Para levantar el macrocasino que Sheldon Adelson, el rey del juego, proyecta en Alcorcón se crearán, en la fase inicial, 40.000 empleos directos y 80.000 indirectos, en principio muchos dedicados a la construcción del complejo. Pero harían falta más de 20 Eurovegas para que el ladrillo español pudiera volver a su apogeo. Desde comienzos de 2008, cuando estalló la crisis, se han destruido casi 2,5 millones de puestos de trabajo en la construcción y ramas de actividad afines, como ferralla, muebles, cemento, arquitectura y comercio inmobiliario.
Nunca la construcción había caído tan rápido y desde tan alto. Justo antes del desplome, el sector empleaba a 2,7 millones, un 13% de todos los ocupados. Cinco años después, con los datos de la última encuesta de población activa (EPA), a finales del año pasado el ladrillo apenas daba trabajo a poco más de un millón de personas, un 6,3% del total, un porcentaje que supera con mucho el mínimo marcado en las otras grandes crisis anteriores (el anterior, en 1985, véase gráfico). El hundimiento sigue, aunque el profesor Josep Oliver comienza a ver su final: “Creo que ya está acabando. Es cierto que se ha sumado el ajuste de la obra pública, pero es la que usa mano de obra de forma menos intensiva”.
De la caída de la inversión en infraestructuras hablan los datos de Seopan, que agrupa a las grandes empresas del sector. La licitación pública ha pasado del pico de 46.690 millones de euros de 2006 a apenas 7.370 millones el año pasado. El primer año negro fue 2010. “Desde el inicio de la crisis en la inversión pública española, en enero de 2010, el año pasado fue el ejercicio de mayor ajuste con una reducción anual de la inversión pública del 36%”, explica Julián Núñez, presidente de Seopan. “En teoría, los ajustes anuales de inversión programados para 2013 y 2014 son inferiores (del -6% y el -12%, respectivamente), y nuevamente en teoría se podría afirmar que lo peor ha pasado”, considera Núñez, que advierte sin embargo de que el inicio presupuestario en 2013 “anticipa unas cifras de ejecución de inversión significativamente inferiores a lo previsto”.
Apoyado en esto, Juan Carlos Barrero, responsable del sector en MCA-UGT, tiene una visión muy pesimista: “No le veo un final. No hay obra, el Ministerio de Fomento está desaparecido. Sobre todo desde 2010”. La afirmación de Barrero se aprecia en los detalles de la EPA, en la que se ve cómo los trabajadores dedicados a la construcción de edificios, sobre todo de viviendas, sufrieron la mayor parte de la sangría hasta 2010 (750.000 empleos perdidos de un total de un millón), mientras que en la obra pública el golpe más duro llegó después (260.000 de medio millón).
No solo se ha hundido la inversión en nuevas infraestructuras. El número de viviendas iniciadas ha pasado de las más de 600.000 anuales de los buenos años (2004, 2005, 2006…) a las poco más de 50.000 de 2011 o las menos de 20.000 que se empezaron a construir hasta junio de 2012, según el Ministerio de Fomento.
Pero de aquellos bosques de grúas emergieron muchas viviendas que todavía no se han vendido (676.000 pisos nuevos) y que, junto con la falta de crédito, frenan las nuevas promociones. El catedrático Oliver reconoce que de forma agregada sí que existe ese sobrante, pero matiza: “Hay stock en el Mediterráneo”. Según los cálculos de MCA-UGT, más del 50% se sitúa en esta costa. La lectura de estos apuntes sería que la demanda en otras zonas y en grandes ciudades existe y emergerá en cuanto los bancos vuelvan a conceder préstamos.
A esta tesis se apunta la patronal mayoritaria del sector, la CNC: “El stock está en zonas malas y será difícil venderlo en mucho tiempo. Pero hay demanda. En el norte existe. Lo que pasa es que está dormida, porque no hay financiación. Hay promociones construidas que no se venden porque no se conceden las subrogaciones de hipotecas”.
A pesar de estos análisis, que buscan huir de la desolación, si se presta atención al oráculo del sector —el cemento, considerado un indicador adelantado de la actividad económica— la crisis va para largo. El año pasado el consumo de este material registró la mayor caída desde 1936 por la crisis, un 34%, hasta los 13,5 millones de toneladas, frente a los 55 millones que se llegaron a consumir en un ejercicio a mediados de la década pasada. “A fecha de hoy solo un 40% de la capacidad instalada está operativa y, a la vista de la demanda esperable en la construcción pública y privada, es difícil que pueda mantenerse la capacidad instalada de la industria en nuestro país”, afirma Aniceto Zaragoza, director general de la patronal Oficemen.
Desde que estalló la crisis, el sector ha perdido más de 2.000 puestos de trabajo (de 7.700 trabajadores en 2007 a los 5.000 actuales). Las regulaciones de empleo han llegado a firmas como Holcim o Portland.
Los constructores piden más inversión pública para frenar la sangría de parados. “En las actuales circunstancias el empleo no lo puede crear el sector privado y tiene que ser la Administración pública quien lo haga”, asegura Jaime Lamo de Espinosa, presidente de ANCI, que agrupa a las constructoras de tamaño mediano. Esta asociación propone que se apruebe un crédito extraordinario de 6.000 o 7.000 millones de euros para que el impacto sobre el empleo se note en el cuarto trimestre del año. Un 20% del dinero debería ir a reactivar obras paralizadas. “Según nuestros cálculos, si se invierte en infraestructuras, de transporte o hidráulicas, un millón de euros implica la creación de entre 18 y 32 puestos de trabajo con un retorno fiscal (menos subsidios, más cotizaciones a la Seguridad Social, más consumo y más IVA) del 50%-60% de lo invertido, es decir, reducción de parados”, añade Lamo de Espinosa.
Para Seopan, hay dos elementos clave. Primero que se cumplan las previsiones presupuestarias y, segundo, los plazos de pago por parte de las Administraciones públicas. “Resuelto lo anterior, la obligación más inmediata y fácil para impulsar el sector de la obra civil sería contraer presupuesto en lugar de detraerlo sistemáticamente”, señala Julián Núñez. “A modo de ejemplo, la cartera oficial de inversión plurianual pendiente de ejecutar supera con creces los 30.000 millones de euros; si se anticipase la ejecución de un tercio de la cartera en un ejercicio se crearían 180.000 puestos de trabajo, con un retorno fiscal para la hacienda pública de 6.200 millones”, remata.
“El presidente del Gobierno tiene que coger el toro por los cuernos. Todo el mundo se queja del Plan E, pero frenó algo la caída. Ahora nada. Si se compara con el esfuerzo que se hace en otros sectores, para salvar 2.000 o 3.000 empleos”, lamentan en la CNC. Dejando al lado el sector público, esta patronal, en primer lugar, tira de manual cuando apunta hacia el futuro, “reforma y rehabilitación”, pero también exige luchar contra la economía sumergida para garantizar la supervivencia del sector.
También los sindicatos ven futuro en la reforma. Y en esa dirección apunta el plan de vivienda que se ultima en el Ministerio de Fomento, que hablará mucho de rehabilitación y poco de construcción. Pero es el único guante que parece estar dispuesto a recoger el Gobierno, que parece querer más recortes de inversiones y no adelantarlas. Estas intenciones se ven en el futuro plan de infraestructuras, el llamado PITVI, que supone una caída muy importante de las inversiones. En total, el nuevo plan, que estará en vigor hasta 2024, prevé una inversión de 136.627 millones, un 0,8% del PIB. En los mejores años del boom (2006-2008), la inversión llegó al 4% del PIB, según fuentes del sector. En la década previa a la crisis la media rondó el 2%.
Fuente: http://www.elpais.com/
Nunca la construcción había caído tan rápido y desde tan alto. Justo antes del desplome, el sector empleaba a 2,7 millones, un 13% de todos los ocupados. Cinco años después, con los datos de la última encuesta de población activa (EPA), a finales del año pasado el ladrillo apenas daba trabajo a poco más de un millón de personas, un 6,3% del total, un porcentaje que supera con mucho el mínimo marcado en las otras grandes crisis anteriores (el anterior, en 1985, véase gráfico). El hundimiento sigue, aunque el profesor Josep Oliver comienza a ver su final: “Creo que ya está acabando. Es cierto que se ha sumado el ajuste de la obra pública, pero es la que usa mano de obra de forma menos intensiva”.
De la caída de la inversión en infraestructuras hablan los datos de Seopan, que agrupa a las grandes empresas del sector. La licitación pública ha pasado del pico de 46.690 millones de euros de 2006 a apenas 7.370 millones el año pasado. El primer año negro fue 2010. “Desde el inicio de la crisis en la inversión pública española, en enero de 2010, el año pasado fue el ejercicio de mayor ajuste con una reducción anual de la inversión pública del 36%”, explica Julián Núñez, presidente de Seopan. “En teoría, los ajustes anuales de inversión programados para 2013 y 2014 son inferiores (del -6% y el -12%, respectivamente), y nuevamente en teoría se podría afirmar que lo peor ha pasado”, considera Núñez, que advierte sin embargo de que el inicio presupuestario en 2013 “anticipa unas cifras de ejecución de inversión significativamente inferiores a lo previsto”.
Apoyado en esto, Juan Carlos Barrero, responsable del sector en MCA-UGT, tiene una visión muy pesimista: “No le veo un final. No hay obra, el Ministerio de Fomento está desaparecido. Sobre todo desde 2010”. La afirmación de Barrero se aprecia en los detalles de la EPA, en la que se ve cómo los trabajadores dedicados a la construcción de edificios, sobre todo de viviendas, sufrieron la mayor parte de la sangría hasta 2010 (750.000 empleos perdidos de un total de un millón), mientras que en la obra pública el golpe más duro llegó después (260.000 de medio millón).
No solo se ha hundido la inversión en nuevas infraestructuras. El número de viviendas iniciadas ha pasado de las más de 600.000 anuales de los buenos años (2004, 2005, 2006…) a las poco más de 50.000 de 2011 o las menos de 20.000 que se empezaron a construir hasta junio de 2012, según el Ministerio de Fomento.
Pero de aquellos bosques de grúas emergieron muchas viviendas que todavía no se han vendido (676.000 pisos nuevos) y que, junto con la falta de crédito, frenan las nuevas promociones. El catedrático Oliver reconoce que de forma agregada sí que existe ese sobrante, pero matiza: “Hay stock en el Mediterráneo”. Según los cálculos de MCA-UGT, más del 50% se sitúa en esta costa. La lectura de estos apuntes sería que la demanda en otras zonas y en grandes ciudades existe y emergerá en cuanto los bancos vuelvan a conceder préstamos.
A esta tesis se apunta la patronal mayoritaria del sector, la CNC: “El stock está en zonas malas y será difícil venderlo en mucho tiempo. Pero hay demanda. En el norte existe. Lo que pasa es que está dormida, porque no hay financiación. Hay promociones construidas que no se venden porque no se conceden las subrogaciones de hipotecas”.
A pesar de estos análisis, que buscan huir de la desolación, si se presta atención al oráculo del sector —el cemento, considerado un indicador adelantado de la actividad económica— la crisis va para largo. El año pasado el consumo de este material registró la mayor caída desde 1936 por la crisis, un 34%, hasta los 13,5 millones de toneladas, frente a los 55 millones que se llegaron a consumir en un ejercicio a mediados de la década pasada. “A fecha de hoy solo un 40% de la capacidad instalada está operativa y, a la vista de la demanda esperable en la construcción pública y privada, es difícil que pueda mantenerse la capacidad instalada de la industria en nuestro país”, afirma Aniceto Zaragoza, director general de la patronal Oficemen.
Desde que estalló la crisis, el sector ha perdido más de 2.000 puestos de trabajo (de 7.700 trabajadores en 2007 a los 5.000 actuales). Las regulaciones de empleo han llegado a firmas como Holcim o Portland.
Los constructores piden más inversión pública para frenar la sangría de parados. “En las actuales circunstancias el empleo no lo puede crear el sector privado y tiene que ser la Administración pública quien lo haga”, asegura Jaime Lamo de Espinosa, presidente de ANCI, que agrupa a las constructoras de tamaño mediano. Esta asociación propone que se apruebe un crédito extraordinario de 6.000 o 7.000 millones de euros para que el impacto sobre el empleo se note en el cuarto trimestre del año. Un 20% del dinero debería ir a reactivar obras paralizadas. “Según nuestros cálculos, si se invierte en infraestructuras, de transporte o hidráulicas, un millón de euros implica la creación de entre 18 y 32 puestos de trabajo con un retorno fiscal (menos subsidios, más cotizaciones a la Seguridad Social, más consumo y más IVA) del 50%-60% de lo invertido, es decir, reducción de parados”, añade Lamo de Espinosa.
Para Seopan, hay dos elementos clave. Primero que se cumplan las previsiones presupuestarias y, segundo, los plazos de pago por parte de las Administraciones públicas. “Resuelto lo anterior, la obligación más inmediata y fácil para impulsar el sector de la obra civil sería contraer presupuesto en lugar de detraerlo sistemáticamente”, señala Julián Núñez. “A modo de ejemplo, la cartera oficial de inversión plurianual pendiente de ejecutar supera con creces los 30.000 millones de euros; si se anticipase la ejecución de un tercio de la cartera en un ejercicio se crearían 180.000 puestos de trabajo, con un retorno fiscal para la hacienda pública de 6.200 millones”, remata.
“El presidente del Gobierno tiene que coger el toro por los cuernos. Todo el mundo se queja del Plan E, pero frenó algo la caída. Ahora nada. Si se compara con el esfuerzo que se hace en otros sectores, para salvar 2.000 o 3.000 empleos”, lamentan en la CNC. Dejando al lado el sector público, esta patronal, en primer lugar, tira de manual cuando apunta hacia el futuro, “reforma y rehabilitación”, pero también exige luchar contra la economía sumergida para garantizar la supervivencia del sector.
También los sindicatos ven futuro en la reforma. Y en esa dirección apunta el plan de vivienda que se ultima en el Ministerio de Fomento, que hablará mucho de rehabilitación y poco de construcción. Pero es el único guante que parece estar dispuesto a recoger el Gobierno, que parece querer más recortes de inversiones y no adelantarlas. Estas intenciones se ven en el futuro plan de infraestructuras, el llamado PITVI, que supone una caída muy importante de las inversiones. En total, el nuevo plan, que estará en vigor hasta 2024, prevé una inversión de 136.627 millones, un 0,8% del PIB. En los mejores años del boom (2006-2008), la inversión llegó al 4% del PIB, según fuentes del sector. En la década previa a la crisis la media rondó el 2%.
Fuente: http://www.elpais.com/
