Para los afectados, “estaba cantado”. Pero no había tantas garantías en el concello de Miño, en cuyo Ejecutivo “se desayunó” ayer con la noticia y no había recibido, hasta ese mediodía, la sentencia del Supremo.Fallo del 19 de julio –publicado ayer por Xornal– que vino a ratificar la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el año 2006, que anulaba la concesión de los terrenos que el gobierno local adjudicó a Fadesa Inmobiliaria. “Era prácticamente imposible que el fallo no fuese el que se acordó”, señalan fuentes del proceso. A partir de aquí, el “gran problema” lo tiene ahora el concello de Miño, que a cierre de esta edición seguía “estudiando” la sentencia con su “gabinete jurídico”, por lo que rehusó hacer declaraciones sobre el fallo del alto tribunal.
Dado que la expropiación se abordó tras un acuerdo plenario del 10 de mayo de 2002, es el concello el que ha visto anulada su propia decisión. Esto es, la expropiación acordada hace ahora más de ocho años no existe ni nunca ha existido. Fuentes jurídicas consultadas comparan esta situación con la anulación de un matrimonio, tras la cual esa unión desaparece de los registros. El interrogante es saber, ahora, qué pasa con lo que se ha hecho allí desde que la Junta de Gobierno local aprobara el proyecto de urbanización el 24 de junio de 2004.
EL COSTE
“Miño tiene un gran problema de cara a los expropiados, porque como urbanización no puede volverse atrás”, señala un procurador consultado por Xornal. Habida cuenta de que todas las consecuencias surgidas tras aquella expropiación (la construcción de viviendas, viales y el campo de golf) son nulas, como lo son, también, las licencias de todas las infraestructuras que allí se han levantado. “Esta anulación no es efectiva desde la fecha de la sentencia, sino desde el acuerdo plenario” del año 2002, aclaran las mismas fuentes.
Por lo pronto, las arcas municipales ya tienen que desembolsar, junto con Fadesa (ambas interpusieron un recurso de casación contra la sentencia del TSXG), las costas del proceso judicial. A mayores, y según señaló el abogado de los afectados, Jerónimo Escariz, “el concello también se verá expuesto por el pago de las indemnizaciones”. Unos siete millones de euros, según cifran fuentes conocedoras del caso.
Para los socialistas de Miño, “las consecuencias para el concello serán enormes”, señaló su portavoz, Manuel Vázquez, a este diario. “Los socialistas llevamos años advirtiendo al alcalde Juan Maceiras y a sus concejales de que este momento llegaría, solicitando incluso un pleno extraordinario para tratar de paliar los daños o exigiendo los avales necesarios para prever una sentencia en contra”, añadió el socialista.
LOS AFECTADOS
Los dueños de los terrenos tienen ahora que dar otro paso. La asociación de afectados presentará ahora un recurso contencioso para que les sea abonado un 25% más por metro cuadrado de lo que el TSGX estimó en una sentencia reciente (25,91 euros). Han tenido que esperar a que el Supremo ratificase la sentencia para poder dar este paso. “Tienen un gran problema en el ayuntamiento”, dice un afectado. “Que indemnicen a los dueños de los terrenos, porque no pueden devolverlos al estado original y yo nunca he visto derribar nada”, condena. “En su día, aquí se repartieron muchos favores a cambio de engañar a mucha gente, a todo el pueblo”.
Fuente: http://www.xornal.com/
Dado que la expropiación se abordó tras un acuerdo plenario del 10 de mayo de 2002, es el concello el que ha visto anulada su propia decisión. Esto es, la expropiación acordada hace ahora más de ocho años no existe ni nunca ha existido. Fuentes jurídicas consultadas comparan esta situación con la anulación de un matrimonio, tras la cual esa unión desaparece de los registros. El interrogante es saber, ahora, qué pasa con lo que se ha hecho allí desde que la Junta de Gobierno local aprobara el proyecto de urbanización el 24 de junio de 2004.
EL COSTE
“Miño tiene un gran problema de cara a los expropiados, porque como urbanización no puede volverse atrás”, señala un procurador consultado por Xornal. Habida cuenta de que todas las consecuencias surgidas tras aquella expropiación (la construcción de viviendas, viales y el campo de golf) son nulas, como lo son, también, las licencias de todas las infraestructuras que allí se han levantado. “Esta anulación no es efectiva desde la fecha de la sentencia, sino desde el acuerdo plenario” del año 2002, aclaran las mismas fuentes.
Por lo pronto, las arcas municipales ya tienen que desembolsar, junto con Fadesa (ambas interpusieron un recurso de casación contra la sentencia del TSXG), las costas del proceso judicial. A mayores, y según señaló el abogado de los afectados, Jerónimo Escariz, “el concello también se verá expuesto por el pago de las indemnizaciones”. Unos siete millones de euros, según cifran fuentes conocedoras del caso.
Para los socialistas de Miño, “las consecuencias para el concello serán enormes”, señaló su portavoz, Manuel Vázquez, a este diario. “Los socialistas llevamos años advirtiendo al alcalde Juan Maceiras y a sus concejales de que este momento llegaría, solicitando incluso un pleno extraordinario para tratar de paliar los daños o exigiendo los avales necesarios para prever una sentencia en contra”, añadió el socialista.
LOS AFECTADOS
Los dueños de los terrenos tienen ahora que dar otro paso. La asociación de afectados presentará ahora un recurso contencioso para que les sea abonado un 25% más por metro cuadrado de lo que el TSGX estimó en una sentencia reciente (25,91 euros). Han tenido que esperar a que el Supremo ratificase la sentencia para poder dar este paso. “Tienen un gran problema en el ayuntamiento”, dice un afectado. “Que indemnicen a los dueños de los terrenos, porque no pueden devolverlos al estado original y yo nunca he visto derribar nada”, condena. “En su día, aquí se repartieron muchos favores a cambio de engañar a mucha gente, a todo el pueblo”.
Fuente: http://www.xornal.com/
