La pasada semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó que el Gobierno espera que antes de fin de año esté operativo el conocido como banco malo: una sociedad de gestión de activos que recibirá activos problemáticos de entidades financieras.
La nueva sociedad adquirirá los activos y, a cambio, los bancos podrán recibir, bien una participación en el capital de dicha sociedad, bien bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado, o pagos en metálico o en valores.
A principios de este año Antonio Martín Criado escribió una tribuna en este diario en la que aportaba una solución similar para los activos tóxicos inmobiliarios del sector financiero, pero, también, para los del inmobiliario privado. "Al igual que a las instituciones financieras se les permite crear un banco malo inmobiliario, también las inmobiliarias cotizadas deben disponer del mismo instrumento para racionalizar la salida de los stocks en almacenes reguladores", insiste. Una vez creado el banco malo, las inmobiliarias "deben tener las mismas condiciones de amortización de deuda que se les ha concedido a las entidades financieras respecto a sus propios acreedores, entre otros motivos porque es lo que conviene a la economía española y por la competencia desleal que se produciría de otro modo", defiende.
En opinión de Martín, debería establecerse una comisión que reúna a "las principales inmobiliarias cotizadas y a las seis principales entidades financieras acreedoras del conjunto de esas inmobiliarias, con el fin de que analicen y aporten las alternativas para desarrollar el plan, sin precipitaciones que pudieran significar la destrucción del sector inmobiliario privado", advierte.
Fuente: http://www.cincodias.com/
La nueva sociedad adquirirá los activos y, a cambio, los bancos podrán recibir, bien una participación en el capital de dicha sociedad, bien bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado, o pagos en metálico o en valores.
A principios de este año Antonio Martín Criado escribió una tribuna en este diario en la que aportaba una solución similar para los activos tóxicos inmobiliarios del sector financiero, pero, también, para los del inmobiliario privado. "Al igual que a las instituciones financieras se les permite crear un banco malo inmobiliario, también las inmobiliarias cotizadas deben disponer del mismo instrumento para racionalizar la salida de los stocks en almacenes reguladores", insiste. Una vez creado el banco malo, las inmobiliarias "deben tener las mismas condiciones de amortización de deuda que se les ha concedido a las entidades financieras respecto a sus propios acreedores, entre otros motivos porque es lo que conviene a la economía española y por la competencia desleal que se produciría de otro modo", defiende.
En opinión de Martín, debería establecerse una comisión que reúna a "las principales inmobiliarias cotizadas y a las seis principales entidades financieras acreedoras del conjunto de esas inmobiliarias, con el fin de que analicen y aporten las alternativas para desarrollar el plan, sin precipitaciones que pudieran significar la destrucción del sector inmobiliario privado", advierte.
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