Un buen número de los empresarios que dirigieron las mayores inmobiliarias españolas en los años del boom, entre 1996 y 2006, afrontan demandas judiciales, graves acusaciones públicas, o se han sentado ya en el banquillo por actos realizados durante esos años. Estos son algunos de los casos más conocidos.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado recientemente una querella contra el ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero en la que afirma que el empresario jerezano obtuvo una ganancia de 2,8 millones de euros con acciones de la compañía cometiendo un delito de abuso de información privilegiada que puede suponer una pena de hasta cuatro años de cárcel. Rivero asegura que todo responde a movimientos accionariales realizados en plena batalla por el control de la inmobiliaria contra la familia Sanahuja. Román Sanahuja, que sucedió a Rivero en la presidencia de Metrovacesa y que llegó a controlar más del 80% del capital, se ha visto por su parte implicado en el caso Can Domenge, un concurso inmobiliario en Mallorca presuntamente amañado y denunciado también por la Fiscalía Anticorrupción. En la actualidad, Metrovacesa negocia refinanciar su deuda, que supera los 5.000 millones de deuda, y Sacresa ha entrado en concurso con más de 1.500 millones de deuda.
De uso de información privilegiada fue también acusado Enrique Bañuelos, fundador de Astroc. La Fiscalía Anticorrupción acusó al empresario valenciano de enriquecerse ilegalmente por emplear información privilegiada relacionada con la opa de Martinsa sobre Fadesa (septiembre de 2006). El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona archivó la causa. Actualmente, Quabit (heredera de Astroc) lucha por sobrevivir con más de 1.400 millones de deuda.
Un alumno aventajado de Joaquín Rivero y Román Sanahuja, el empresario sevillano Luis Portillo, ha sido demandado por Colonial, su ex compañía. La inmobiliaria presentó una demanda contra Portillo ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid por la compra de Riofisa, operaciones de capital y manejo de autocartera. Colonial acordó en febrero la refinanciación de su deuda, superior a los 4.000 millones.
La administración concursal de Martinsa Fadesa ha presentado una demanda contra el ex presidente de Fadesa, Manuel Jove. En la misma, a la que ha tenido acceso este diario, acusan al fundador de la inmobiliaria gallega de haber vendido unos terrenos en México por 118 millones de euros cuando su valor era menor a los 10 millones. "Con esta operación", dice la demanda, Jove y el ex consejero delegado de la compañía, Antonio de la Morena, infringieron "los postulados más elementales del deber de lealtad a que estaban sujetos". Jove acordó la venta de Fadesa a Martinsa en septiembre de 2006 por 4.045 millones de euros. En julio de 2008 Martinsa Fadesa entró en concurso de acreedores con cerca de 7.000 millones de deuda.
En junio de 2006, el juez instructor del conocido como caso Malaya, Miguel Ángel Torres, decretaba prisión para el presidente del grupo Aifos, Jesús Ruiz Casado. Al ejecutivo se le acusaba de haber recibido dinero del ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca. La inmobiliaria Aifos entró en concurso de acreedores en 2009 con aproximadamente 1.000 millones de euros de deuda.
Dos años después, el presidente del grupo Prasa, José Romero González, fue detenido en el marco de la operación Astapa, contra la corrupción en Estepona, Málaga. Fue liberado tras pagar una fianza de 300.000 euros. Prasa negocia en la actualidad refinanciar su deuda y reducirla a 400 millones (el año pasado cerró el ejercicio con cerca de 2.000 millones de deuda).
"Son cabeza de turco"; "es una caza de brujas", dicen en defensa de estos ejecutivos algunos de sus portavoces. "La mayoría de los grandes empresarios de este sector pasan alguna vez por este mal trago", comentan, "por sus relaciones con los políticos". Y tienen razón cuando dicen que una demanda como cualquiera de las comentadas -"que no llegará a nada"- pone en duda su honorabilidad.
El número de litigios en el sector es excesivo
Fuente: http://www.cincodias.com/
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado recientemente una querella contra el ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero en la que afirma que el empresario jerezano obtuvo una ganancia de 2,8 millones de euros con acciones de la compañía cometiendo un delito de abuso de información privilegiada que puede suponer una pena de hasta cuatro años de cárcel. Rivero asegura que todo responde a movimientos accionariales realizados en plena batalla por el control de la inmobiliaria contra la familia Sanahuja. Román Sanahuja, que sucedió a Rivero en la presidencia de Metrovacesa y que llegó a controlar más del 80% del capital, se ha visto por su parte implicado en el caso Can Domenge, un concurso inmobiliario en Mallorca presuntamente amañado y denunciado también por la Fiscalía Anticorrupción. En la actualidad, Metrovacesa negocia refinanciar su deuda, que supera los 5.000 millones de deuda, y Sacresa ha entrado en concurso con más de 1.500 millones de deuda.
De uso de información privilegiada fue también acusado Enrique Bañuelos, fundador de Astroc. La Fiscalía Anticorrupción acusó al empresario valenciano de enriquecerse ilegalmente por emplear información privilegiada relacionada con la opa de Martinsa sobre Fadesa (septiembre de 2006). El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona archivó la causa. Actualmente, Quabit (heredera de Astroc) lucha por sobrevivir con más de 1.400 millones de deuda.
Un alumno aventajado de Joaquín Rivero y Román Sanahuja, el empresario sevillano Luis Portillo, ha sido demandado por Colonial, su ex compañía. La inmobiliaria presentó una demanda contra Portillo ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid por la compra de Riofisa, operaciones de capital y manejo de autocartera. Colonial acordó en febrero la refinanciación de su deuda, superior a los 4.000 millones.
La administración concursal de Martinsa Fadesa ha presentado una demanda contra el ex presidente de Fadesa, Manuel Jove. En la misma, a la que ha tenido acceso este diario, acusan al fundador de la inmobiliaria gallega de haber vendido unos terrenos en México por 118 millones de euros cuando su valor era menor a los 10 millones. "Con esta operación", dice la demanda, Jove y el ex consejero delegado de la compañía, Antonio de la Morena, infringieron "los postulados más elementales del deber de lealtad a que estaban sujetos". Jove acordó la venta de Fadesa a Martinsa en septiembre de 2006 por 4.045 millones de euros. En julio de 2008 Martinsa Fadesa entró en concurso de acreedores con cerca de 7.000 millones de deuda.
En junio de 2006, el juez instructor del conocido como caso Malaya, Miguel Ángel Torres, decretaba prisión para el presidente del grupo Aifos, Jesús Ruiz Casado. Al ejecutivo se le acusaba de haber recibido dinero del ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca. La inmobiliaria Aifos entró en concurso de acreedores en 2009 con aproximadamente 1.000 millones de euros de deuda.
Dos años después, el presidente del grupo Prasa, José Romero González, fue detenido en el marco de la operación Astapa, contra la corrupción en Estepona, Málaga. Fue liberado tras pagar una fianza de 300.000 euros. Prasa negocia en la actualidad refinanciar su deuda y reducirla a 400 millones (el año pasado cerró el ejercicio con cerca de 2.000 millones de deuda).
"Son cabeza de turco"; "es una caza de brujas", dicen en defensa de estos ejecutivos algunos de sus portavoces. "La mayoría de los grandes empresarios de este sector pasan alguna vez por este mal trago", comentan, "por sus relaciones con los políticos". Y tienen razón cuando dicen que una demanda como cualquiera de las comentadas -"que no llegará a nada"- pone en duda su honorabilidad.
El número de litigios en el sector es excesivo
Fuente: http://www.cincodias.com/
