El Congreso vota este martes la ILP que pide parar los desahucios por impago de la hipoteca


La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que se paralicen los desahucios por impago de hipotecas se vota este martes en el Congreso. Pese a lograr la firma y el apoyo de casi millón y medio de españoles, todo indica que la propuesta será rechazada. La mayoría absoluta del PP hará imposible su tramitación.

La ILP para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social ha conseguido un total de 1.402.854 firmas de apoyo –casi el triple del mínimo exigido para este tipo de iniciativas populares–, según los datos hechos públicos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

La plataforma presentó la iniciativa legislativa el pasado 24 de enero, abogando por la dación en pago retroactivo, la paralización de todos los desahucios y la promoción de alquileres sociales de todas las viviendas vacías en manos de los bancos.

Qué propone esta ILP
La Iniciativa Legislativa Popular está promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO, UGT, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, el Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña. Su ILP propugna que la entrega de la vivienda —solo en caso de que sea residencia habitual— a la entidad bancaria sea suficiente para saldar la hipoteca cuando el propietario no pueda pagar por motivos ajenos a su voluntad.

Asimismo, pide la paralización de los desahucios forzosos y que las personas afectadas tengan derecho a seguir residiendo en su casa por un periodo de cinco años, pagando como máximo el 30% de sus ingresos mensuales. La iniciativa solicita también que la dación en pago tenga efectos retroactivos, de forma que se condone la deuda a las miles de familias que ya se han visto obligadas a entregar su piso a los bancos por impago de sus hipotecas.

En total, el casi millón y medio de firmas a favor de la dación en pago ha llegado desde todas las comunidades autónomas. En Cataluña es donde más firmas se han conseguido, con 393.135, seguida por Madrid (246.932), Comunidad Valenciana (180.541), Andalucía (160.929), País Vasco (73.786), Murcia (48.268), Castilla y León (47.234), Asturias (41.254), Aragón (35.140), Galicia (30.283), Castilla-La Mancha (26.739), Canarias (25.034), Islas Baleares (24.220), Navarra (21.159), La Rioja (19.099), Extremadura (17.032), Cantabria (10.304) y Ceuta y Melilla (884). 882 rúbricas más han llegando 'on line'.

El Partido Popular rechaza una iniciativa popular
Pero el PP ya ha adelantado que votará en contra de tomar en consideración esta ILP. "No compartimos la visión que han planteado ni cómo la han planteado –ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso–. Tenemos una visión alternativa, hemos aprobados dos reales decretos, estamos tramitando un proyecto de ley y habrá novedades, y en principio no parece que vayamos a tomar en consideración su iniciativa".

El voto del PP, dado que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, es determinante para el futuro de esta iniciativa ciudadana. Izquierda Plural y PNV apoyan el texto, y el PSOE ha anunciado que votará a favor de su tramitación (aunque discrepa en algunos puntos y en su momento presentaría enmiendas parciales). Pero todos estos votos no bastarían frente a la mayoría del Grupo Popular.

Las entidades promotoras de la ILP han pedido al PP que reconsidere esa decisión, "ya que supondría un grave insulto a la democracia que el Congreso ni siquiera tomara en consideración y debatiera una demanda ciudadana con un apoyo tan amplio".

En este sentido, los promotores de la ILP se preguntan para qué sirven las iniciativas populares y el requisito mínimo de recoger 500.000 firmas si el Parlamento puede rechazar el texto "sin considerar que cuenta con firmas que triplican esa cifra".

No deja ser llamativo que el PP vaya a rechazar la iniciativa firmada por millón y medio de españoles mientras negocia las enmiendas del proyecto ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios aprobado por el Ejecutivo en noviembre.

Lo más destacado de lo que por el momento ha adelantado el ministro de Economía, Luis de Guindos, dentro de un paquete de medidas que pretende proteger a los colectivos más vulnerables, es que aumentará el umbral de los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, se limitará a 30 años el plazo máximo de las hipotecas y se elevará a tres años la duración de los alquileres del Fondo Social de Viviendas.

"No le he tirado un zapato…"
Así los números, lo previsible es que la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Ada Colau, no pueda defender su propuesta en el Parlamento. Deberá conformarse con haberlo hecho ante la Comisión de Economía del Congreso, el pasado día 5 de febrero. Fue la intervención de la polémica.

Colau calificó de "criminal" al secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, que afirmó que la causa del aumento de desalojos de viviendas es la crisis económica y sus consecuencias, particularmente el desempleo, y no el sistema hipotecario vigente, que ha calificado de "eficaz".

"Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal. Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto", dijo Colau con la voz quebrada.

Fuente: http://www.20minutos.es/
 
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