El juzgado tramita un segundo recurso contra el inmueble de Someso por un exceso de edificabilidad.
La resolución de los contratos de compraventa de la Torre Urbis, cuya licencia de construcción ha sido anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña, tendría un coste estimado de 30 millones de euros. Si los actuales propietarios de las 144 viviendas (solo quedan tres sin vender) deciden reclamar la devolución de las cantidades satisfechas por la adquisición de sus casas obligarían a la promotora Reyal Urbis a desembolsar alrededor de 200.000 euros por piso. La empresa podría, no obstante, emprender acciones para reclamar responsabilidades al Ayuntamiento, toda vez que el inmueble se levantó con autorización municipal.
La justicia ha anulado la licencia al entender irregular el cambio del proyecto inicial con respecto a la reserva de plazas de garaje, puesto que en un principio se iban a ubicar en seis sótanos y finalmente la mayoría de los estacionamientos se situaron bajo el espacio público anexo en régimen de concesión.
La sentencia del contencioso, no obstante, no es firme y el recurso ante el TSXG ya ha sido anunciado, de modo que los propietarios podrían optar a esperar un nuevo y definitivo fallo, e iniciar entonces acciones para exigir responsabilidades y que se fijen las correspondientes indemnizaciones en el caso de que el Tribunal Superior ratificase la anulación de la licencia.
El recurso contra el Ayuntamiento coruñés y Reyal Urbis fue presentado por el despacho coruñés Talín Abogados en representación de un cliente en octubre del 2008, dos meses después de que la junta municipal de gobierno aprobase, con el edificio ya construido, la segunda licencia que permitía computar como plazas privadas las construidas bajo la parcela de titularidad pública colindante.
En opinión de los letrados, la posibilidad de que el recurso prospere y se legalice la situación es «improbable». A ello se une que sobre el mismo inmueble pesa en la actualidad un segundo contencioso, ya que tras la concesión de la licencia de ocupación, en mayo del 2009, se planteó otro recurso por un exceso de edificabilidad al entender que el inmueble supera en unos 1.500 metros cuadrados la superficie permitida. Este procedimiento se encuentra abierto en la actualidad y aún está pendiente de resolución judicial.
Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/
La resolución de los contratos de compraventa de la Torre Urbis, cuya licencia de construcción ha sido anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña, tendría un coste estimado de 30 millones de euros. Si los actuales propietarios de las 144 viviendas (solo quedan tres sin vender) deciden reclamar la devolución de las cantidades satisfechas por la adquisición de sus casas obligarían a la promotora Reyal Urbis a desembolsar alrededor de 200.000 euros por piso. La empresa podría, no obstante, emprender acciones para reclamar responsabilidades al Ayuntamiento, toda vez que el inmueble se levantó con autorización municipal.
La justicia ha anulado la licencia al entender irregular el cambio del proyecto inicial con respecto a la reserva de plazas de garaje, puesto que en un principio se iban a ubicar en seis sótanos y finalmente la mayoría de los estacionamientos se situaron bajo el espacio público anexo en régimen de concesión.
La sentencia del contencioso, no obstante, no es firme y el recurso ante el TSXG ya ha sido anunciado, de modo que los propietarios podrían optar a esperar un nuevo y definitivo fallo, e iniciar entonces acciones para exigir responsabilidades y que se fijen las correspondientes indemnizaciones en el caso de que el Tribunal Superior ratificase la anulación de la licencia.
El recurso contra el Ayuntamiento coruñés y Reyal Urbis fue presentado por el despacho coruñés Talín Abogados en representación de un cliente en octubre del 2008, dos meses después de que la junta municipal de gobierno aprobase, con el edificio ya construido, la segunda licencia que permitía computar como plazas privadas las construidas bajo la parcela de titularidad pública colindante.
En opinión de los letrados, la posibilidad de que el recurso prospere y se legalice la situación es «improbable». A ello se une que sobre el mismo inmueble pesa en la actualidad un segundo contencioso, ya que tras la concesión de la licencia de ocupación, en mayo del 2009, se planteó otro recurso por un exceso de edificabilidad al entender que el inmueble supera en unos 1.500 metros cuadrados la superficie permitida. Este procedimiento se encuentra abierto en la actualidad y aún está pendiente de resolución judicial.
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