La propiedad parcial de una vivienda protegida sigue siendo la opción por la que apuestan la mayoría de las familias. El sistema de viviendas públicas establece que las familias que logran una VPO pagan por la casa, el derecho de superficie, mientras el suelo sigue en manos del Gobierno. Es la fórmula para que las viviendas de protección oficial tengan precios más bajos que las del parque privado y supone que, al cabo de los 75 años, la vivienda vuelva a manos de la administración pública. Coincidiendo con la crisis, el Gobierno ha tratado en cuatro ocasiones de que el suelo también sea comprado por esas familias, pero sus intentos no han atraído a la mayoría de los afectados. La última convocatoria, cuya prórroga finaliza en dos semanas, aspira a llegar al 2% de quienes pueden sumarse a ella. Para lograrlo, se han suprimido por primera vez los límites de renta, recogidos en las primeras tres convocatorias para negar esa posibilidad a quienes hayan mejorado su nivel de renta con cifras superiores a 50.000 euros anuales. Para encontrar las primeras VPO que se empezaron a vender con el derecho de superficie en manos del Ejecutivo hay que volver la mirada a 1991. La práctica se mantiene hoy en día.
La fecha no es baladí, porque supone que en 2066 se empezarán a registrar los primeros casos de devolución de las viviendas a la administración pública. La razón es que, en ese tiempo, el piso, local o garaje de protección oficial que se adquirió ha ido devaluándose hasta que lo único que mantiene ese valor es el suelo, suelo que pertenece a la administración. El de la devolución de viviendas es un escenario que los gestores no tienen claro cómo se afrontará. Miren Saratxaga, directora de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, resalta que lo importante en esta cuestión es que los compradores sepan que una VPO en propiedad en realidad supone un alquiler a largo plazo, más que la compra de ese piso. “Si se dividen los 75 años en doce meses, el coste es parecido al del alquiler social”, ahonda el que fuera viceconsejero de Vivienda durante la época de Javier Madrazo, Javier Burón, hoy gerente de la empresa Urbania ZH Gestión. El escenario es tan a largo plazo que no muchos lo tienen en cuenta. Pero los retornos se tendrán que realizar “sin ningún tipo de indemnización”, avisa Saratxaga.
“La Constitución no recoge el derecho a la propiedad ni a la herencia, sino el de la vivienda”, resalta Burón, que señala que, llegado el momento, “la administración tendrá que decidir si seguir ayudando y a quiénes, puede readjudicar la VPO por 99 años más”. En muchos casos ese cambio de manos al término de los 75 años afectará a los herederos de quienes se hicieron con una VPO en propiedad o a quienes la compraron a esos adjudicatarios —tanto los que tenían una VPO que a los 20 años pasa a ser libre como a los que la venden de VPO permanente— porque el contador de los 75 años sigue en marcha. La primera convocatoria fue precisamente dirigida a las VPO con calificación por 20 años. El Gobierno socialista vendió el suelo con la condición de que las viviendas se convirtieran en VPO de forma permanente —con posibilidad de venta, pero siempre a precios públicos—. Los cuatro intentos para evitar un escenario en el que la administración vuelva a asumir VPO en propiedad y para lograr liquidez han tenido un éxito limitado. En la primera convocatoria, con 14.400 VPO que podían comprar, lo hicieron el 12,2%. En la segunda, de 7.200, un 16,9%.
En la tercera el porcentaje se desplomó al 4,14% de las 19.838 y en la cuarta, en una prórroga planteada por Vivienda para sumar más personas, la previsión es alcanzar tan solo el 2%, 382 viviendas —en marzo había 312 solicitudes—. El Gobierno facilita dar el paso a través de un convenio financiero de 2012 con préstamos para impulsar los pagos de hasta cerca de 18.000 euros. ¿Y el resto? La crisis es uno de los factores que han podido incidir en la renuncia a hacer uso de la opción de que la vivienda quede en manos de la familia sin esa fecha de caducidad. Burón indica que hace una década, Madrid realizó un proceso similar que fue un “éxito”. Las convocatorias de venta de suelo se han producido todas ellas en plena crisis, porque además de cubrir un aspecto de cierta inestabilidad en la propiedad supone dotar de liquidez al Ejecutivo en años en los que los recursos escasean. En las primeras tres fases la compra de suelo supuso en total a las arcas públicas un retorno de 45 millones de euros. Pero Saratxaga recuerda que hay personas que libremente deciden no hacerlo porque no está entre sus necesidades. El Gobierno analizará a lo largo de este año si abrir nuevas convocatorias en el futuro o plantear la opción de que la convocatoria esté abierta permanentemente, sin plazos.
Una herramienta sin unanimidad
La de la venta del suelo público sobre el que descansan miles de VPO es una herramienta que no tiene un acuerdo unánime entre los partidos políticos y los gestores de la política pública de vivienda. El Gobierno anterior, con el PSE en el poder, recibió importantes críticas por parte del PNV cuando puso en marcha la venta de suelo. Su portavoz parlamentario en la materia, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, aseguraba que hay “muchas más alternativas posibles al abandono obligatorio” de la vivienda por parte de las familias a los 75 años y acusó a la administración de “vender para hacer caja, privatizar viviendas públicas para hacer caja”. Sin embargo, la crítica PNV-PSE se ha convertido en acuerdo con la vuelta del PNV al Gobierno. Un año después de recuperar la Lehendakaritza, el PNV, con el área de vivienda en manos del consejero Juan María Aburto, retomó la práctica de la administración socialista con una cuarta convocatoria de venta de suelo y ahora ha abierto la reflexión de mantener la posibilidad de comprar ese suelo de manera ininterrumpida. Para sumar a más familias a la compra de suelo, el Ejecutivo ha eliminado por primera vez la restricción a propietarios de VPO cuyas rentas sean superiores a 50.000 euros, que hasta ahora no podían acogerse a esta alternativa. La convocatoria acaba este mes después de una prórroga del plazo inicialmente previsto —en marzo no se había alcanzado, con 312 peticiones, la cifra prevista de nuevos solicitantes, de 380—. El exviceconsejero Javier Burón, parte del gabinete de Vivienda en la época de Javier Madrazo, asegura que la venta del derecho de superficie como una vía para lograr recursos en tiempos de crisis es “comprensible”, pero advierte de que en la política de vivienda es “vender el coche para pagar la gasolina” y se muestra reacio a dar este tipo de pasos porque se trata de bienes públicos en una situación de crisis. “Es como vender quirófanos”, argumenta el excargo público.
