El PSOE ha presentado una proposición de Ley en el congreso contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar. El Grupo Socialista en el Congreso pretende limitar los desahucios y aportar instrumentos para resolver los casos en los que los ciudadanos tienen dificultades para hacer frente a su hipoteca. Entre 2007 y 2011 se han presentado cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias (desahucios), lo que supone el 10% de todas las hipotecas formalizadas en esa época.
Entre las novedades más relevantes de la norma figura la regulación del “valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor tasación que sirvió para la concesión del préstamo”. Es decir, que si un ciudadano no puede pagar la hipoteca y el banco ejecuta la hipoteca, la valoración del piso no podrá ser inferior a la que se realizó para conceder la hipoteca.
También se potencia la ejecución extrajudicial de los bienes hipotecados para evitar la judicialización de los casos. Este proceso “ es más eficaz, rápido y económico que el judicial”, según la proposición socialista. Además, se modifican las normas reguladoras del proceso de subastas para “evitar las situaciones abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados, de tal forma que se impida la adjudicación de un bien en caso de quedar desierta la subasta por una cantidad excesivamente baja”.
Pero además hay medidas para prevenir el sobreendeudamiento de las familias. “Impedir el otorgamiento de préstamos garantizados por hipoteca cuyo plazo de amortización exceda de 30 años o cuyo principal supere el 80% del valor de tasación de la vivienda”.
La norma que impulsan los socialistas recoge también medidas para proteger deudores hipotecarios sin recursos mediante la restructuración de la deuda hipotecaria, la quita en el capital pendiente de amortización o incluso la dación en pago como último recurso. El título III de la citada norma regula el procedimiento extrajudicial para supuestos de insolvencia personal no dolosa. Se refuerza la posibilidad, mediante la ampliación del umbral de exclusión, de que las familias se declaren insolventes y pueda negociar con la entidad acreedora para llegar a un acuerdo sobre la deuda. “No se trata de instaurar una discutible dación en pago que deja sin amparo habitacional al deudor ejecutado sino de que ese derecho constitucional a la vivienda inspire esta reforma”.
Los socialistas consideran que los procedimientos de ejecución en caso de impago de la hipoteca son “desequilibrados y conducen a una extraña severidad en la conclusión por adjudicación del bien hipotecarios para el pago de la duda”, según la exposición de motivos de la proposición de ley.
Para paliar los crecientes casos de desahucios y algunas de las injusticias que se producen en los casos de ejecución hipotecaria ya se aprobaron una serie de modificaciones legislativas. Así, el anterior Gobierno socialista aprobó el decreto 8/2011 para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas o malbaratamiento de los bienes hipotecados. El actual Ejecutivo popular aprobó el decreto 6/2012 para simplificar el procedimiento de ejecución extrajudicial de vivienda habitual del deudor a través de una subasta única. Pero “ambos decretos se han revelado insuficientes”, según se desprende de la propuesta socialista.
Fuente: http://www.elpais.com/
Entre las novedades más relevantes de la norma figura la regulación del “valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor tasación que sirvió para la concesión del préstamo”. Es decir, que si un ciudadano no puede pagar la hipoteca y el banco ejecuta la hipoteca, la valoración del piso no podrá ser inferior a la que se realizó para conceder la hipoteca.
También se potencia la ejecución extrajudicial de los bienes hipotecados para evitar la judicialización de los casos. Este proceso “ es más eficaz, rápido y económico que el judicial”, según la proposición socialista. Además, se modifican las normas reguladoras del proceso de subastas para “evitar las situaciones abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados, de tal forma que se impida la adjudicación de un bien en caso de quedar desierta la subasta por una cantidad excesivamente baja”.
Pero además hay medidas para prevenir el sobreendeudamiento de las familias. “Impedir el otorgamiento de préstamos garantizados por hipoteca cuyo plazo de amortización exceda de 30 años o cuyo principal supere el 80% del valor de tasación de la vivienda”.
La norma que impulsan los socialistas recoge también medidas para proteger deudores hipotecarios sin recursos mediante la restructuración de la deuda hipotecaria, la quita en el capital pendiente de amortización o incluso la dación en pago como último recurso. El título III de la citada norma regula el procedimiento extrajudicial para supuestos de insolvencia personal no dolosa. Se refuerza la posibilidad, mediante la ampliación del umbral de exclusión, de que las familias se declaren insolventes y pueda negociar con la entidad acreedora para llegar a un acuerdo sobre la deuda. “No se trata de instaurar una discutible dación en pago que deja sin amparo habitacional al deudor ejecutado sino de que ese derecho constitucional a la vivienda inspire esta reforma”.
Los socialistas consideran que los procedimientos de ejecución en caso de impago de la hipoteca son “desequilibrados y conducen a una extraña severidad en la conclusión por adjudicación del bien hipotecarios para el pago de la duda”, según la exposición de motivos de la proposición de ley.
Para paliar los crecientes casos de desahucios y algunas de las injusticias que se producen en los casos de ejecución hipotecaria ya se aprobaron una serie de modificaciones legislativas. Así, el anterior Gobierno socialista aprobó el decreto 8/2011 para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas o malbaratamiento de los bienes hipotecados. El actual Ejecutivo popular aprobó el decreto 6/2012 para simplificar el procedimiento de ejecución extrajudicial de vivienda habitual del deudor a través de una subasta única. Pero “ambos decretos se han revelado insuficientes”, según se desprende de la propuesta socialista.
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