La inmobiliaria Martinsa-Fadesa, en concurso voluntario de acreedores desde julio de 2008, negocia con la banca ampliar de 8 a 10 años el plazo inicial que se había fijado para pagar su deuda, así como la concesión de 160 millones de euros de financiación adicional.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la inmobiliaria presidida por Fernando Martín y sus bancos acreedores negocian a contrarreloj, ya que barajan la posibilidad de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña abra la fase de convenio (en la que se votan los planes de pago) como tarde en el mes de septiembre.
Precisamente, Fernando Martín reconoció hoy que, "a la vista de los acontecimientos, la situación debe ser revisada, ya que las circunstancias han cambiado con una celeridad y profundidad sencillamente imprevisibles".
Por ello, ante la Junta de Accionistas celebrada en A Coruña defendió la necesidad de elaborar "una nueva propuesta de convenio con sus acreedores más acorde a las circunstancias presentes del mercado inmobiliario y que permita realizar un proyecto de continuidad de la actividad".
El plan de pagos que presentó Martinsa en diciembre de 2008 contemplaba pagar en 8 años su deuda, que entonces ascendía a 7.005,4 millones de euros y que se ha reducido por las ventas de activos a entidades a cambio de cancelación de deudas.
Además de la ampliación de los plazos para abonar la deuda, entre las principales peticiones que ha hecho llegar la compañía a los bancos acreedores figura la necesidad de financiación por importe de 160 millones para afrontar el pago de los créditos contra la masa, que son las deudas que tiene que abonar en cuanto salga del concurso de acreedores.
Esas deudas se han multiplicado, entre otros factores, porque en los últimos meses el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha reconocido a numerosos compradores su derecho a cobrar con preferencia los importes que les adeuda Martinsa tras rescindir los contratos por los retrasos e incumplimientos acumulados.
En el informe que publicó en mayo con motivo de la Junta General de Accionistas que se celebrará mañana, la inmobiliaria ya alertaba de que su liquidez podría estar en "especial riesgo" como consecuencia de la obligación judicial de devolver a compradores de vivienda los ahorros anticipados y de diferentes dificultades relacionadas con el suelo de proyectos urbanísticos.
Fuente: http://www.expansion.com/
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la inmobiliaria presidida por Fernando Martín y sus bancos acreedores negocian a contrarreloj, ya que barajan la posibilidad de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña abra la fase de convenio (en la que se votan los planes de pago) como tarde en el mes de septiembre.
Precisamente, Fernando Martín reconoció hoy que, "a la vista de los acontecimientos, la situación debe ser revisada, ya que las circunstancias han cambiado con una celeridad y profundidad sencillamente imprevisibles".
Por ello, ante la Junta de Accionistas celebrada en A Coruña defendió la necesidad de elaborar "una nueva propuesta de convenio con sus acreedores más acorde a las circunstancias presentes del mercado inmobiliario y que permita realizar un proyecto de continuidad de la actividad".
El plan de pagos que presentó Martinsa en diciembre de 2008 contemplaba pagar en 8 años su deuda, que entonces ascendía a 7.005,4 millones de euros y que se ha reducido por las ventas de activos a entidades a cambio de cancelación de deudas.
Además de la ampliación de los plazos para abonar la deuda, entre las principales peticiones que ha hecho llegar la compañía a los bancos acreedores figura la necesidad de financiación por importe de 160 millones para afrontar el pago de los créditos contra la masa, que son las deudas que tiene que abonar en cuanto salga del concurso de acreedores.
Esas deudas se han multiplicado, entre otros factores, porque en los últimos meses el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha reconocido a numerosos compradores su derecho a cobrar con preferencia los importes que les adeuda Martinsa tras rescindir los contratos por los retrasos e incumplimientos acumulados.
En el informe que publicó en mayo con motivo de la Junta General de Accionistas que se celebrará mañana, la inmobiliaria ya alertaba de que su liquidez podría estar en "especial riesgo" como consecuencia de la obligación judicial de devolver a compradores de vivienda los ahorros anticipados y de diferentes dificultades relacionadas con el suelo de proyectos urbanísticos.
Fuente: http://www.expansion.com/
