Este año se ofrecieron 673 casas a precio tasado y solo aceptaron 168 personas E En 2008 compraban la mitad de los interesados E Un precio poco competitivo y la prohibición de venderlos en 10 años hacen caer la demanda.
Un joven coruñés recibió el mes pasado una carta del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la que se le ofrecía una vivienda de protección autonómica (VPA) en un barrio de reciente creación a la entrada de la ciudad. Cuando abrió el sobre observó que era la tercera persona inscrita en el Rexistro Público de Demandantes de la Xunta al que ofrecían esa vivienda de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, garaje y trastero. El precio: 189.000 euros. Él también la rechazó y no respondió.
Esta situación se repite con frecuencia en las llamadas VPA, las viviendas realizadas por promotores privados con un precio fijado por la propia Administración. Y cada día más. En lo que va de año, el IGVS ha enviado 673 cartas en la que ofrece esta clase de vivienda, que construye la iniciativa privada pero oferta la Administración, y solo han respondido 198, es decir, uno de cada tres. El porcentaje resulta muy inferior al registrado el año pasado, que se situó en el 52%, pues se enviaron 769 cartas y fueron respondidas afirmativamente 405. Desde la Consellería de Medio Ambiente, de la que dependen las decisiones en materia de vivienda, se limitan a recordar que las VPA "son promociones privadas con ayudas y a precio tasado, pero no están promovidas por el IGVS". Éste solo es el encargado de sortearlas dentro de los incluidos en el Rexistro de Demandantes y ofertar luego los pisos. También oferta las promociones construidas por la propia Administración y las vinculadas al programa de alquiler. Las viviendas de promoción autonómicas es una modalidad creada en 2006 por el bipartito para favorecer el acceso a la vivienda, cuando el boom inmobiliario seguía en la cresta de la ola y la crisis todavía no se vislumbraba. En aquel momento, la Xunta consideró que sacar a concurso obras de este tipo en sus parcelas resultaría atractivo para promotores y ciudadanos.
¿Qué falla? Desde Feproga, la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, señalan una doble causa: las restricciones de esta clase de viviendas y la reducción del precio de la vivienda de segunda mano. En el primer caso, no todos los ciudadanos pueden acceder al piso de precio tasado, ya que es necesario cumplir unos requisitos económicos en el registro de demandantes y contar con unos ingresos de 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Además, pueden señalar varios ayuntamientos en los que estarían interesados, pero luego no les interesan las ofertas que reciben. Esta clase de viviendas también incorporan varias restricciones, como la prohibición de venderla o alquilarla durante 10 años. A todo esto, a partir de enero se unirá una mayor dificultad para adquirir vivienda pública, pues el ya extinto Ministerio de Vivienda anunció que para entonces suprimiría las ayudas para la compra de esta clase de inmuebles, que podían alcanzar los 12.000 euros. Por otro lado, la crisis ha provocado que salgan a flote muchas viviendas libres usadas o seminuevas con precios que, según los promotores, cuentan con precios más competitivos.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
Un joven coruñés recibió el mes pasado una carta del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la que se le ofrecía una vivienda de protección autonómica (VPA) en un barrio de reciente creación a la entrada de la ciudad. Cuando abrió el sobre observó que era la tercera persona inscrita en el Rexistro Público de Demandantes de la Xunta al que ofrecían esa vivienda de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, garaje y trastero. El precio: 189.000 euros. Él también la rechazó y no respondió.
Esta situación se repite con frecuencia en las llamadas VPA, las viviendas realizadas por promotores privados con un precio fijado por la propia Administración. Y cada día más. En lo que va de año, el IGVS ha enviado 673 cartas en la que ofrece esta clase de vivienda, que construye la iniciativa privada pero oferta la Administración, y solo han respondido 198, es decir, uno de cada tres. El porcentaje resulta muy inferior al registrado el año pasado, que se situó en el 52%, pues se enviaron 769 cartas y fueron respondidas afirmativamente 405. Desde la Consellería de Medio Ambiente, de la que dependen las decisiones en materia de vivienda, se limitan a recordar que las VPA "son promociones privadas con ayudas y a precio tasado, pero no están promovidas por el IGVS". Éste solo es el encargado de sortearlas dentro de los incluidos en el Rexistro de Demandantes y ofertar luego los pisos. También oferta las promociones construidas por la propia Administración y las vinculadas al programa de alquiler. Las viviendas de promoción autonómicas es una modalidad creada en 2006 por el bipartito para favorecer el acceso a la vivienda, cuando el boom inmobiliario seguía en la cresta de la ola y la crisis todavía no se vislumbraba. En aquel momento, la Xunta consideró que sacar a concurso obras de este tipo en sus parcelas resultaría atractivo para promotores y ciudadanos.
¿Qué falla? Desde Feproga, la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, señalan una doble causa: las restricciones de esta clase de viviendas y la reducción del precio de la vivienda de segunda mano. En el primer caso, no todos los ciudadanos pueden acceder al piso de precio tasado, ya que es necesario cumplir unos requisitos económicos en el registro de demandantes y contar con unos ingresos de 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Además, pueden señalar varios ayuntamientos en los que estarían interesados, pero luego no les interesan las ofertas que reciben. Esta clase de viviendas también incorporan varias restricciones, como la prohibición de venderla o alquilarla durante 10 años. A todo esto, a partir de enero se unirá una mayor dificultad para adquirir vivienda pública, pues el ya extinto Ministerio de Vivienda anunció que para entonces suprimiría las ayudas para la compra de esta clase de inmuebles, que podían alcanzar los 12.000 euros. Por otro lado, la crisis ha provocado que salgan a flote muchas viviendas libres usadas o seminuevas con precios que, según los promotores, cuentan con precios más competitivos.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
