La Ley Hipotecaria española puede empezar a ser otra desde este jueves. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminará este 14 de marzo si la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores.
En Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe fallar sobre si la actual Ley Hipotecaria española es compatible con los derechos de los consumidores que consagra la Directiva europea 93/13/EEC en relación a la petición de toda la deuda tras un impago.
El caso tiene su origen en un desahucio ocurrido en 2011. Mohamed Aziz era desahuciado de su piso de protección oficial de Mataró por Catalunya Caixa. El asunto pasó por el juzgado del magistrado de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo.
El letrado hizo algo más que aplicar la ley vigente y envió al Tribunal de Luxemburgo una petición de decisión prejudicial. El juez planteaba al TUE que evaluase si con el actual sistema español, la actual Ley Hipotecaria, se limitan las posibilidades de defensa del consumidor en las ejecuciones hipotecarias. Fernández Seijo preguntó si no resultaban desproporcionados el vencimiento anticipado y la aplicación de intereses de demora del 18%.
Tendría que haber cambios en la ley hipotecaria
En noviembre del pasado año, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, dictaminó que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea. Y la viola, explicó, por permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
Dado que normalmente las conclusiones de la abogada general suelen ser confirmadas por los magistrados del TUE –así suele ser en el 80% de los casos–, todo indica que este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará que la legislación española de desahucios vulnera la protección de los consumidores.
Si eso ocurre, como esperan casi todos los actores implicados en el proceso, los jueces españoles tendrían ya en su mano un instrumento que les permitiría paralizar los desahucios en marcha, entrando a valorar si los contratos contienen cláusulas abusivas.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ya ha anunciado que tendrá que haber modificaciones en la ley hipotecaria española si el Tribunal de Justicia de la UE la declara incompatible con el derecho europeo.
A la espera de la sentencia, el PP en el Congreso decidió hace unos días retrasar los siguientes pasos en la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios –que se aglutinará con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago–.
Fuente: http://www.20minutos.es/
En Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe fallar sobre si la actual Ley Hipotecaria española es compatible con los derechos de los consumidores que consagra la Directiva europea 93/13/EEC en relación a la petición de toda la deuda tras un impago.
El caso tiene su origen en un desahucio ocurrido en 2011. Mohamed Aziz era desahuciado de su piso de protección oficial de Mataró por Catalunya Caixa. El asunto pasó por el juzgado del magistrado de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo.
El letrado hizo algo más que aplicar la ley vigente y envió al Tribunal de Luxemburgo una petición de decisión prejudicial. El juez planteaba al TUE que evaluase si con el actual sistema español, la actual Ley Hipotecaria, se limitan las posibilidades de defensa del consumidor en las ejecuciones hipotecarias. Fernández Seijo preguntó si no resultaban desproporcionados el vencimiento anticipado y la aplicación de intereses de demora del 18%.
Tendría que haber cambios en la ley hipotecaria
En noviembre del pasado año, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, dictaminó que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea. Y la viola, explicó, por permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
Dado que normalmente las conclusiones de la abogada general suelen ser confirmadas por los magistrados del TUE –así suele ser en el 80% de los casos–, todo indica que este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará que la legislación española de desahucios vulnera la protección de los consumidores.
Si eso ocurre, como esperan casi todos los actores implicados en el proceso, los jueces españoles tendrían ya en su mano un instrumento que les permitiría paralizar los desahucios en marcha, entrando a valorar si los contratos contienen cláusulas abusivas.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ya ha anunciado que tendrá que haber modificaciones en la ley hipotecaria española si el Tribunal de Justicia de la UE la declara incompatible con el derecho europeo.
A la espera de la sentencia, el PP en el Congreso decidió hace unos días retrasar los siguientes pasos en la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios –que se aglutinará con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago–.
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