Se llama Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios y es un documento que han firmado más de 500 juristas de toda España. Desde su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago, todos ellos exigen al PP que rectifique la reforma hipotecaria para adaptarla a la normativa comunitaria y evitar que España se convierta en "un paraíso para las entidades financieras" en el ámbito inmobiliario.
El texto pide al PP que no desperdicie esta oportunidad histórica, ya que consideran que sería la primera de las piezas para salir de la crisis económica. En esta línea, reclaman que se introduzcan en la reforma de la ley hipotecaria medidas de protección como la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de los desahucios. La reforma se tramita estos días en el Senado tras su aprobación en el Congreso con los únicos votos del PP.
"Las medidas que recoge la ILP son jurídicamente posibles y económicamente necesarias para dejar que este país sea una isla y no se convierta en un paraíso para las entidades financieras", ha destacado Martín Batllori, abogado y miembro de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular.
La dignidad de la persona y los derechos del consumidor
La reforma, defienden, debe dar respuesta a la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuestionaba la legalidad de la normativa española: "La ley debe adaptarse a los estándares europeos para que finalice la violación sistemática de derechos humanos que comportan las ejecuciones hipotecarias en este país".
En la declaración, los juristas avalan la ILP tanto por el millón y medio de firmas como por considerarlo un elemento útil para garantizar a las personas una segunda oportunidad en los procedimientos de desahucios, que han calificado como uno de los aspectos más dramáticos de la sociedad.
El manifiesto, al que se han adherido jueces, fiscales, abogados, notarios, procuradores, secretarios judiciales, catedráticos de Derecho y el Consejo General de la Abogacía Española, denuncia que las respuestas normativas y las medidas adoptadas son insuficientes y no están ayudando a resolver el aumento de los desahucios.
"No podemos equiparar el dinero a los derechos fundamentales, esa no es nuestra cultura y hay que respetar la dignidad de la persona", ha manifestado Carlos Carnicer, presidente de la Abogacía Española, que ha recordado al Senado que "todavía tiene tiempo de rectificar con la voz de juristas y del pueblo".
La declaración cuenta también con el respaldo del juez José María Fernández Seijo, que llevó ante la justicia europea la normativa española sobre desahucios y que ha considerado el texto del PP como "un monstruo de Frankenstein legislativo" porque no contempla la retroactividad en la dación en pago, "cuando este mismo partido sí incluyó la retroactividad en la reforma laboral".
"Las personas que compran pisos son consumidores y tienen las mismas obligaciones y derechos que aquellos que compran un producto", ha indicado el magistrado, quien ha considerado que "no hay problemas por descambiar yogures o cámaras de fotos, pero sí con viviendas debido a las cláusulas abusivas".
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