Año y medio después de que el Gobierno presidido por Rajoy anunciara la puesta en marcha de un plan para racionalizar el patrimonio inmobiliario del Estado, ya se ha puesto sobre la mesa una cifra, hay 15.135 inmuebles para vender. Número al que se ha llegado a pesar de — según el propio documento de Reforma de la Administración— "falta de información precisa y actualizada, elevada dispersión de sedes, elevados costes de arrendamiento, reducidos niveles de ocupación y patrimonio sin utilizar".
Cuantificados los inmuebles, el siguiente paso es el de "identificar operaciones significativas de enajenación o explotación". Tarea ingente en la que tendrá numerosos asesores, respondiendo a las "fórmulas para incorporar asistencia técnica especializada" a las que se refiere el programa cuyo paso previo es la aprobación del Programa para la Puesta en Valor de los Activos Inmobiliarios del Estado.
"Cualquier actuación inmobiliaria de la Administración que implique la participación de empresas especializadas y profesionales será muy buena para el mercado", comentan desde la recién creada Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), de la que forman parte Aguirre Newman, CBRE, Jones Lang LaSalle y Knight Frank, cuatro de esas empresas que pugnan por la gestión de activos inmobiliarios junto a las grandes auditoras como KPMG, Deloitte o PwC, también situadas en procesos de venta masivos por parte de Ayuntamientos, Comunidades y Administración central.
Jones Lang Lasalle acaba de asesorar la operación por la que la Generalitat de Catalunya ha vendido 13 inmuebles a AXA Real Estate por 172 millones; PwC ha sido el artífice del plan de salvamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), y KPMG, la elegida por RTVE para la venta de 30 edificios valorados en casi 200 millones. Un contrato logrado tras rebajar su oferta a casi la mitad de lo licitado.
Desde mayo de 2012, el Estado ha ingresado cerca de 90 millones de euros por venta de inmuebles. En su mayoría, tras las ventas promovidas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, uno de los seis gestores patrimoniales identificados por el Estado junto a la Dirección General del Patrimonio, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad, Adif, SEPI o la Seguridad Social.
Entre los bienes a enajenar, los que Hacienda y Defensa, principales propietarios, ofrecen o tienen intención de hacerlo en los próximos meses. Hacienda contempla la venta inmediata de 65 de los 423 inmuebles urbanos de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Entre ellos, varios en Madrid, como el antiguo edificio de Radio Televisión Española en el paseo de La Habana o la antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el paseo de la Castellana, 19. Otro de los proyectos de Hacienda es tras reubicar los servicios del Parque Móvil del Estado, y sacar provecho a la parcela de la calle de Cea Bermúdez, por la que alguna cooperativa de viviendas ya ha mostrado tener interés.
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