parlamentarios durante la elaboración de la nueva normativa, un tercio de los embargos se resuelven ya con este tipo de acuerdos.
Fomentar esta vía, sin imponerla, era parte del espíritu de la nueva legislación hipotecaria si bien lo cierto es que la cifra prácticamente no ha crecido con respecto a 2012. Aquel año solo se produjeron 206 daciones en pago menos y, de hecho, se cerraron 2.000 más en el caso de viviendas habituales.
La estadística revela, en todo caso, que la banca accedió a liberar al acreedor de la deuda restante en el 34% de los 94.439 desahucios sellados en los dos últimos ejercicios.
Pese a peso de este tipo de acuerdos, durante el año pasado 21.054 familias se vieron forzadas a dejar su vivienda habitual por decisión judicial. En 1.668 de los casos, los ocupantes permanecían en la residencia en el momento de la ejecución hipotecaria, es decir, que fueron desahuciados a la fuerza –en 2013 fueron 2.872– y en 93 de los casos intervinieron las fuerzas del orden.
Resulta llamativo que el número de desahucios forzosos fuera mayor en segundas residencias, 2.060 de las cuáles permanecían ocupadas en el momento de la ejecución, si bien en muchos casos no se trata de “la casa de la playa” sino de un piso en el que viven otros miembros de la familia.
La estadística que publica el Banco de España está considerada como la más fiable en el caso de la evolución de los desahucios dado que se basa en datos facilitados por las propias entidades y que incluyen al grueso del sector financiero.
