J. PÉREZ | A CORUÑA El reciente informe de la Comisión Europea con las medidas para evitar el recalentamiento del sector hipotecario es una muestra contundente de que hasta las administraciones son conscientes del impacto que la larga y grave crisis está teniendo en la economía doméstica."Perder la casa familiar después de perder el empleo tiene implicaciones sociales y humanas intolerables", critica Bruselas, que insta a sus Estados a controlar los embargos de las viviendas. Y no es el único bien que un hogar puede perder. El coche, la nómina, un garaje, una parcela... Hasta el sueldo. Desde 2008, cuando surgieron los primeros síntomas de la recesión, más de 24.000 gallegos han visto como sus propiedades se esfumaban por orden judicial, ya sea por una ejecución hipotecaria, un total de 5.364, como por un embargo directo, más de 19.200.
El de 2010 fue un ejercicio de cierta tregua, con un ligero descenso en este tipo de procesos, que todavía están en cifras históricas. Las ejecuciones hipotecarias, la reclamación que las entidades financieras presentan ante un tribunal por el impago del crédito y que supone el paso previo para quedarse el inmueble en prenda -lo que no evita al moroso el resto de la deuda que quede pendiente por los intereses aplicados e incluso el abono de las costas judiciales-, alcanzaron el pasado año a 1.942. Un descenso del 5% respecto a 2009, cuando se superaron las 2.000 ejecuciones, con un incremento del 50% en comparación con 2008. Hace tres el alza fue todavía mayor, del 95% sobre el volumen de procesos acumulados en 2007, solo 701.
Desde entonces, en cuatro años -con los datos 2007, por lo tanto, cuando el pinchazo inmobiliario todavía no se notaba demasiado-, se han dictado órdenes de ejecución para un total de 6.065 particulares, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el primero en advertir que no necesariamente el número de expedientes equivale a cifra de viviendas, porque detrás de un mismo procedimiento puede haber más de un inmueble. "El incremento detectado puede ser todavía más alarmante", advierte el CGPJ.
¿Y cuántas peticiones de embargo, donde ya se incluyen todo tipo de propiedades, registró la comunidad con la crisis? En tres años, un total de 19.272. Casi 18 por día. Tras el aumento de casi un 21% entre 2008 y 2009, cuando se pasaron de 6.356 órdenes a 7.684, en 2010 los embargos cayeron hasta los 5.232.
En cualquiera de ambos procesos, cuando lo que hay de por medio es una vivienda, la situación puede complicarse aún más si el inquilino se niega a abandonarla. Lo que a efectos judiciales desemboca en la vía del lanzamiento. Es decir, de desahucio. En este caso no hay descenso en las estadísticas. Al contrario. Fueron 1.027 en 2008, 1.195 en 2009 y en 2010 hasta 1.887, un aumento de casi el 58%, según el cómputo del CGPJ.
Únicamente en Baleares el número de desahucios iniciados en los tribunales durante el año pasado registró un descenso. Concretamente, del 29%. El resto de comunidades experimentaron incrementos alarmantes al ritmo de una media nacional del 41%. Los desahucios sumaron en 2010 en todo el país 47.809 y más de 108.000 desde el comienzo de la crisis.
El acumulado de las ejecuciones hipotecarias en España desde 2008 supera las 245.600. En 2010, frente a la pequeña caída que se anota en Galicia, en el conjunto del España hay prácticamente un estancamiento, con un aumento de solo el 0,3%. Hay dos excepciones en el comportamiento generalizado en todas las autonomías, Extremadura y Valencia, con subidas del 32% y el 11%, respectivamente. En cuanto a los embargos, aquí no existe ninguna región que se escape de los descensos. Eso sí, las diferencias entre unos y otros territorios es enorme. Las reducciones del 71% en Navarra o del 80,6% en Cantabria no tienen nada que ver con las caídas de Castilla-La Mancha (1,6%), Valencia (2,9%) o Navarra (1,4%). El número de embargos presentados en los tribunales de toda España ascendió en 2010 a 145.955 y supera los 454.000 en tres años.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
El de 2010 fue un ejercicio de cierta tregua, con un ligero descenso en este tipo de procesos, que todavía están en cifras históricas. Las ejecuciones hipotecarias, la reclamación que las entidades financieras presentan ante un tribunal por el impago del crédito y que supone el paso previo para quedarse el inmueble en prenda -lo que no evita al moroso el resto de la deuda que quede pendiente por los intereses aplicados e incluso el abono de las costas judiciales-, alcanzaron el pasado año a 1.942. Un descenso del 5% respecto a 2009, cuando se superaron las 2.000 ejecuciones, con un incremento del 50% en comparación con 2008. Hace tres el alza fue todavía mayor, del 95% sobre el volumen de procesos acumulados en 2007, solo 701.
Desde entonces, en cuatro años -con los datos 2007, por lo tanto, cuando el pinchazo inmobiliario todavía no se notaba demasiado-, se han dictado órdenes de ejecución para un total de 6.065 particulares, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el primero en advertir que no necesariamente el número de expedientes equivale a cifra de viviendas, porque detrás de un mismo procedimiento puede haber más de un inmueble. "El incremento detectado puede ser todavía más alarmante", advierte el CGPJ.
¿Y cuántas peticiones de embargo, donde ya se incluyen todo tipo de propiedades, registró la comunidad con la crisis? En tres años, un total de 19.272. Casi 18 por día. Tras el aumento de casi un 21% entre 2008 y 2009, cuando se pasaron de 6.356 órdenes a 7.684, en 2010 los embargos cayeron hasta los 5.232.
En cualquiera de ambos procesos, cuando lo que hay de por medio es una vivienda, la situación puede complicarse aún más si el inquilino se niega a abandonarla. Lo que a efectos judiciales desemboca en la vía del lanzamiento. Es decir, de desahucio. En este caso no hay descenso en las estadísticas. Al contrario. Fueron 1.027 en 2008, 1.195 en 2009 y en 2010 hasta 1.887, un aumento de casi el 58%, según el cómputo del CGPJ.
Únicamente en Baleares el número de desahucios iniciados en los tribunales durante el año pasado registró un descenso. Concretamente, del 29%. El resto de comunidades experimentaron incrementos alarmantes al ritmo de una media nacional del 41%. Los desahucios sumaron en 2010 en todo el país 47.809 y más de 108.000 desde el comienzo de la crisis.
El acumulado de las ejecuciones hipotecarias en España desde 2008 supera las 245.600. En 2010, frente a la pequeña caída que se anota en Galicia, en el conjunto del España hay prácticamente un estancamiento, con un aumento de solo el 0,3%. Hay dos excepciones en el comportamiento generalizado en todas las autonomías, Extremadura y Valencia, con subidas del 32% y el 11%, respectivamente. En cuanto a los embargos, aquí no existe ninguna región que se escape de los descensos. Eso sí, las diferencias entre unos y otros territorios es enorme. Las reducciones del 71% en Navarra o del 80,6% en Cantabria no tienen nada que ver con las caídas de Castilla-La Mancha (1,6%), Valencia (2,9%) o Navarra (1,4%). El número de embargos presentados en los tribunales de toda España ascendió en 2010 a 145.955 y supera los 454.000 en tres años.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
