Las administraciones regionales comienzan a implantar medidas que mejoren la eficiencia de su cartera inmobiliaria, vendiendo espacio sobrante o traspasando edificios para quedarse como inquilinos.
El refrán Más vale tarde que nunca parece aplicarse en los inmuebles públicos. Tras tres años donde las principales empresas han puesto en marcha en España medidas de ahorro en su patrimonio inmobiliario, ahora las administraciones públicas comienzan a analizar y poner a la venta sus edificios.
“Uno de los grandes problemas del patrimonio inmobiliario de las administraciones públicas es la falta de optimización del espacio. La ratio media de superficie de oficinas por trabajador en España ronda los 15 metros cuadrados y, según nuestros cálculos, ese ratio en la administración pública rondaría los 31 metros cuadrados por trabajador. Esta falta de optimización supone un sobrecoste muy importante, no sólo relacionado con el espacio si no con gastos asociados como electricidad, jardinería, seguridad, etcétera”, explica Ángel Serrano, director general de Aguirre Newman.
No sólo empresas como Santander, Endesa, Iberdrola y FCC han traspasado sus inmuebles. Países como Reino Unido y Francia han realizado procesos de desinversión de sus inmuebles. “Según nuestra experiencia internacional, las Administraciones Públicas extranjeras tienden a comportarse cada vez más como la empresa privada, con su cuenta de resultados, sus objetivos de ahorro de costes y de racionalización. En España, entendemos que esta tendencia será una realidad a corto plazo”, aseguran desde CB Richard Ellis.
Liquidez
El objetivo de esta iniciativa, que hasta el momento han puesto en marcha Madrid y Andalucía y Cataluña, es obtener liquidez en un momento de restricciones en el mercado internacional. “Derivado de los problemas de financiación que los organismos públicos españoles están sufriendo por la coyuntura actual, varias comunidades autónomas están buscando vías de financiación alternativa para el acceso a dichos fondos”, explican Borja Márquez y Carlos López, socios de la consultora Catella.
Hace apenas unas semanas, la filial inmobiliaria de BNP Paribas ganó el concurso realizado por la Junta de Andalucía para la comercialización de sus edificios administrativos. Tal como publicó EXPANSIÓN el 16 de junio, el gobierno autonómico ha decidido traspasar, a través de la fórmula de sale & leaseback (venta y posterior arrendamiento), un lote de 49 inmuebles, distribuidos por toda Andalucía, con el objetivo de obtener 600 millones de euros.
“La situación actual de austeridad y ahorro de costes es una oportunidad única para mejorar la eficiencia de los espacios públicos y reconvertir edificios desocupados en otros usos que necesita Madrid, como son hoteles de lujo representativos. Las principales cadenas internacionales están deseando tener un activo de representatividad en la capital de España”, subraya Ángel Serrano.
Comunidad de Madrid
En el caso de la Comunidad de Madrid, la presidenta, Esperanza Aguirre, anunció en su discurso de investidura del pasado 15 de junio la venta de activos como parte de las medidas encaminadas a reducir el gasto público. Aguirre aseguró que pondrá a la venta todos los edificios administrativos “que no sean imprescindibles”. En la pasada legislatura, la gestión patrimonial permitió un ahorro de siete millones de euros en el alquiler de edificios, según la presidenta.
Según un informe elaborado por Aguirre Newman, la gestión de los inmuebles que tiene el Estado tan sólo en Madrid le hace renunciar a ingresos de miles de millones. Si el Gobierno central vendiese los 147 inmuebles que tiene y se fuese de inquilino, obtendría 8.142 millones de euros.
Sin embargo, con la inversión inmobiliaria bajo mínimos, ¿existe en el mercado interés por este tipo de activos? “Hay varios fondos interesados en la adquisición de este tipo de inmuebles. Normalmente, son fondos institucionales extranjeros, que ya han realizado grandes operaciones en otros sectores como banca y distribución”, aseguran en Castella.
Dentro de las propiedades de las administraciones, hay inmuebles absolutamente vendibles, otros que precisan de una estructura de venta más elaborada para ser colocados y los que probablemente tendrán una difícil salida al mercado”, añade Eusebi Carles, director general de oficinas de Savills Barcelona.
Fuente: http://www.expansion.com/
El refrán Más vale tarde que nunca parece aplicarse en los inmuebles públicos. Tras tres años donde las principales empresas han puesto en marcha en España medidas de ahorro en su patrimonio inmobiliario, ahora las administraciones públicas comienzan a analizar y poner a la venta sus edificios.
“Uno de los grandes problemas del patrimonio inmobiliario de las administraciones públicas es la falta de optimización del espacio. La ratio media de superficie de oficinas por trabajador en España ronda los 15 metros cuadrados y, según nuestros cálculos, ese ratio en la administración pública rondaría los 31 metros cuadrados por trabajador. Esta falta de optimización supone un sobrecoste muy importante, no sólo relacionado con el espacio si no con gastos asociados como electricidad, jardinería, seguridad, etcétera”, explica Ángel Serrano, director general de Aguirre Newman.
No sólo empresas como Santander, Endesa, Iberdrola y FCC han traspasado sus inmuebles. Países como Reino Unido y Francia han realizado procesos de desinversión de sus inmuebles. “Según nuestra experiencia internacional, las Administraciones Públicas extranjeras tienden a comportarse cada vez más como la empresa privada, con su cuenta de resultados, sus objetivos de ahorro de costes y de racionalización. En España, entendemos que esta tendencia será una realidad a corto plazo”, aseguran desde CB Richard Ellis.
Liquidez
El objetivo de esta iniciativa, que hasta el momento han puesto en marcha Madrid y Andalucía y Cataluña, es obtener liquidez en un momento de restricciones en el mercado internacional. “Derivado de los problemas de financiación que los organismos públicos españoles están sufriendo por la coyuntura actual, varias comunidades autónomas están buscando vías de financiación alternativa para el acceso a dichos fondos”, explican Borja Márquez y Carlos López, socios de la consultora Catella.
Hace apenas unas semanas, la filial inmobiliaria de BNP Paribas ganó el concurso realizado por la Junta de Andalucía para la comercialización de sus edificios administrativos. Tal como publicó EXPANSIÓN el 16 de junio, el gobierno autonómico ha decidido traspasar, a través de la fórmula de sale & leaseback (venta y posterior arrendamiento), un lote de 49 inmuebles, distribuidos por toda Andalucía, con el objetivo de obtener 600 millones de euros.
“La situación actual de austeridad y ahorro de costes es una oportunidad única para mejorar la eficiencia de los espacios públicos y reconvertir edificios desocupados en otros usos que necesita Madrid, como son hoteles de lujo representativos. Las principales cadenas internacionales están deseando tener un activo de representatividad en la capital de España”, subraya Ángel Serrano.
Comunidad de Madrid
En el caso de la Comunidad de Madrid, la presidenta, Esperanza Aguirre, anunció en su discurso de investidura del pasado 15 de junio la venta de activos como parte de las medidas encaminadas a reducir el gasto público. Aguirre aseguró que pondrá a la venta todos los edificios administrativos “que no sean imprescindibles”. En la pasada legislatura, la gestión patrimonial permitió un ahorro de siete millones de euros en el alquiler de edificios, según la presidenta.
Según un informe elaborado por Aguirre Newman, la gestión de los inmuebles que tiene el Estado tan sólo en Madrid le hace renunciar a ingresos de miles de millones. Si el Gobierno central vendiese los 147 inmuebles que tiene y se fuese de inquilino, obtendría 8.142 millones de euros.
Sin embargo, con la inversión inmobiliaria bajo mínimos, ¿existe en el mercado interés por este tipo de activos? “Hay varios fondos interesados en la adquisición de este tipo de inmuebles. Normalmente, son fondos institucionales extranjeros, que ya han realizado grandes operaciones en otros sectores como banca y distribución”, aseguran en Castella.
Dentro de las propiedades de las administraciones, hay inmuebles absolutamente vendibles, otros que precisan de una estructura de venta más elaborada para ser colocados y los que probablemente tendrán una difícil salida al mercado”, añade Eusebi Carles, director general de oficinas de Savills Barcelona.
Fuente: http://www.expansion.com/
