El volumen de este tipo de operaciones se disparó un 126% en 2008 y otro 59% el año pasado.
La crisis se adueñó de la casa de sus sueños. El informe «Litigation procedures for Spanish mortgages» publicado ayer por la agencia de calificación Moody's demuestra y traduce en cifras lo que en la calle ya se sospechaba con certeza empírica: las ejecuciones hipotecarias de los bancos baten récords en un país acuciado por la sangría de más de cuatro millones de parados y que no acaba de recibir señales unívocas de una recuperación sostenida a corto plazo. En tasa interanual, el volumen de ejecuciones hipotecarias en los tribunales se incrementó un 126% en 2008 y otro 59% en 2009, cuando se consumaron 93.319 casos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este año se rompieron todos los topes estadísticos, con nada menos que 27.561 procesos.
Para calibrar la verdadera magnitud de la tragedia basta con apuntar que en los tres primeros meses de 2007, cuando la crisis no era más que el pronóstico reservado a pie de página de algún gurú en potencia, los casos de ejecución hipotecaria se limitaron a 5.688. Es decir, en tres años, se han casi quintuplicado.
El ligero respiro que ha ofrecido el segundo trimestre del año, con tan «solo» 24.414 ejecuciones, no invita a desempolvar aún la vajilla de los domingos. El brindis sería al sol. «Es probable que esta tendencia continúe a este ritmo o se incremente debido a la futuras subidas de los tipos de interés», apunta a este periódico Alberto Barbáchano, vicepresidente de Moody's y autor del informe.
No brilla el sol en la costa
En definitiva, la luz al final del túnel apenas se intuirá mientras «las variables macro como el desempleo o el precio de la vivienda no mejoren, sigamos con tasas de desempleo alrededor del 20% y los precios de las casas continúen bajando», concluye el analista de la agencia de calificación radicada en Londres.
Ninguna comunidad se libra del azote estadístico, aunque la peor parte se la llevan las zonas costeras. Arrasadas por el derrumbe de la demanda en el mercado de la segunda vivienda, entre Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña acumularon más del 55% de los casos en 2009. Madrid, con más de 10.000 ejecuciones, se quedaría a un peldaño del indeseado podio, aunque, curiosamente, el mayor incremento interanual del año pasado se produjo en Aragón, con un espectacular alza del 98%.
Cartel de no se vende
Entre las causas del imparable repunte de estas ejecuciones, el informe destaca que la relativa facilidad con la que los deudores españoles vendían sus viviendas para hacer frente a sus obligaciones de pago es ya sólo recuerdo de un pasado menos imperfecto. Apuntalados por la incertidumbre, no hay forma de descolgar los carteles de «se vende», y los bancos se ven obligados a engordar una cartera inmobiliaria que, en la actual coyuntura, puede ser un caramelo envenenado para sus cuentas de resultados. Según los datos del Banco de España que maneja Moody's, los bancos y las cajas de ahorros en España tienen en la actualidad propiedades inmobiliarias en balance por importe de unos 20.500 millones.
El informe también deja claro que las ejecuciones son sólo una instantánea congelada del gigantesco mosaico que es el drama inmobiliario en España. De lo colectivo a lo individual, las cifras oficiales sobre ejecuciones no discriminan los procesos que pueden afectar a más de una propiedad residencial, como en el caso de las que se aplican a promociones inmobiliarias en las que se inscriben, de una sola tacada, varias viviendas.
Además, como destaca el estudio, los prestamistas hipotecarios en España son, en general, «más proclives a aceptar acuerdos voluntarios que implican aceptar la propiedad como pago en especie que libera al deudor del préstamo contraído». En definitiva, en numerosas ocasiones la sangre no llega al río de los tribunales.
Obligados por la proverbial lentitud del sistema judicial español, «hay entidades que ya están tomando medidas como optar por la vía extrajudicial de ejecución» confirma Barbáchano, que añade que «ahora el mayor problema que existe es que, aunque el periodo de ejecución estuviera siendo rápido (que no es el caso), las subastas quedan desiertas, no hay compradores». Paradójicamente, tendrá que escampar para que volvamos a buscar un techo.
Fuente: http://www.abc.es/
La crisis se adueñó de la casa de sus sueños. El informe «Litigation procedures for Spanish mortgages» publicado ayer por la agencia de calificación Moody's demuestra y traduce en cifras lo que en la calle ya se sospechaba con certeza empírica: las ejecuciones hipotecarias de los bancos baten récords en un país acuciado por la sangría de más de cuatro millones de parados y que no acaba de recibir señales unívocas de una recuperación sostenida a corto plazo. En tasa interanual, el volumen de ejecuciones hipotecarias en los tribunales se incrementó un 126% en 2008 y otro 59% en 2009, cuando se consumaron 93.319 casos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este año se rompieron todos los topes estadísticos, con nada menos que 27.561 procesos.
Para calibrar la verdadera magnitud de la tragedia basta con apuntar que en los tres primeros meses de 2007, cuando la crisis no era más que el pronóstico reservado a pie de página de algún gurú en potencia, los casos de ejecución hipotecaria se limitaron a 5.688. Es decir, en tres años, se han casi quintuplicado.
El ligero respiro que ha ofrecido el segundo trimestre del año, con tan «solo» 24.414 ejecuciones, no invita a desempolvar aún la vajilla de los domingos. El brindis sería al sol. «Es probable que esta tendencia continúe a este ritmo o se incremente debido a la futuras subidas de los tipos de interés», apunta a este periódico Alberto Barbáchano, vicepresidente de Moody's y autor del informe.
No brilla el sol en la costa
En definitiva, la luz al final del túnel apenas se intuirá mientras «las variables macro como el desempleo o el precio de la vivienda no mejoren, sigamos con tasas de desempleo alrededor del 20% y los precios de las casas continúen bajando», concluye el analista de la agencia de calificación radicada en Londres.
Ninguna comunidad se libra del azote estadístico, aunque la peor parte se la llevan las zonas costeras. Arrasadas por el derrumbe de la demanda en el mercado de la segunda vivienda, entre Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña acumularon más del 55% de los casos en 2009. Madrid, con más de 10.000 ejecuciones, se quedaría a un peldaño del indeseado podio, aunque, curiosamente, el mayor incremento interanual del año pasado se produjo en Aragón, con un espectacular alza del 98%.
Cartel de no se vende
Entre las causas del imparable repunte de estas ejecuciones, el informe destaca que la relativa facilidad con la que los deudores españoles vendían sus viviendas para hacer frente a sus obligaciones de pago es ya sólo recuerdo de un pasado menos imperfecto. Apuntalados por la incertidumbre, no hay forma de descolgar los carteles de «se vende», y los bancos se ven obligados a engordar una cartera inmobiliaria que, en la actual coyuntura, puede ser un caramelo envenenado para sus cuentas de resultados. Según los datos del Banco de España que maneja Moody's, los bancos y las cajas de ahorros en España tienen en la actualidad propiedades inmobiliarias en balance por importe de unos 20.500 millones.
El informe también deja claro que las ejecuciones son sólo una instantánea congelada del gigantesco mosaico que es el drama inmobiliario en España. De lo colectivo a lo individual, las cifras oficiales sobre ejecuciones no discriminan los procesos que pueden afectar a más de una propiedad residencial, como en el caso de las que se aplican a promociones inmobiliarias en las que se inscriben, de una sola tacada, varias viviendas.
Además, como destaca el estudio, los prestamistas hipotecarios en España son, en general, «más proclives a aceptar acuerdos voluntarios que implican aceptar la propiedad como pago en especie que libera al deudor del préstamo contraído». En definitiva, en numerosas ocasiones la sangre no llega al río de los tribunales.
Obligados por la proverbial lentitud del sistema judicial español, «hay entidades que ya están tomando medidas como optar por la vía extrajudicial de ejecución» confirma Barbáchano, que añade que «ahora el mayor problema que existe es que, aunque el periodo de ejecución estuviera siendo rápido (que no es el caso), las subastas quedan desiertas, no hay compradores». Paradójicamente, tendrá que escampar para que volvamos a buscar un techo.
Fuente: http://www.abc.es/
