La Oficina Común de Notificaciones ejecutó el año pasado 433 lanzamientos, la mayoría por impago de hipotecas o alquileres. El número de personas obligadas a dejar sus casas bajó un 11,45% respecto a 2010.
Forman parte de estadísticas y los números no recogen las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Casi todas tienen que ver con la crisis y tienen el mismo final: el desahucio. El año pasado en A Coruña la Justicia ordenó a 433 familias dejar sus viviendas, la mayoría por impago de hipotecas o de alquileres. El incremento de casos y las protestas organizadas por diversos colectivos provocaron que el Gobierno anunciase medidas para tratar de frenar la avalancha de lanzamientos que a diario tiene que ejecutar El Servicio Común de Notificaciones y Embargos. El año pasado, en A Coruña, realizó una media de más de un desahucio al día
TANIA SUÁREZ | A CORUÑA La crisis provoca que, de media, sea desahuciada más de una familia al día en A Coruña. Casi todos los lanzamientos se ejecutan por las denuncias presentadas por los bancos debido al impago de hipotecas o por los propietarios de los pisos cuando sus inquilinos dejan de pagar las mensualidades.
El año pasado, no obstante, fueron desahuciadas en A Coruña 56 familias menos que en 2010. Aún así, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos realizó 433 lanzamientos, es decir, más de uno al día. En 2010 abandonaron sus viviendas 489 familias coruñesas, la mayoría por impago de alquiler o de hipoteca. El año pasado fue el primero desde 2008 en el que se registró un pequeño descenso en el número de desahucios, ya que bajó un 11,45% respecto a 2010.
Las estadísticas revelan que desde hace cuatro años la cifra de las familias coruñesas que fueron obligadas a abandonar sus inmuebles aumentó un 46%. En un año, entre 2009 y 2010, los lanzamientos crecieron un 31% -pasaron de 371 a 489-. La crisis económica también originó un aumento de los embargos de propiedades, por lo que los funcionarios están sobrecargados de trabajo. A la mala situación económica, se unió la aprobación de la ley que permite desalojar a los inquilinos morosos en el plazo de un mes. Hasta entonces, los trámites para expulsar a los deudores se prolongaban entre diez meses y un año.
Los cambios legales introducidos permiten a los dueños de las viviendas exigir el desahucio a partir de un solo mes de impago y obtener, además, una sentencia más rápida, ya que se acortó el plazo legal para hacer efectivo el desalojo de la vivienda, que pasó de tres meses a treinta días desde la celebración del juicio. El pasado 31 de octubre entró en vigor la ley de Agilización Procesal, que establece que los inquilinos morosos dispondrán de diez días para responder a la notificación judicial en la que se les informa de la denuncia presentada por el dueño del piso, y, si no lo hacen, el Juzgado procederá a notificarles su desalojo. El juez decano, Antonio Fraga Mandián, admite que los cambios en las legislaciones provocan que existan "dificultades en la tramitación", ya que los procesos son "más complejos".
El Gobierno central, ante la avalancha de desahucios y las protestas organizadas por diferentes colectivos, presentó un programa con medidas dirigidas a tratar de reducir el impacto de los lanzamientos en los colectivos con riesgo de exclusión social. El plan, según informó el Ejecutivo, se completa con un código de buenas prácticas que deben adoptar, de forma voluntaria, las entidades bancarias. Algunas de las familias que podrán beneficiarse de la iniciativa propuesta por el Gobierno son aquellas que se encuentran en el umbral de la exclusión social, que tengan a todos sus miembros en paro o que hayan agotado su prestación por desempleo. El Ejecutivo pretende que las personas que se encuentren en alguna de esas situaciones puedan saldar su deuda con los bancos entregando sus viviendas, una práctica que se conoce como "dación en pago".
Cuando los inquilinos morosos se niegan a abandonar los inmuebles, los funcionarios judiciales solicitan apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes se encargan de ejecutar los desahucios. Si los desalojados no reciben las citaciones, los funcionarios las fijan en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Las notificaciones de las sentencias relativas a lanzamientos, en caso de que los demandados no comparezcan, también se pegan en la cartelera. De este modo, se acelera el proceso para que abandonen los inmuebles.
El Servicio Común de Notificaciones recibió la orden de efectuar el año pasado 495 desahucios, pero solo se ejecutaron 433. Los 62 restantes no se llegaron a realizar por causas que no constan en las estadísticas como puede ser la existencia de un enfermo en el domicilio. En 2011 quedaron cinco lanzamientos pendientes de ejecutar este año. A Coruña es una de las zonas en las que la Justicia obligó a más personas a dejar sus viviendas por impago de alquileres o de hipotecas, ya que el año pasado el partido judicial registró el 55% de los lanzamientos de toda la provincia, por lo que se situó por delante de localidades como Santiago, Ferrol, Narón o Carballo.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
Forman parte de estadísticas y los números no recogen las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Casi todas tienen que ver con la crisis y tienen el mismo final: el desahucio. El año pasado en A Coruña la Justicia ordenó a 433 familias dejar sus viviendas, la mayoría por impago de hipotecas o de alquileres. El incremento de casos y las protestas organizadas por diversos colectivos provocaron que el Gobierno anunciase medidas para tratar de frenar la avalancha de lanzamientos que a diario tiene que ejecutar El Servicio Común de Notificaciones y Embargos. El año pasado, en A Coruña, realizó una media de más de un desahucio al día
TANIA SUÁREZ | A CORUÑA La crisis provoca que, de media, sea desahuciada más de una familia al día en A Coruña. Casi todos los lanzamientos se ejecutan por las denuncias presentadas por los bancos debido al impago de hipotecas o por los propietarios de los pisos cuando sus inquilinos dejan de pagar las mensualidades.
El año pasado, no obstante, fueron desahuciadas en A Coruña 56 familias menos que en 2010. Aún así, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos realizó 433 lanzamientos, es decir, más de uno al día. En 2010 abandonaron sus viviendas 489 familias coruñesas, la mayoría por impago de alquiler o de hipoteca. El año pasado fue el primero desde 2008 en el que se registró un pequeño descenso en el número de desahucios, ya que bajó un 11,45% respecto a 2010.
Las estadísticas revelan que desde hace cuatro años la cifra de las familias coruñesas que fueron obligadas a abandonar sus inmuebles aumentó un 46%. En un año, entre 2009 y 2010, los lanzamientos crecieron un 31% -pasaron de 371 a 489-. La crisis económica también originó un aumento de los embargos de propiedades, por lo que los funcionarios están sobrecargados de trabajo. A la mala situación económica, se unió la aprobación de la ley que permite desalojar a los inquilinos morosos en el plazo de un mes. Hasta entonces, los trámites para expulsar a los deudores se prolongaban entre diez meses y un año.
Los cambios legales introducidos permiten a los dueños de las viviendas exigir el desahucio a partir de un solo mes de impago y obtener, además, una sentencia más rápida, ya que se acortó el plazo legal para hacer efectivo el desalojo de la vivienda, que pasó de tres meses a treinta días desde la celebración del juicio. El pasado 31 de octubre entró en vigor la ley de Agilización Procesal, que establece que los inquilinos morosos dispondrán de diez días para responder a la notificación judicial en la que se les informa de la denuncia presentada por el dueño del piso, y, si no lo hacen, el Juzgado procederá a notificarles su desalojo. El juez decano, Antonio Fraga Mandián, admite que los cambios en las legislaciones provocan que existan "dificultades en la tramitación", ya que los procesos son "más complejos".
El Gobierno central, ante la avalancha de desahucios y las protestas organizadas por diferentes colectivos, presentó un programa con medidas dirigidas a tratar de reducir el impacto de los lanzamientos en los colectivos con riesgo de exclusión social. El plan, según informó el Ejecutivo, se completa con un código de buenas prácticas que deben adoptar, de forma voluntaria, las entidades bancarias. Algunas de las familias que podrán beneficiarse de la iniciativa propuesta por el Gobierno son aquellas que se encuentran en el umbral de la exclusión social, que tengan a todos sus miembros en paro o que hayan agotado su prestación por desempleo. El Ejecutivo pretende que las personas que se encuentren en alguna de esas situaciones puedan saldar su deuda con los bancos entregando sus viviendas, una práctica que se conoce como "dación en pago".
Cuando los inquilinos morosos se niegan a abandonar los inmuebles, los funcionarios judiciales solicitan apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes se encargan de ejecutar los desahucios. Si los desalojados no reciben las citaciones, los funcionarios las fijan en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Las notificaciones de las sentencias relativas a lanzamientos, en caso de que los demandados no comparezcan, también se pegan en la cartelera. De este modo, se acelera el proceso para que abandonen los inmuebles.
El Servicio Común de Notificaciones recibió la orden de efectuar el año pasado 495 desahucios, pero solo se ejecutaron 433. Los 62 restantes no se llegaron a realizar por causas que no constan en las estadísticas como puede ser la existencia de un enfermo en el domicilio. En 2011 quedaron cinco lanzamientos pendientes de ejecutar este año. A Coruña es una de las zonas en las que la Justicia obligó a más personas a dejar sus viviendas por impago de alquileres o de hipotecas, ya que el año pasado el partido judicial registró el 55% de los lanzamientos de toda la provincia, por lo que se situó por delante de localidades como Santiago, Ferrol, Narón o Carballo.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
