Tambores de guerra. Las constructoras se sublevan contra la nueva Ley de Morosidad. Consideran una injusticia que no se hayan aprobado más excepciones a su favor, debido a la singularidad de su sector en cuanto a los plazos de pago. Al contratar mayoritariamente con el sector público –el peor pagador del país–, las empresas tienen más difícil pagar a tiempo a sus subcontratistas y proveedores, así que piden un trato de favor.
Ya se les concedió un plazo mayor de adaptación transitoria a la norma, como adelantó EXPANSIÓN el miércoles, pero no es suficiente. Y avisan: en las actual coyuntura, el nuevo marco legal no se puede cumplir.
Las asociaciones de grandes constructoras españolas, Seopan y Ancop –ambas presididas por David Taguas, ex director de la Oficina Económica de La Moncloa– arremetieron ayer con dureza contra la aprobación en el Senado de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que les obligará a abonar en 60 días sus facturas, sin la posibilidad de pactar un plazo mayor. Este último punto ha soliviantado a las grandes compañías –que normalmente tienen plazos de pago muy elevados–.
En un comunicado, ambas asociaciones señalan que «aunque es positivo que la Ley disponga que las administraciones públicas pasen a pagar a 30 días desde los 60 actuales, resulta poco probable que pueda ser así», ya que hoy en día la tardanza media es de 157 días. Y «si las empresas constructoras de obra pública van a seguir cobrando de las Administraciones Públicas a una media de 157 días y deben pagar, a partir de la entrada en vigor de la Ley, a sus proveedores y subcontratistas a 60 días, resulta obvio que dependerán del crédito bancario para financiarse, al suprimirse, por Ley, el crédito comercial».
"Poco realista"
Así, teniendo en cuenta que el sector público no podrán «ponerse al día en el pago de la deuda vencida que, en estos momentos, mantienen con las empresas» y tampoco cumplirá con sus plazos de pago, «la Ley no podrá ser cumplida».
Además, alertan de que la nueva línea de créditos blandos del ICO a los ayuntamientos morosos podría acrecentar el déficit: «Es poco realista que, en el imprescindible marco de consolidación fiscal, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pueda establecer líneas de crédito para atender la deuda» de los ayuntamientos.
Las grandes constructoras consideran que el texto de la norma aprobada por el Senado «incorpora una inaceptable retroactividad de la Ley a relaciones jurídicas ya perfeccionadas, que podrá originar la resolución de los contratos al verse modificado su equilibrio contractual».
Las críticas también han llovido desde la patronal de constructoras medianas, Anci, que cree que la norma podría ser «inconstitucional».
Fuente: http://www.expansion.com/
Ya se les concedió un plazo mayor de adaptación transitoria a la norma, como adelantó EXPANSIÓN el miércoles, pero no es suficiente. Y avisan: en las actual coyuntura, el nuevo marco legal no se puede cumplir.
Las asociaciones de grandes constructoras españolas, Seopan y Ancop –ambas presididas por David Taguas, ex director de la Oficina Económica de La Moncloa– arremetieron ayer con dureza contra la aprobación en el Senado de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que les obligará a abonar en 60 días sus facturas, sin la posibilidad de pactar un plazo mayor. Este último punto ha soliviantado a las grandes compañías –que normalmente tienen plazos de pago muy elevados–.
En un comunicado, ambas asociaciones señalan que «aunque es positivo que la Ley disponga que las administraciones públicas pasen a pagar a 30 días desde los 60 actuales, resulta poco probable que pueda ser así», ya que hoy en día la tardanza media es de 157 días. Y «si las empresas constructoras de obra pública van a seguir cobrando de las Administraciones Públicas a una media de 157 días y deben pagar, a partir de la entrada en vigor de la Ley, a sus proveedores y subcontratistas a 60 días, resulta obvio que dependerán del crédito bancario para financiarse, al suprimirse, por Ley, el crédito comercial».
"Poco realista"
Así, teniendo en cuenta que el sector público no podrán «ponerse al día en el pago de la deuda vencida que, en estos momentos, mantienen con las empresas» y tampoco cumplirá con sus plazos de pago, «la Ley no podrá ser cumplida».
Además, alertan de que la nueva línea de créditos blandos del ICO a los ayuntamientos morosos podría acrecentar el déficit: «Es poco realista que, en el imprescindible marco de consolidación fiscal, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pueda establecer líneas de crédito para atender la deuda» de los ayuntamientos.
Las grandes constructoras consideran que el texto de la norma aprobada por el Senado «incorpora una inaceptable retroactividad de la Ley a relaciones jurídicas ya perfeccionadas, que podrá originar la resolución de los contratos al verse modificado su equilibrio contractual».
Las críticas también han llovido desde la patronal de constructoras medianas, Anci, que cree que la norma podría ser «inconstitucional».
Fuente: http://www.expansion.com/
