Las medidas del Gobierno para flexibilizar el mercado de la vivienda de alquiler han suscitado las reacciones de las asociaciones de consumidores, que no ven con buenos ojos que se acorten los plazos del alquiler.
El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado este viernes que las medidas del Gobierno protegen a los propietarios, desprotegen a los inquilinos e imposibilitan la bajada de precios del alquiler de viviendas.
Facua solo comparte la necesidad de agilizar el desahucio de morosos, sobre todo de los "morosos profesionales que saltan de vivienda en vivienda", pero Sánchez ha considerado que "el 90%" de las nuevas medidas son "un peligro para el inquilino que cumple".
"El Gobierno ha desregulado el sector para proteger a los propietarios, sobre todo a los que quieren hacer las cosas mal", ya que propicia que "los caseros especuladores" se deshagan de los inquilinos que pagan escrupulosamente si encuentran a otros dispuestos a pagar una renta superior, según el portavoz de Facua.
Según Sánchez, con la nueva norma los contratos de alquiler no se extenderán hasta un mínimo de 5 años con una prórroga de tres, sino hasta tres años con una prórroga de un año más, lo que supone "un nuevo recorte a los derechos de los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un precio más alto".
La inscripción en el registro de la propiedad
Facua también duda de la eficacia de la obligación de inscribir el alquiler de las viviendas en el registro de la propiedad para que el inquilino pueda seguir haciendo uso de sus derechos en caso de que la viviendas sean embargadas por impago de hipoteca.
Esta medida, según Sánchez, se debe a "otra exigencia al Gobierno del sector financiero", el cual podrá quedarse con viviendas embargadas, pese a que estén ocupadas por inquilinos, si no se ha llegado al registro de la propiedad, cosa que el propietario hará a su antojo o, en última instancia, hará repercutir sobre el inquilino el coste registral.
Luego, en casos en el que alquiler no haya sido registrado, los inquilinos también serán desahuciados en caso de que sus caseros sean embargados.
Sánchez ha sugerido al Gobierno que, si quiere potenciar el alquiler con precios justos, haga que los bancos —y en especial Bankia, que ha calificado como "primera inmobiliaria del país"— saquen sus pisos en alquiler a precios moderados, lo que hará que el resto de entidades financieras le sigan.
La nueva norma "fulmina lo que tenía de buena la ley de 1994 (entró en vigor en 1995), que era una buena ley", según Sánchez, quien también ha denunciado que se puedan incrementar los alquileres "muy por encima" del IPC.
La OCU pide que se agilicen los desahucios
Por su parte, la OCU se ha mostrado partidaria de agilizar los desalojos en caso de impago, pero defiende que se mantengan los plazos establecidos para el alquiler de una vivienda para dar garantías a ambas partes.
En relación con las medidas aprobadas por el Gobierno para flexibilizar el mercado de la vivienda de alquiler, la OCU solicita que los plazos en los casos de impago se agilicen y "que se cambie la normativa para que deje de ser imprescindible contratar abogado y procurador en los juicios por desahucio".
"Todo lo que sea facilitar la recuperación del inmueble en caso de impago del inquilino es positivo: si los propietarios tienen mayor seguridad estarán más dispuestos a alquilar", añade.
Para la organización de consumidores, "una cosa es agilizar los desalojos en caso de impago y otra es acortar los plazos del alquiler porque si se busca que el alquiler sea una opción equiparable, como en muchos países de nuestro entorno, inquilino y propietario deben tener unas garantías de estabilidad".
"El propietario lo que quiere es conservar al buen inquilino pagador y el inquilino quiere acceder a una vivienda en precio ajustado, para poder seguir allí durante el tiempo que convenga a ambos, con estabilidad", recuerda.
El proyecto de ley de alquiler, que pretende facilitar el proceso de desahucio en caso de impago, permitirá al arrendador solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago y, una vez que el Juzgado remita la notificación, el arrendatario tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días.
Fuente: http://www.20minutos.es/
El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado este viernes que las medidas del Gobierno protegen a los propietarios, desprotegen a los inquilinos e imposibilitan la bajada de precios del alquiler de viviendas.
Facua solo comparte la necesidad de agilizar el desahucio de morosos, sobre todo de los "morosos profesionales que saltan de vivienda en vivienda", pero Sánchez ha considerado que "el 90%" de las nuevas medidas son "un peligro para el inquilino que cumple".
"El Gobierno ha desregulado el sector para proteger a los propietarios, sobre todo a los que quieren hacer las cosas mal", ya que propicia que "los caseros especuladores" se deshagan de los inquilinos que pagan escrupulosamente si encuentran a otros dispuestos a pagar una renta superior, según el portavoz de Facua.
Según Sánchez, con la nueva norma los contratos de alquiler no se extenderán hasta un mínimo de 5 años con una prórroga de tres, sino hasta tres años con una prórroga de un año más, lo que supone "un nuevo recorte a los derechos de los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un precio más alto".
La inscripción en el registro de la propiedad
Facua también duda de la eficacia de la obligación de inscribir el alquiler de las viviendas en el registro de la propiedad para que el inquilino pueda seguir haciendo uso de sus derechos en caso de que la viviendas sean embargadas por impago de hipoteca.
Esta medida, según Sánchez, se debe a "otra exigencia al Gobierno del sector financiero", el cual podrá quedarse con viviendas embargadas, pese a que estén ocupadas por inquilinos, si no se ha llegado al registro de la propiedad, cosa que el propietario hará a su antojo o, en última instancia, hará repercutir sobre el inquilino el coste registral.
Luego, en casos en el que alquiler no haya sido registrado, los inquilinos también serán desahuciados en caso de que sus caseros sean embargados.
Sánchez ha sugerido al Gobierno que, si quiere potenciar el alquiler con precios justos, haga que los bancos —y en especial Bankia, que ha calificado como "primera inmobiliaria del país"— saquen sus pisos en alquiler a precios moderados, lo que hará que el resto de entidades financieras le sigan.
La nueva norma "fulmina lo que tenía de buena la ley de 1994 (entró en vigor en 1995), que era una buena ley", según Sánchez, quien también ha denunciado que se puedan incrementar los alquileres "muy por encima" del IPC.
La OCU pide que se agilicen los desahucios
Por su parte, la OCU se ha mostrado partidaria de agilizar los desalojos en caso de impago, pero defiende que se mantengan los plazos establecidos para el alquiler de una vivienda para dar garantías a ambas partes.
En relación con las medidas aprobadas por el Gobierno para flexibilizar el mercado de la vivienda de alquiler, la OCU solicita que los plazos en los casos de impago se agilicen y "que se cambie la normativa para que deje de ser imprescindible contratar abogado y procurador en los juicios por desahucio".
"Todo lo que sea facilitar la recuperación del inmueble en caso de impago del inquilino es positivo: si los propietarios tienen mayor seguridad estarán más dispuestos a alquilar", añade.
Para la organización de consumidores, "una cosa es agilizar los desalojos en caso de impago y otra es acortar los plazos del alquiler porque si se busca que el alquiler sea una opción equiparable, como en muchos países de nuestro entorno, inquilino y propietario deben tener unas garantías de estabilidad".
"El propietario lo que quiere es conservar al buen inquilino pagador y el inquilino quiere acceder a una vivienda en precio ajustado, para poder seguir allí durante el tiempo que convenga a ambos, con estabilidad", recuerda.
El proyecto de ley de alquiler, que pretende facilitar el proceso de desahucio en caso de impago, permitirá al arrendador solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago y, una vez que el Juzgado remita la notificación, el arrendatario tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días.
Fuente: http://www.20minutos.es/
