La pretensión de la Xunta de rebajar la reserva de suelo destinado a vivienda protegida ha sido recibida de desigual forma en Galicia. Los promotores inmobiliarios y la Federación Galega de Municipios e Provincias saludan el propósito del Gobierno gallego, por entender que la reserva actual, de entre el 30% y el 40% en función del tamaño de los municipios, resulta excesiva,pero alcaldes como los de Vigo y Pontevedra, uno del PSOE y el otro del BNG, censuran la iniciativa por entender que supone un recorte en las posibilidades de acceder a un piso por parte de las clases sociales con menos recursos. Este diario intentó sin éxito que el alcalde de A Coruña, Javier Losada, diese su punto de vista. El Parlamento gallego aprobó, sólo con los votos del PP, una iniciativa para solicitar al Ejecutivo gallego que fije la reserva mínima de suelo en función de las necesidades de cada concello y que se parte de una reserva para vivienda protegida del 20%.
Aunque con mucha cautela por desconocerse al detalle la reforma del Gobierno gallego, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Carlos Fernández, saluda la intención de la Xunta, porque, entre otras razones, es una reivindicación de muchos ayuntamientos y acabaría con la rigidez del sistema actual, que obliga a levantar viviendas de protección en ámbitos sin demanda.
El presidente de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, Javier Garrido, defiende la propuesta de la Xunta, porque, a su juicio, no es otra cosa que "aplicar el sentido común". "La vivienda de protección hay que dársela a quien la pida y la necesite, pero es absurdo que se hagan más pisos de este tipo de lo que la sociedad demanda", asegura el representante de los promotores inmobiliarios gallegos. En todo caso, Javier Garrido reclama que las administraciones se involucren más en la construcción directa de viviendas de protección y que no carguen toda la responsabilidad a los promotores.
El regidor de Vigo, Abel Caballero, sin embargo, considera un "grave error" la intención de la Xunta porque, según asegura, fomentará la especulación y cerrará las puertas a las clases más modestas. Aunque reconoce que ahora el mercado inmobiliario no vive sus mejores momentos, el alcalde sostiene que cuando la crisis remita, la sociedad "reclamará más que nunca las viviendas de protección". Caballero anunció que a su Ayuntamiento le "da igual" lo que acuerde la Xunta, porque mantendrá la reserva actual de suelo, que supera el 40%. El actual modelo, según Caballero, permite construir viviendas de protección en los centros de las ciudades.
Una concepción parecida tiene el alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, quien acusa a la Xunta de aprovechar de la situación de crisis para recortar las políticas sociales. "El PP siempre estuvo en contra de este tipo de medidas que facilitan el acceso de las personas a la vivienda. Ellos siempre fían todo al libre mercado y, obviamente, está demostrado que en ciertos sectores, como es el de la vivienda, eso no funciona. Ahora, a la mínima dificultad que aparece en el mercado, aprovechan para sacar la medida y recortar todo lo que sean políticas sociales", censura el regidor.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
Aunque con mucha cautela por desconocerse al detalle la reforma del Gobierno gallego, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Carlos Fernández, saluda la intención de la Xunta, porque, entre otras razones, es una reivindicación de muchos ayuntamientos y acabaría con la rigidez del sistema actual, que obliga a levantar viviendas de protección en ámbitos sin demanda.
El presidente de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, Javier Garrido, defiende la propuesta de la Xunta, porque, a su juicio, no es otra cosa que "aplicar el sentido común". "La vivienda de protección hay que dársela a quien la pida y la necesite, pero es absurdo que se hagan más pisos de este tipo de lo que la sociedad demanda", asegura el representante de los promotores inmobiliarios gallegos. En todo caso, Javier Garrido reclama que las administraciones se involucren más en la construcción directa de viviendas de protección y que no carguen toda la responsabilidad a los promotores.
El regidor de Vigo, Abel Caballero, sin embargo, considera un "grave error" la intención de la Xunta porque, según asegura, fomentará la especulación y cerrará las puertas a las clases más modestas. Aunque reconoce que ahora el mercado inmobiliario no vive sus mejores momentos, el alcalde sostiene que cuando la crisis remita, la sociedad "reclamará más que nunca las viviendas de protección". Caballero anunció que a su Ayuntamiento le "da igual" lo que acuerde la Xunta, porque mantendrá la reserva actual de suelo, que supera el 40%. El actual modelo, según Caballero, permite construir viviendas de protección en los centros de las ciudades.
Una concepción parecida tiene el alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, quien acusa a la Xunta de aprovechar de la situación de crisis para recortar las políticas sociales. "El PP siempre estuvo en contra de este tipo de medidas que facilitan el acceso de las personas a la vivienda. Ellos siempre fían todo al libre mercado y, obviamente, está demostrado que en ciertos sectores, como es el de la vivienda, eso no funciona. Ahora, a la mínima dificultad que aparece en el mercado, aprovechan para sacar la medida y recortar todo lo que sean políticas sociales", censura el regidor.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
