Factura milmillonaria por la morosidad en la construcción


Apenas seis meses después de su plena entrada en vigor, la Ley contra la Morosidad apenas ha reducido los plazos medios de pago de las Administraciones a las empresas de la construcción y el de éstas a sus proveedores y subcontratas.

Por ello, algunas asociaciones empresariales denuncian los elevados costes que están soportando las compañías, no solo económicos, sino también en materia de destrucción de empleo y tejido productivo. Fuentes del sector subrayan que si el plazo de pago de la Administración que hasta 2010 debía ser de 60 días y este año es ya de 50 por ley, en realidad se dispara hasta casi 180, los 120 días restantes es lo que tienen que financiarse las empresas. Solo en el sector de la construcción y teniendo en cuenta un año bueno de licitación pública, cuando se movilizaban hasta 50.000 millones, esta factura podría ascender a unos 16.000 millones, que es lo que las empresas deben obtener para poder continuar con su actividad.

Los últimos datos del estudio elaborado por Deloitte para las principales constructoras del país revela que el plazo medio de pago de las Administraciones a las empresas del sector apenas se ha reducido. De hecho, solo lo ha hecho en la Administración del Estado, donde el plazo medio de pago ha pasado de los 165 días de media en diciembre de 2009 a 157 en junio de 2010. Las comunidades autónomas han aumentado su retraso medio de 179 días a 186, mientras la Administración local ha pasado de pagar en 218 días a 219.

En cualquier caso, estos argumentos no pueden servir de excusa para que las compañías que no cobran en plazo de la Administración, traten de trasladar esta situación a sus subcontratistas y proveedores, advierte la Plataforma Contra la Morosidad. Su presidente, Antoni Cañete, asegura que las empresas pagan de promedio a sus suministradores desde los 164 días en Cantabria a los 356 de La Rioja.

12.000 empleos menos en maquinaria
El sector de la fabricación y comercialización de maquinaria de construcción ha perdido 12.000 empleos directos desde 2007 como consecuencia del desplome de ventas del 90% que ha sufrido este negocio por el parón de la obra pública, la morosidad y las restricciones financieras. Así lo denuncian las patronales del ramo Andicop y Anmopyc, que solicitaron al Gobierno la articulación de un plan renove como una de las principales medidas para superar la "situación límite" que afronta el sector y para la que no auguran final. "Esperamos dos años más muy negros", aseguraron estas patronales.

Fuente: http://www.cincodias.com/
 
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