Los bancos han sido uno de los grandes responsable de la burbuja inmobilaria. Ahora están atascados entre tanto ladrillo sin vender. Parte de ese excedente son viviendas protegidas; viviendas de carácter social que tendrían que estar –del algún modo– en el mercado.
Pero eso no está ocurriendo. En Andalucía es tal la situación que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta que las entidades financieras elaboren un inventario de las viviendas protegidas (VPO) de las que son titulares para ofrecerlas en régimen de venta y alquiler, y que si no lo hacen en unos plazos determinados se acuda a la expropiación.
Chamizo asegura que las VPO "no pueden permanecer vacías y cerradas", por lo que ha remitido un escrito a la Consejería de Fomento y Vivienda en el que pide que se lleven a cabo las medidas necesarias para que las entidades radicadas en Andalucía elaboren en un plazo determinado y perentorio un inventario de las viviendas que se encuentren bajo su titularidad.
Según su propuesta, las entidades financieras deberán comprometerse a ofrecerlas en venta o alquiler a través de sus páginas web o de la de la propia Consejería, detallando su localización, características, precio y estado de conservación, y deberán facilitar el préstamo a aquellas personas que sí puedan hacer frente a los pagos.
Además, reclama que debe existir una obligación de establecer precios adecuados y que si no se pueden vender se deberán poner en régimen de alquiler. En caso de que estas entidades no cumplan con esto, Chamizo ha señalado que existe la posibilidad de acudir al procedimiento de expropiación por parte de la administración autonómica, como sanción por incumplimiento de la función social que deben cumplir las VPO.
No podemos continuar con el escándalo de las VPO. La expropiación también tiene que contemplarla la administración", ha añadido Chamizo, quien cree que estas viviendas "no pueden ser propiedad de los bancos", ya que para su construcción se ha invertido dinero de la sociedad española.
Aunque no hay una cifra exacta de las VPO que están bajo titularidad de estas entidades, como consecuencia de la ejecución de procedimientos hipotecarios o de la entrega por mutuo acuerdo, el Defensor del Pueblo ha asegurado que se trata de "miles". Aunque les ha remitido escrito a todos los bancos para que las oferten, éstos "no han sido muy receptivos".
Otras medidas
Además, como otras medidas para disminuir el número de desahucios, ha iniciado una queja de oficio en la que se ha pedido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que en todos las ciudades y pueblos de más de 50.000 habitantes se creen oficinas de asesoramiento e intermediación.
Asimismo, también se ha pedido a Fomento y Vivienda que los bancos promuevan los "alquileres sociales", no solo en las VPO, a personas que se encuentran en gran exclusión o en situación de precariedad económica.
Fuente: http://www.20minutos.es/
Pero eso no está ocurriendo. En Andalucía es tal la situación que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta que las entidades financieras elaboren un inventario de las viviendas protegidas (VPO) de las que son titulares para ofrecerlas en régimen de venta y alquiler, y que si no lo hacen en unos plazos determinados se acuda a la expropiación.
Chamizo asegura que las VPO "no pueden permanecer vacías y cerradas", por lo que ha remitido un escrito a la Consejería de Fomento y Vivienda en el que pide que se lleven a cabo las medidas necesarias para que las entidades radicadas en Andalucía elaboren en un plazo determinado y perentorio un inventario de las viviendas que se encuentren bajo su titularidad.
Según su propuesta, las entidades financieras deberán comprometerse a ofrecerlas en venta o alquiler a través de sus páginas web o de la de la propia Consejería, detallando su localización, características, precio y estado de conservación, y deberán facilitar el préstamo a aquellas personas que sí puedan hacer frente a los pagos.
Además, reclama que debe existir una obligación de establecer precios adecuados y que si no se pueden vender se deberán poner en régimen de alquiler. En caso de que estas entidades no cumplan con esto, Chamizo ha señalado que existe la posibilidad de acudir al procedimiento de expropiación por parte de la administración autonómica, como sanción por incumplimiento de la función social que deben cumplir las VPO.
No podemos continuar con el escándalo de las VPO. La expropiación también tiene que contemplarla la administración", ha añadido Chamizo, quien cree que estas viviendas "no pueden ser propiedad de los bancos", ya que para su construcción se ha invertido dinero de la sociedad española.
Aunque no hay una cifra exacta de las VPO que están bajo titularidad de estas entidades, como consecuencia de la ejecución de procedimientos hipotecarios o de la entrega por mutuo acuerdo, el Defensor del Pueblo ha asegurado que se trata de "miles". Aunque les ha remitido escrito a todos los bancos para que las oferten, éstos "no han sido muy receptivos".
Otras medidas
Además, como otras medidas para disminuir el número de desahucios, ha iniciado una queja de oficio en la que se ha pedido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que en todos las ciudades y pueblos de más de 50.000 habitantes se creen oficinas de asesoramiento e intermediación.
Asimismo, también se ha pedido a Fomento y Vivienda que los bancos promuevan los "alquileres sociales", no solo en las VPO, a personas que se encuentran en gran exclusión o en situación de precariedad económica.
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